
Los sectores patronales han reaccionado negativamente el anuncio de la reducción de la jornada laboral que llevará a cabo un eventual gobierno de coalición.
En un comunicado, la CEOE rechazó a las medidas porque van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas y la creación del empleo. Según los empresarios, la medida fue "a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales" .
En el texto, la patronal acepta que se pueden explorar nuevas fórmulas de reparto del tiempo de trabajo pero no como "una imposición legal", sino a través de la negociación colectiva. Plantean "regular la jornada sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente".
Foment del Treball también se opone a una reducción "generalizada y por ley" de la jornada laboral", y advierte de los riesgos de la medida, que supondría "gastos adicionales para las empresas, la contratación de más personas y más horas extraordinarias. El principio que mantienen es que "no estan en contra de la reducción de la jornada laboral por principio, sino de la reducción generalizada por ley y uniforme para todos los sectores", según un comunicado de la patronal catalana.
Distinta fue la respuesta del sindicalismo. El secretario general de CC.OO, Unai Sordo ha dicho: "Es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y que luego la Negociación colectiva es quien tiene que concretar como se realiza".
"A partir de ahora van a lanzar otra campaña sobre la llegada de otras siete plagas de Egipto, como hicieron con la refomra laboral o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)", avisó.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha valorado de manera positiva la medida para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero ha afirmado que el objetivo sindical es que "esta legislatura debe ser la de las 35 horas semanales". También ha afirmado que "reducir las horas de trabajo era una reclamación, una exigencia de las organizaciones sindicales" y ha considerado imprescindible iniciar un proceso para reducir el tiempo máximo de trabajo, que hace "40 años que no se toca".
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