Las posturas sobre cómo sortear la grave e inédita crisis ecosocial que enfrenta el planeta (un crack con muchos vértices: climático, energético, de biodiversidad, etc.) están reducidas en varias etiquetas: están los "negacionistas" (rechazo a toda evidencia cientÃfica); los "colapsistas" (solo el cambio de modelo económico puede evitar la catástrofe a la que se encamina la humanidad); los "tecno-optimistas" (la ciencia va a permitir la descarbonización de las economÃas); y los "retardistas", un término que en España empieza a escucharse con fuerza: el problema es grave pero hay otras necesidades que son más urgentes de resolver.
Esta última tendencia tiene cada vez más eco al interior de algunas administraciones regionales. Hay una puja en los despachos de las comunidades autonómicas entre conservación (proteger los territorios de la "invasión" de las instalaciones renovables) y desarrollo (acelerar al máximo su despliegue).
El choque de visiones quedó escenificado la semana pasada en Valencia. CompromÃs, una de las formaciones que integra la coalición de gobierno, a cargo de la consejerÃa de Agricultura y Medio Ambiente, destituyó a Pedro Fresco -uno de los perfiles técnico-polÃtico con mejor valoración del sector energético- de la dirección general de Transición Ecológica.
¿El motivo? La puja conservación vs. desarrollo. Fresco exigÃa polÃticas públicas para avanzar, lo más rápido posible, en el despliegue de infraestructura verde para poder alcanzar los objetivos trazados por España y Europa para 2030, y paliar la subida de precios y la dependencia a los combustibles fósiles.
Los asesores ecológicos de CompromÃs, en cambio, son partidarios de una estrategia más cauta y conservadora. Entienden que la masiva instalación de plantas fotovoltaicas atenta contra la biodiversidad de los territorios.
Las discrepancias quedaron al descubierto tras la presentación de la nueva propuesta de CompromÃs en materia de transición energética, un proyecto que apuesta todos los esfuerzos de la administración al autoconsumo con energÃa solar.
El plan "Empecemos por el techo" busca "potenciar el autoconsumo" para cumplir con los 6.000 MW de energÃa propia para el año 2030. "Podemos lograrlo sin destruir el territorio", aclaró la portavoz Papi Robles al dar a conocer los trazos gruesos del proyecto.
Fresco puso sus reparos y adelantó que el autoconsumo solo cubrirá un tercio del objetivo de la UE en renovables. "Como muchÃsimo, un tercio, 2.000 MW", aclaró dÃas antes de ser cesado.
"La decisión se tomó, fundamentalmente, por mi posición clara a favor de la necesidad de desplegar energÃas renovables rápidamente. La nueva consejerÃa ha adoptado una posición menos comprometida frente a esto. La diferencia de criterios explica, al cabo, mi salida. Se ha hecho un giro hacia el "retardismo" climático", resumió Fresco en diálogo con LPO.
La Comunidad Valenciana es de las que menos porcentaje de generación renovable sobre consumo energético tiene en toda la penÃnsula: apenas el 12,5%. En el otro extremo de la tabla están Extremadura (185,7%), Castilla y León (176,2%) y Aragón (144,7%).
Cataluña es otra de las CCAA que está a la cola en esta ecuación con solo un 15,2%. Las tensiones por este "déficit" empieza a salir a la luz. Este lunes, representantes del mundo cientÃfico, ambiental y económico publicaron un manifiesto exigiendo "una transición energética a gran escala".
Para los firmantes hay que superar el debate entre pequeñas y grandes instalaciones (autoconsumo doméstico y proyectos industriales) y apostar por "un modelo energético hÃbrido" para alcanzar una transición energética rápida y justa. Acusan al Govern por el "retraso" en la implantación de la infraestructura verde.
"Catalunya está a la cola de Europa y de España en soberanÃa energética y energÃas renovables. Las fuentes renovables son imprescindibles para garantizar el suministro de energÃa a los centros urbanos, la industria o los equipamientos esenciales", denuncia el documento que lleva la firma de Enric Sala, explorador de National Geographic; Pep Canadell, director ejecutivo del consorcio internacional Global Carbon Project y el ecólogo marino Kike Ballestero, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), entre otros.
La advertencia es tajante: "El riesgo de colapso social y económico es demasiado grave como para no emprender la transición energética de manera inmediata y a gran escala".
El grupo aclara que las instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y tejados solo permitirÃan generar un 16% de la electricidad en 2050 y que se necesita "multiplicar por 33 la capacidad actual de producción solar y eólica en Catalunya" para llegar a los objetivos fijados.
Los expertos en cambio climático y transición energética defienden que "los parques eólicos y solares pueden convivir con las actividades agrÃcolas y ganaderas" mientras que "los parques eólicos en el mar pueden ser compatibles con el turismo y la conservación de la biodiversidad marina y de la pesca".
"El despliegue de renovables es perfectamente compatible con la conservación y mejora de nuestros ecosistemas marinos. Cuesta entender la oposición y movilización en contra de los grandes proyectos de renovables y que al mismo tiempo haya tan poca acción para frenar el desarrollo de infraestructuras gasistas", reza el manifiesto.
El PaÃs Vasco es otra región que va "muy lenta" en el despliegue de renovables, según los datos oficiales (7,2%). DÃas atrás, Antxon Olabe Egaña, asesor sobre cambio climático del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, se refirió a esta tardanza en diálogo con la Cadena Ser.
"En España y Europa no tenemos un problema de negacionismo como en EE.UU., sino un problema serio de "retardismo", lo que es una contradicción flagrante con las evidencias cientÃficas", explicó. Y puso a Euskadi como ejemplo. "Hay que salir del lamentable impase de la última década en el PaÃs Vasco. Arrastramos una falta de claridad en muchas instituciones. Por suerte están cambiando muchas posturas, pero venimos de años que han sido penosos. Ese "retardismo" hay que combatirlo polÃticamente porque supone poner palos en la rueda", agregó.
El riesgo, aclara otros expertos, es superar esta "lentitud" con un despliegue masivo de renovables con autorizaciones exprés y controles medioambientales laxos, sobre todo atendiendo a los pocos recursos técnicos y humanos que tiene la mayorÃa de las CCAA.
La España Vaciada, por ejemplo, viene advirtiendo desde hace tiempo por el impacto del "boom de las renovables" en la vida social y productiva de cientos de localidades. Sus representantes exigen una "planificación ordenada".
El temor es que del "atasco administrativo" se pase a un "despliegue descontrolado" si la Unión Europea aprueba su "nuevo reglamento temporal de emergencia", un marco legislativo que, básicamente, simplifica y agiliza los permisos medioambientales para las inversiones verde.
Si los ministros de EnergÃa del bloque avalan este borrador, los proyectos de infraestructura más pequeños (autoconsumo) tendrá un plazo máximo de un mes para ser habilitados; y las grandes inversiones podrán empezar a construir a los seis meses de presentados los papeles. Transcurrido ese tiempo, el "silencio administrativo" será equivalente a concesiones.
"Las grandes energéticas españolas protestan desde hace tiempo de estas trabas regulatorias alegando que atentan contra sus inversiones y, por ende, contra el despliegue verde. Tienen, hasta cierto punto, algo de razón. Hay demoras de hasta dos o tres años para obtener todos los permisos. Pero una cosa es reducir estos largos plazos y otra muy distinta es sacar un reglamento tan flexible. Entre tres años y un mes hay un mundo. La UE no ha caÃdo en el término medio", advirtió Pedro Menéndez Morán, asesor de España Vaciada Madrid en materia de transición energética.
"Esta nueva regulación la va a sufrir la España Vaciada y todos los territorios europeos. Es un reglamento que, claramente, responde a intereses de paÃses como Alemania que ven que los planes para suplantar el gas ruso se quedan corto y empiezan a meter unas prisas impresionantes", resumió.
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