El PSOE ha decidido utilizar el proyecto del PP en AndalucÃa para legalizar pozos en Doñana como un activo electoral de cara a las elecciones. El paso en falso de Juanma Moreno le permitió a los socialistas poner a la transición ecológica como eje principal de campaña. La proclama de Moncloa: frente al "negacionismo" de Génova, la firme defensa del medio ambiente de Ferraz. "Doñana no se toca", repitió en las últimas semanas Pedro Sánchez.
Sin embargo, esta postura verde pro-sostenibilidad choca de frente con la decisión de blindar otro proyecto muy cuestionado por su altÃsimo impacto ambiental: la urbanización de lujo Valdecañas, construida en una zona protegida al noreste de Cáceres, en Extremadura.
Las iniciativas -Doñana y Valdecañas- tienen muchÃsimas similitudes. Sentencias judiciales en contra, el rechazo de la Unión Europea, la obstinación de los poderes ejecutivos regionales (ambos con mayorÃa absoluta) de avanzar con una lógica economicista sin escuchar las advertencias de los expertos y los apuros de aprobar los proyectos en el cierre de las legislaturas, antes de los comicios de mayo.
En 2019, el CSIC, organismo citado por el Gobierno para criticar el proyecto de Doñana, llegó a la conclusión de que mantener el complejo Isla Valdecañas era "diez veces más dañino" que demolerlo y llamó a que la zona sea restaurada.
Sin embargo, en marzo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, envió al Parlamento un proyecto de ley -que fue aprobado- para legalizar este complejo urbanÃstico y, con ello, evitar el derribo ordenado por el Tribunal Supremo.
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El PSOE tuvo que echar mano de su mayorÃa absoluta para obtener la luz verde. El rechazo de la oposición, con 28 enmiendas presentadas, fue total. Tanto el PP como como Unidas por Extramadura se opusieron a su aprobación por la evidente "vulneración" a las directivas europeas y a las sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Además, la oposición en bloque calificó de "chapuza jurÃdica" la propuesta de ley aprobada, que incluye 55 nuevas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), entre las que sobresale Valdecañas, con el objetivo de poder argumentar que, al momento de la construcción de esta urbanización (2007) de 135 hectáreas (200 campos de fútbol), el área carecÃa de protección ambiental, pese a que la Unión Europea las reconoció como tal en 2003 y 2004.
"En un estado de derecho hay que respetar las normas y no cambiar las leyes a nuestro antojo como si España fuera una república bananera", cuestionó el portavoz del Grupo Ciudadanos, Fernando Baselga, quien aclaró que su formación está en contra del derribo, pero no "de cualquier forma".Sánchez pone a la crisis climática por primera vez como eje de campaña
El resort cuenta con 85 chalés, un hotel, campo de golf de 18 hoyos, piscinas, playa artificial y otras instalaciones deportivas. Entre los propietarios figuran grandes empresarios y personalidades como el cantante Carlos Baute y un hijo del expresidente José MarÃa Aznar.
La urbanización se construyó sobre la Red Natura 2000, una superficie protegida que no puede ser trasformada urbanÃsticamente, como lo estipula la UE y defiende el propio ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que preside Teresa Ribera.
La ministra, por ejemplo, puso esta lÃnea roja en el despliegue de las renovables para, justamente, poder garantizar la conservación de las especies y de los hábitats más amenazados y evitar la pérdida de biodiversidad. En su dÃa, el Ejecutivo regional se saltó esta prohibición a través de un "plan especial" (el Plan de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas), calificado más tarde de "ilegal" por la Justicia.
En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictaminó que, a pesar de esta ilegalidad, la urbanización no debÃa demolerse. Los jueces alegaron el gran impacto socioeconómico -145 millones de euros- además de los graves perjuicios para la economÃa local.
La agrupación Ecologistas en Acción recurrió al Supremo, que se expidió en febrero del año pasado. Según el máximo tribunal, "no se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material" de derribar las edificaciones.
En cuanto a los posibles perjuicios económicos, el Supremo cuestionó que la Junta de Extremadura haya actuado "como si la protección del terreno no existiera" y decidido "transformar urbanÃsticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara". Los perjuicios económicos no pueden anteponerse a la ilegalidad de la construcción, según esta última resolución judicial.
Quienes defienden el derribo rechazan "meter excavadoras sin más". Piden elaborar un estudio de impacto ambiental con el aval de la comunidad cientÃfica. En diálogo con LPO, la diputada Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), entiende que la mayorÃa de los ciudadanos rechace el derribo por el gasto público que va a generar, pero la "peor resolución" es avalar una ilegalidad que daña la biodiversidad y el medioambiente de una zona protegida.
"Naturalizar esta urbanización es dar un mensaje muy peligroso y sentar un precedente nefasto en un contexto en el que la polÃtica tiene que demostrar valentÃa para luchar contra el cambio climático. Estamos justificando legalizar lo ilegal a favor de determinados grupos económicos en detrimento del medioambiente, sin más", cuestiona.
De Miguel critica la "doble vara" del PSOE en su "supuesta defensa del medio ambiente". Por un lado, arremete contra el proyecto de "legalizar lo ilegal" en el caso de Doñana y, por el otro, defiende "legalizar lo ilegal" en el caso de Valdecañas.
"Que Pedro Sánchez defienda Doñana cuando tiene a Valdecañas en su espalda es de una tremenda hipocresÃa", sintetiza.
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La legisladora denuncia que tres grandes contradicciones de los socialistas. 1) ambas actividades económicas suponen un deterioro ambiental, ya sea con regadÃos de aguas subterráneas o con una urbanización ilegal de lujo. 2) ambas actividades han sido declaradas ilegales, mediante las sentencias de los tribunales superior de justicia, supremo y constitucional en Valdecañas o a través la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Doñana. Y 3) en ambos casos ambos casos hay un intento posteriori de legalizar lo ilegalizable omitiendo los informes técnicos y jurÃdicos a través de una propuesta parlamentaria de ley.
"Tanto el PP andaluz como el PSOE extremeño deberÃan de revisar esta manera de gobernar en contra de la ley y el PSOE estatal deberÃa de revisar la doble cara de medir que utiliza en ambos casos", afirma.
Y concluye: "Doñana y Valdecañas demuestran que el bipartidismo gobierna para la defensa de los poderes económicos concentrados y que se pone a la crisis climática como excusa según la conveniencia".
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