Opinión
Covid-19 y SGAE: dos aniversarios
Por Juan Torres
Se cumple un año de la declaración del Estado de Alarma y diez de la detención de Teddy Bautista.

Soy poco de aniversarios. Los asuntos importantes hay que recordarlos por sí mismos, porque son importantes, y, si no, pues nada, pasando, que es gerundio, como decían los clásicos. Pero algunas veces, hay que reconocer a los aniversarios la función que cumplen de recordatorio, de asiento mental para detenerse un momento y hacer balance.

Hace un año, por ejemplo, el 14 de marzo, cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y todos fuimos al fin conscientes de que la pandemia desatada por el SARS-CoV-2 no era una broma. Qué año, qué de cosas. Por fortuna, no hace falta que me ponga ahora a recopilarlas porque ya lo han hecho un montón de periodistas, analistas y escribidores de toda laya y condición y no hace falta repetirse a cada momento. Kiko Llaneras, por ejemplo, -ya saben que yo tengo debilidad por Kiko, una de las cabezas mejor amuebladas de nuestro andamiaje intelectual- escribía el otro día en su newsletter un análisis realmente prodigioso del primer año de pandemia. Ni un pero que ponerle.

¿Ni un pero? Bueno, quizá esta frase, escrita como al desgaire al enumerar los errores más flagrantes que se cometieron: "Me interesan poco las responsabilidades de estos problemas (creo que serán históricas y a repartir)".

A ver si lo entiendo: los responsables de gestionar la pandemia fallaron -lo dice Kiko, no yo- en detectar, en atender y en organizar. No sabemos por qué, pero fallaron. Y como consecuencia de ello, el número de muertos se disparó hasta alcanzar cifras que ni siquiera hemos acertado a precisar.

¿De verdad no hay que determinar qué culpas ha habido? ¿Será "la historia" quien juzgará a los responsables? Caramba.

Si alguien se encuentra a otro alguien accidentado, herido o abandonado y lo desatiende y muere como consecuencia de esa desatención, ese primer alguien puede y debe ser juzgado, entre otras cosas, por denegación del deber de socorro. Si además es un funcionario público quien obra de este modo, el delito se agrava. ¿Pero si son setenta mil, o cien mil, los abandonados y los muertos, eso ya es un asunto que solo compete a la historia? Alguien me lo tendría que explicar. Porque el problema no es que yo, esta vez, esté en desacuerdo con Kiko Llaneras, sino que todo el mundo parece estar de acuerdo con él.

Con siempre andamos corriendo sin saber a dónde, ya se nos ha olvidado que en la gestión de este disparate puede que se hayan cometido -eso sí, presuntamente- delitos muy graves. Y no estaría mal indagar en los nombres y apellidos sin necesidad de remitirnos al Juicio Final.

10 años del caso SGAE

El día 1 de julio de 2011, la guardia civil, con ese estilo tan suyo de cuerpo policial especializado en la persecución de bandoleros, entró en la sede la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y se llevó detenidos a su presidente y a un puñado de colaboradores a los que puso a disposición del juez y a los que la fiscalía acusó de un sinfín de delitos en la gestión de la sociedad. A partir de aquel día, Teddy Bautista, un mito en la historia del rock español, que llevaba treinta años trabajando por el reconocimiento profesional de los artistas, recibió, por parte de los telediarios, la condena a muerte civil. La opinión pública, pero más aún la opinión publicada, sentenció a Bautista (y a Caco Senante, y a Ramoncín, y a otros cuantos más) con esos argumentos tan castizos de "yo lo sospechaba hace tiempo", "esto se veía venir" y "menuda gentuza, cómo se lo han llevado crudo". En aquellos primeros momentos de conmoción, no recuerdo haber leído, fuera de su círculo más próximo ninguna defensa de estos hombres a partir del argumento de la presunción de inocencia. Después, el tema se olvidó.

A los pocos años, empezaron a gotear las sentencias sobre los distintos delitos de los que se acusaba a Teddy y a sus colaboradores. Distintas sentencias: todas absolutorias. Finalmente se ha dictado la última, la más mollar, la que se ocupa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita. También absolutoria.

Diez años de muerte civil son muchos años. El problema de la lentitud de la justicia no es un problema para la justicia sino para los inocentes con los que se cruza en su camino. Y como alguno de los afectados ha declarado, a ver cuántos de los que los dieron por culpable salen ahora a rectificar.

Este es un asunto, el de los falsos culpables, el de los que cumplen penas de telediario, del que no tenemos que cansarnos nunca de escribir.

Yo tengo previsto volver pronto a la carga.

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