Crisis climática
Pese a la desertificación, el Gobierno no contempla reducir los regadíos en la próxima legislatura
En su estrategia contra la desertificación, el Gobierno traza un panorama sombrío respecto a la erosión del suelo y la escasez de agua. Sin embargo, no se analiza reducir los regadíos, tal como piden los expertos.

Son 158 página con datos, cálculos y estimaciones sobre uno de los problemas más grave que sufriría la geografía y la economía española en los próximos años: la desertificación. 

La hoja de ruta para luchar contra este proceso, acelerado por la crisis climática, es un documento que el Gobierno terminó de elaborar el año pasado. 

El informe, titulado Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, lo confeccionó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con la participación de las administraciones autonómicas.  

La estimación que hace la cartera que dirige Teresa Ribera es bastante sombrío respecto a la erosión del suelo y la escasez de agua. Se calcula que en el periodo 2023-2027, "el riesgo de erosión severa" afectará a a la mitad de las explotaciones solicitantes de Política Agraria Común (PAC), 396.673 explotaciones.

El porcentaje, aclara el relevamiento, podría ser superior por el cambio de usos del suelo, como el incremento de cultivos leñosos permanentes (principalmente olivar, cultivos tropicales y frutos secos) sobre zonas marginales y en zonas de cultivo anual en paisajes en pendiente, una "tendencia que agravará la problemática por su implantación sobre terrenos con alto riesgo de erosión".

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El crecimiento de la superficie regada tiene estrecha relación con la desertificación, según el análisis del Gobierno. Actualmente esta superficie alcanza los 3,8 millones de hectáreas, lo que supone alrededor del 23 % de la superficie total cultivada y aporta el 65% del valor de la producción final agraria. 

Dice el documento: "El potencial productivo que supone el regadío tiene como contrapartida el uso de un volumen importante de agua (en torno al 80 % del volumen total de usos del agua) en un país con territorios donde esta es escasa. Entre 2010 y 2019 la superficie de regadío se ha incrementado un 14 %, mientras que la superficie cultivada total se redujo un 1,3 %".

El aumento de la superficie de regadío mantiene un escenario de elevada presión sobre el recurso agua y combinado con los escenarios de cambio climático podría agravar los problemas relacionados con el déficit de abastecimiento de agua en zonas en las que ya existen limitaciones de este recurso

La "previsión de escenarios futuros", con el cambio climático como trasfondo, no es nada alentadora. España se encamina a "una reducción importante de los recursos totales disponibles, un incremento de episodios extremos de sequías, que incrementará el estrés hídrico, los conflictos por el agua y los impactos derivados de los déficits hídricos".

Lo llamativo es que pese al diagnóstico, el Gobierno no contempla en su hoja de ruta la reducción de los regadíos, la única medida que, juicio de los expertos, puede revertir la sobreexplotación que sufren hoy la mayoría de los acuíferos de la península.

El Ejecutivo reconoce que las previsiones son de crecimientos, de más hectáreas de riego para los próximos años.

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"Hay que tener en cuenta que junto a la exposición a los riesgos derivados del cambio climático existen en diversos planes de cuenca previsiones de nuevas superficies de regadío, si bien estos incrementos son mínimos y fruto de actuaciones que, en muchos casos, ya estaban desarrolladas".

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, uno de los políticos que propone incrementar los regadíos.

El ministerio que conduce Ribera centra casi toda su estrategia en la modernización de los regadíos, aunque reconoce que su eficacia está en duda y que tiene efectos contraproducentes, como la expansión de nuevos aspersores.

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"Como consecuencia de dicha modernización en ocasiones se puede provocar un efecto rebote; las nuevas tecnologías introducidas permiten el ahorro de agua, pero ese beneficio podría derivar en una expansión o intensificación agrícola, resultando en un consumo total superior al anterior. En última instancia, esto provocaría un efecto negativo sobre el propio sector, además de un desperdicio de inversiones, y un impacto negativo sobre los ecosistemas locales".  

Y a pesar de que la agricultura española viene, en teoría, experimentando un proceso de incremento de la eficiencia en el uso del agua, "que se ha traducido en una ligera reducción del consumo de agua", de la revisión de los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones y el análisis de las presiones que sufren las masas de agua en relación a las actividades agrícolas, "puede deducirse que salvo en las demarcaciones cantábricas, Galicia-Costa y Miño-Sil, todas las cuencas de España sufren cierto grado de estrés hídrico". 

"De hecho, alrededor de la mitad del territorio español, particularmente las cuencas que vierten al Mediterráneo y a la Andalucía Atlántica, sufre actualmente un estrés hídrico severo, lo que combinado con la irregularidad típica del clima Mediterráneo conlleva una alta exposición a sequías".

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El informe subraya en varias oportunidades que "el aumento de la superficie de regadío mantiene un escenario de elevada presión sobre el recurso agua" y que combinado con "los escenarios de cambio climático podría agravar los problemas relacionados con el déficit de abastecimiento de agua en zonas en las que ya existen limitaciones de este recurso". 

"Es necesario, por tanto, modificar y mejorar estrategias que hasta la fecha han sido exitosas para reducir el consumo medio por parcela y la productividad aparente del agua, entre otras seguir incorporando nuevos sistemas de riego de precisión que sustituyan las prácticas de riego tradicionales menos eficientes para reducir y optimizar el uso de agua en los regadíos españoles".  

A juicio del Ministerio, está comprobado que "el no desarrollo de buenas prácticas agrícolas y en particular las relativas a regadíos, ocasionan un grave deterioro del estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas".

Las señales de alarma son evidentes. España, segundo país con más estrés hídrico de Europa, tiene el 75 % de su territorio en riesgo de desertificación y no podemos permitirnos regar como si nada

Se pone el ejemplo de lo ocurrido en las décadas del setenta y ochenta, cuando se afectaron "los espacios y recursos naturales dependientes de esas masas de agua, una situación muy difícil de revertir a pesar de los esfuerzos realizados desde entonces".

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A nivel cualitativo, la expansión del regadío a contribuido a la contaminación de los acuíferos subterráneos por los nitratos procedentes de la actividad agrícola causado por el uso incorrecto de fertilizantes.

Este problema afecta a prácticamente el 25 % de las masas de agua subterránea (en casos como las masas del Guadiana supera el 50 %) y que en numerosas zonas superan los límites establecidos en la Directiva de Nitratos. 

"En el caso de los problemas de estado cuantitativo, la causa fundamental es la extracción intensiva y continuada de estos recursos. Es común que ambos problemas, cualitativo y cuantitativo, se encuentren asociados en las mismas masas de agua", concluye el documento.

Reducir regadíos, indispensable según los expertos

Semanas atrás, Greenpeace España y el Observatorio de Sostenibilidad elaboraron un informe titulado "La burbuja del regadío en España", en el que se considera "urgente" y "necesario" recortar el volumen de agua del regadío en España en aras de una "necesaria transición hídrica justa" para lograr un reparto de los recursos hídricos que garanticen la supervivencia de todos ya que en la actualidad "no hay agua para tanto regadío".

 Tierras de cultivo de arroz sin sembrar a causa de la sequía en Sevilla, Andalucía. 

Los datos confirman que un 16,23 % de los regadíos en España están en áreas tensionadas, por lo que estas dos organizaciones  exigen al próximo Gobierno "una hoja de ruta para acoplar el regadío a la disponibilidad hídrica".

El relevamiento precisa que las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío son Andalucía, Castilla-La mancha, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana,  Extremadura, Cataluña y Región de Murcia. De hecho, las tres primeras suman el 56 por ciento de todo el regadío en España.

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El responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, advierte que las señales de alarma son evidentes ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa, con un 75 por ciento del territorio en riesgo de desertificación.  

 En definitiva, la ONG afirma que el agua es escasa, contaminada y mal gestionada y que el regadío en España es "insostenible". Y rechaza la solución de modernizar los regadíos como medida estrella para revertir esta radiografía.

"Las Administraciones se escudan en la modernización del regadío para seguir ampliándolo pero es una trampa: la percepción de que hay más agua por ‘eficiencia', incentiva aumentar más superficie de regadío, genera cambios hacia cultivos más demandantes de agua y estimula las dobles o triples cosechas anuales. Otro problema es que merman el retorno de agua a ríos, humedales o acuíferos, estimulan mayor evapotranspiración de las plantas y, además, dejan mayor concentración de fertilizantes y plaguicidas", cuestiona el informe. 


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