Los trabajadores de Fabricaciones Militares nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron un extenso informe en donde critican el pliego de condiciones en el que sostiene que el Gobierno avanza hacia una transferencia del control operativo, comercial y productivo de la industria militar estatal a operadores privados y extranjeros.

 El documento al que accedió LPO analiza el Concurso Público Nacional e Internacional (N° CPU-2026-SC-001) y cuestiona que el mecanismo elegido -la conformación de Uniones Transitorias con empresas privadas- permita transferir la gestión de las fábricas sin una declaración legislativa de privatización. Según el informe, se cederían la gestión, la producción, la comercialización y la toma de decisiones, mientras el Estado conservaría el dominio de los inmuebles y las plantas. 

 Uno de los principales focos de preocupación está puesto en la estructura de participación. El pliego establece que el operador privado deberá tener como mínimo el 51% de la participación sin fijar un techo. De esta manera, el privado podría alcanzar porcentajes superiores y el Estado quedaría con la participación restante. 

 El informe sostiene también que esta estructura se complementa con un esquema de conducción que también favorece al operador privado dado que el Comité Ejecutivo de la Unión Transitoria tendría tres representantes del operador y dos del Estado, mientras que la presidencia quedaría en manos del representante privado dandole la mayoría necesaria para los presupuestos anuales, la contratación de personal y equipos y determinadas acciones judiciales.

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"A esto se suma que el representante legal de la Unión Transitoria sería designado por el privado y no podría ser removido sin causa, salvo mediante una decisión unánime. El contrato también establece que el operador tendrá a su exclusivo cargo la gestión de las operaciones conjuntas", alerta el documento. 

En ese marco, otro de los elementos observados por ATE es el plazo. El pliego contempla contratos de entre 10 y 35 años, lo que permitiría comprometer la estructura productiva de defensa durante varias administraciones y hasta el año 2061 en el caso del plazo máximo. 

El documento también apunta al costo que tendría para el Estado recuperar anticipadamente el control. El contrato establece que, si se produce una extinción anticipada por razones de defensa nacional, seguridad pública, interés público o conveniencia estratégica, deberá abonarse la inversión no amortizada más un 10% adicional. "Esta disposición puede funcionar como un "candado financiero" que dificulte una eventual recuperación estatal de las plantas", afirma.

Por otro lado, el concurso habilita la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior. En ese aspecto, el informe advierte que un operador privado extranjero podría terminar controlando la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones, con mayoría en el órgano de gobierno y participación en la comercialización internacional. 

El concurso habilita la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior. En ese aspecto, el informe advierte que, bajo el esquema previsto, un operador privado extranjero podría terminar controlando la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones, con mayoría en el órgano de gobierno y participación en la comercialización internacional.

El pliego, al mismo tiempo, reserva al Estado la facultad de redefinir el destino de la producción en caso de conflicto armado o emergencia y establece restricciones para las ventas internacionales. Sin embargo, el informe considera insuficientes esas salvaguardas porque la gestión cotidiana, el conocimiento técnico y la cadena de producción quedarían en manos del operador. 

El artículo 36 del pliego y el artículo 20 del contrato establecen que las partes no podrán competir con las actividades de la Unión Transitoria en Argentina. El informe interpreta que esto implicaría que el Estado Nacional se comprometería durante la vigencia del contrato a no fabricar, diseñar, desarrollar, comercializar o distribuir productos idénticos o sustancialmente similares a los producidos por la asociación. De esta forma, el Estado quedaría limitado para desarrollar por cuenta propia capacidad productiva en áreas como municiones, pólvoras, explosivos y cañones. 

Manifestación de ATE en la sede de Fabricaciones Militares de Azul.

El capítulo laboral aparece como otro de los principales puntos de conflicto. El informe señala que el pliego no contiene garantías de estabilidad laboral, un piso de dotación ni compromisos de mantenimiento de puestos de trabajo, y tampoco contempla participación sindical o consulta a las representaciones gremiales. El esquema previsto establece que los trabajadores continuarían siendo empleados de Fabricaciones Militares, pero que el operador privado tendría la potestad de organizar el trabajo cotidiano, determinar horarios y turnos y establecer las condiciones de funcionamiento. 

El artículo 36 del pliego y el artículo 20 del contrato establecen que las partes no podrán competir con las actividades de la Unión Transitoria en Argentina. El informe interpreta que esto implicaría que el Estado Nacional se comprometería durante la vigencia del contrato a no fabricar, diseñar, desarrollar, comercializar o distribuir productos idénticos o sustancialmente similares a los producidos por la asociación. De esta forma, el Estado quedaría limitado para desarrollar por cuenta propia capacidad productiva en áreas como municiones, pólvoras, explosivos y cañones.

En el caso de los salarios y cargas sociales continuarían a cargo de Fabricaciones Militares pero el contrato contempla un régimen para distribuir las eventuales indemnizaciones por despido y que el denominado Plan de Dotación representa cinco puntos de la evaluación técnica. A su vez, el nuevo personal que incorpore la Unión Transitoria quedaría bajo el régimen laboral privado, generando una estructura con trabajadores estatales y nuevos empleados privados. 

Desde el punto de vista jurídico, el documento sostiene que el mecanismo utilizado busca evitar la necesidad de una ley del Congreso que autorice la privatización. Su argumento central es que, aunque no exista una transferencia formal de dominio, la cesión durante décadas de la gestión, la mayoría en los órganos de decisión, la representación legal, la producción y la comercialización implicaría una transferencia material del control.

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El informe señala que numerosos actos del proceso no serían impugnables y que, para cuestionar la adjudicación, el oferente debería presentar una garantía de US$5 millones, que podría perder si la impugnación es rechazada.  A la vez, el pliego exige patrimonios netos mínimos de entre US$35 millones y US$70 millones por renglón y hasta US$185 millones para quien quiera ofertar por los cuatro. 

También demanda 15 años de experiencia en unidades productivas similares y experiencia en comercialización internacional de materiales controlados. Para ATE, esos requisitos reducen el universo de posibles participantes a un grupo muy reducido de grandes empresas internacionales de defensa y dejan fuera a buena parte de la industria nacional. 

Por último,  el documento advierte que esto podría generar una fragmentación de la capacidad industrial militar estatal y que el pliego no constituiría simplemente una asociación para modernizar Fabricaciones Militares, sino una privatización material del complejo industrial-militar argentino.