En 2022, ardieron en España más de 310000 hectáreas, el 39% de la superficie afectada por incendios en Europa, lo que representa una extensión superior a la de la provincia de Álava. Se quemó casi tres veces más de lo que ardió al año de media en el último decenio. 

Se detectaron 61 Grandes Incendios Forestales (GIF) -tres veces más que el promedio anual de los últimos diez-, de los cuales en ocho ardieron más de 10000 hectáreas. La temporada pasada fue "la más negra de la historia forestal española", el peor año del siglo y el quinto peor desde que existen registros.

Los incendios dejaron un saldo de cuatro fallecidos, noventa heridos, más de treinta mil personas evacuadas de forma preventiva e importantes daños sobre infraestructuras.

Los datos figuran en el "Informe sobre incendios forestales 2023. Incendios extremos e inapagables" publicado recientemente por WWF, organización internacional dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente.

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Para los autores de este informe, la temporada que comienza puede llegar a ser tan "trágica" como la anterior.

"El año 2023 ha empezado mal y, a pesar de las lluvias de mayo, es probable que debamos prepararnos para una campaña difícil", se advierte. 

Por lo pronto, hasta el 18 de junio, ya se han producido en España 14 GIF, cinco veces más que durante la media del último decenio. 

El informe brinda una detallada lista de causas que explican el incremento de incendios extremos (cambio climático, condiciones meteorológicas extremas, sequías, bosques muy inflamables, etc.), y propone algunas soluciones, como una "ambiciosa política de prevención que ponga la gestión del territorio en primer plano".

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"La estrategia más eficaz para reducir el riesgo de incendios extremos consiste en adaptar el territorio: disponer de paisajes vivos, diversos, resistentes y resilientes a los grandes incendios. Si continuamos en esta espiral de inacción preventiva y poniendo todos los esfuerzos exclusivamente en la extinción, la situación irá a peor, con consecuencias sociales, ambientales y económicas mucho más dramáticas y sin precedentes", explican los expertos.

En este contexto, el gobierno de coalición finalizará su legislatura sin aprobar los anteproyectos de ley que regulan la situación laboral de bomberos forestales y agentes medioambientales, tal como se había comprometido con los sindicatos del sector.

Europa Press

El propio Pedro Sánchez prometió en julio de 2022, cuando estos trabajadores luchaban contra los incendios forestales, que el Ejecutivo iba a aprobar "marcos reguladores estatales básicos" para ser "más eficaces en la lucha contra los incendios" y los delitos medioambientales.

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En febrero de este año, eL Estatuto del Bombero Forestal y la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales fueron aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos al Congreso de los Diputados

Pero las enmiendas frenaron la tramitación parlamentaria. En mayo, los anteproyectos pasaron a "fase de redacción del informe", último escalón para ser sometidos a votación. Sin embargo, el adelantamiento electoral tumbó esta posibilidad. 

Una vez que reabra el Hemiciclo, los proyectos comenzarán de cero. Es decir, el nuevo ministro o ministra con competencias tendrá que decidir si lleva o no al Consejo de Ministros estos proyectos. 

De ser así, deberán aprobarse, luego ser discutidos en la conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas, conseguir el visto bueno del resto de ministerios; pasar al Congreso para discusión de todos los grupos parlamentarios, someterse el pazo de alegaciones y superar las enmiendas. 

 "El golpe ha sido más duro", admitió semanas atrás Ángel Rubio de la sección de Bomberos Forestales y Selvicultura de UGT, y miembro de la Unidad de Acción Sindical. "Ha sido una profunda y muy desagradable decepción. Ya tocábamos la esperadísima ley con la punta de los dedos", agregó Juan Manuel Antón, agente forestal de UGT y miembro de la UAS.

Quiero pensar que cualquier político que gobierne va a ser sensible ante la necesidad de cuidar el planeta que nos sustenta a los humanos, hacia la seguridad ambiental. Si la emergencia ambiental es tan grande, no se puede retrasar mucho más la aprobación de estas leyes

Esta ley marco iba a garantizar un estatuto "básico y homogéneo" en toda España con unas condiciones de trabajo "dignas" para los más de 20 mil operarios de prevención, detección y contingencia de incendios en el medio natural y rural.

Esos 20 mil agentes ejercen este oficio en España con diferentes tasas de temporalidad dependiendo de la comunidad autónoma competente, lo que "precariza al colectivo", según denuncia Rubio.

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Con la actual reglamentación, las CCAA regulan la actividad según sus competencias, lo que provoca "desigualdades entre los trabajadores".

En los sindicatos hay temor de que un cambio de gobierno archive estos proyectos. El presidente de la Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Alberto Esteban, pidió "continuidad para las normas, gobierne quien gobierne". 

 "Quiero pensar que cualquier político que gobierne va a ser sensible ante la necesidad de cuidar el planeta que nos sustenta a los humanos, hacia la seguridad ambiental. Si la emergencia ambiental es tan grande, no se puede retrasar mucho más la aprobación de estas leyes", aclaró.

Para los bomberos, el Gobierno, sensibilizado con esta causa, es "gran responsable" de no haber "apurado los tiempos" para la aprobación de las leyes. 

"Necesitamos las leyes de bomberos y agentes. Cuidar a quienes nos cuidan. Han decaído al disolverse las Cortes, pero debemos retomar su tramitación tan pronto se constituyan las cámaras. Ha sido un gran trabajo y mantenemos el compromiso. Necesitamos su aprobación", lamentó días atrás la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

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"La virulencia con la que han impactado los incendios forestales en nuestro país en los últimos años y el impacto del cambio climático en el medio natural hace necesarios dispositivos de prevención y extinción de incendios eficaces y dotados de los mejores recursos (humanos, materiales y operativos) disponibles", reconocía el Gobierno a finales de 2022, al presentar los anteproyectos.

Textual de una de las leyes caídas: "Es necesario estar preparados los 365 días para prevenir y luchar contra el fuego ya que cada año la temporada de incendios se prolonga y la virulencia de estos es mayor con el paso del tiempo".

El diagnóstico, sin embargó, chocó de frente con los tiempos de la política. "A bomberos y agentes forestales nos gustaría observar algún guiño de compromiso político en sus campañas electorales", piden los damnificados.