El anuncio de Bruselas sobre la intención de armonizar las penas entre los países del bloque para la malversación, que supone una pena máxima de cinco años para ese delito, llegó en el peor momento para el Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, para los barones socialistas. La reforma del Código Penal que el Ejecutivo central pactó con ERC hirió la relación del presidente con sus pares autonómicos.
La modificación del delito de malversación pactada entre Sánchez y el partido catalán independentista y aprobada en diciembre rebaja la pena para ese delito. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue uno de los más críticos en su momento y ahora ha vuelto a cargar contra la reforma. "Eso es algo que yo no estoy dispuesto a defender de ninguna manera", apuntó.
Page lamentó que la modificación sobrepasaba "cualquier límite político y más que político" en referencia al beneficio que suponía para dirigentes del procés. Juan Lobato, candidato a suceder a Isabel Díaz Ayuso en Puerta del Sol, había dicho que para los corruptos "ni un día menos de prisión". El acuerdo entre Sánchez y ERC también incomodó a Ximo Puig. Todos los socialistas críticos tienen un popular fuerte como competidor.
Para el PP es una oportunidad para machacar al presidente del Gobierno y los líderes territoriales de su partido. "Se desmonta el argumentario de Moncloa, que era otra mentira más para salir del paso de los trapicheos políticos de Sánchez", escribió en Twitter la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, luego de que Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra se posicionaran.
En Moncloa niegan las implicancias de la reforma de Bruselas -deberá ser acordada por todas las partes del bloque-, es decir, volver a reformar el delito de malversación por dos cuestiones: el impacto en las campañas de sus candidatos a nivel autonómico, más que municipal, y la alianza con ERC, que ha negociado la modificación del Código Penal como parte del apoyo al Gobierno de coalición en el Congreso.
Sánchez ha ordenado al equipo de campaña aislar a los candidatos del revuelo que puede generar la decisión de Bruselas, que no será inmediata. El PSOE intentará que el tema se postergue hasta después de las generales y la presidencia española de la UE. De momento creen que el tema amainará antes del 28M.
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