El Gobierno ha dado un golpe a la mesa a la propuesta de la Unión Europea de imponer un plan energético con restricciones y racionamientos a todos los Estados miembros del bloque.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aclarado este miércoles, poco después de oficializarse el plan que la Comisión Europea pondrá en marcha para reducir el consumo de gas ante el inminente corte de Rusia, que España no va a hacer "ningún sacrificio" porque ha "hecho los deberes" en materia energética
"No nos pueden pedir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión", ha dicho con tono firme y gesto adusto al conocerse la letra chica del proyecto de Bruselas. La hoja de ruta exige una reducción del consumo de gas un 15% desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo de 2023 a todos los paÃses, dependan o no del gas de Rusia.
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En caso de que esta reducción no se logre con los planes nacionales de contingencia, el ahorro será obligatorio. Ribera ha afirmado que España será solidaria con el resto de Europa, "pero no a costa de los consumidores domésticos e industriales", que pagan "desde hace mucho una factura muy elevada" y "no se merecen restricciones ni racionamientos".
"Sà creo que hay que apostar por el ahorro y la eficiencia, sà creo que hay que buscar de qué modo se pueden sustituir unos consumos por otros, hasta donde se puedan sustituir, pero no consideramos la hipótesis de introducir racionamientos ni restricciones a ningún tipo de consumidor", ha agregado.
La ministra aclaró que la "solidaridad" de España va a estar "a la capacidad de utilizar nuestras infraestructuras para dar apoyo a los Estados miembros que dependÃan del gas ruso".
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"Creo que hay una llamada al esfuerzo a todos los paÃses, hay una llamada muy potente a la solidaridad. España es un paÃs comprometido con la solidaridad, pero tenemos que ver cuál es la mejor manera de ofrecer solidaridad", ha remarcado en Bilbao durante la inauguración de una instalación de energÃa eólica.
También ha resaltado que España tiene "una gran capacidad de regasificación y también una gran capacidad de almacenamiento y reexportación a través de pequeños metaneros". "Más allá del esfuerzo que puedan hacer, los ciudadanos españoles no deben sufrir las consecuencias de algo por lo han estado pagando durante muchos años: su propia seguridad a aprovisionamiento", ha asegurado.
De esta manera, Moncloa se hace eco del pedido que este martes hizo la Alianza por la Competitividad, una asociación que agrupa a la industria de la automoción, el refino, el cemento, la siderurgia, y la alimentación, entre otras.
El empresariado español también ha rechazado este mecanismo de solidaridad que quiere aplicar la UE y, a través de un comunicado, le ha exigido al Gobierno que "defienda los intereses de España" por lo injusta de la medida.
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Tal como ha adelantado LPO, el plan de solidaridad obligada de la UE ha empezado a abrir viejas heridas en Europa. Los recelos no cicatrizados por cómo se salió de la crisis del euro (2010), con la fuerte negativa de Alemania de "salvar" a los paÃses del sur asfixiados por las deudas soberanas, parecen actualizarse en el debate abierto sobre cómo enfrentar la inminente escasez de gas que sufrirá la región en los próximos meses.
El plan de Bruselas obliga a "socializar los errores de la polÃtica energética de BerlÃn", entienden los paÃses menos dependientes al gas ruso. Con las declaraciones de Ribera, España se ha sumado a Polonia, que ya ha hecho oficial su rechazo a esta solidaridad obligatoria.
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