Lo que hoy son críticas y cuestionamientos, ayer fueron reproches tibios y mesurados. El archivo incomoda al PSOE en uno de los principales tema de la agenda política: la legalización que propone la derecha andaluza de más de mil hectáreas de regadíos para la cosecha de frutos rojos en el torno del Parque Nacional de Doñana.
Para los socialistas, el decreto de ley del PP y Vox es una molesta piedra en el zapato. "Cualquier postura tiene su coste", resumen las fuentes regionales. La incomodidad quedó en clara evidencia en febrero del año pasado cuando Juan Espadas, líder autonómico, ordenó abstenerse ante el misma iniciativa que escandaliza al partido.
El engorro se remonta a 2014 cuando el Ejecutivo andaluz, presidido por el PSOE, realizó una revisión del "Plan de la Fresa" y estableció un límite de 9.340 hectáreas de zona regables en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. La actualización de la normativa dejó a cientos de cientos de productores fuera de este perímetro.
Ante la bronca de esos productores, que reclamaban tener el mismo "derecho histórico" que sus vecinos, los socialistas se comprometieron a "subsanar la injusticia" con una nueva cobertura que los incluyera. Fue una de las promesas de campaña de 2019 en una elecciones municipales en las que el PSOE ganó Huelva con mayoría absoluta.
Sabiendo de las intenciones del PP de legalizar los pozos ilegales para captar el voto agrícola, Espadas propuso en el parlamento la revisión de aquel plan pero "desde el diálogo y el respeto a la ley". Puso sobre la mesa la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y una posible indemnización a los agricultores perjudicados.
Pero en febrero del año pasado, los populares, al igual que ahora, pidieron la tramitación por vía de urgencia del proyecto de ley para aumentar las zonas de regadíos. Espadas ordenó entonces la abstención. "La abstención abre una puerta para arreglar un problema. Hay situaciones injustas", justificó en aquel entonces.
Al término de aquel debate, los portavoces socialistas se hicieron una foto de familia con los agricultores y con diputados de PP, Cs y Vox que defendían con orgullo la ampliación de regadíos.
Con la postura de perfil, el PSOE intentó evitar lo que ocurrió meses más tarde en la elección autonómica: el trasvase de votos en Huelva por esta problemática. En los comicios de junio, el PP ganó en toda los municipios de la provincia, un éxito inédito desde la recuperación de la democracia.
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Lo cierto es que la abstención le valió a Espadas un fuerte tirón de oreja desde Moncloa. Ese mismo día, según la reconstrucción de la prensa local, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo llamó para regañarlo y pedirle explicaciones por el voto de sus diputados. "No votamos ‘no' porque el problema existe. No es un sí vergonzante, es otra alternativa posible", se justificó el líder regional en una conversación telefónica "muy tensa", según revelaron en aquel momentos fuentes del partido.
Para Ribera la abstención fue "injustificable" desde cualquier punto de vista. En la mesa estaban las mismas cartas de hoy: las advertencia de Bruselas, la sentencia del Tribunal de Justicia europeo y las alertas de toda la comunidad científica.
A finales de junio, tras las elecciones, Espada rectificó y aclaró que si el PP volvía a insistir con su proyecto de ley, el PSOE respondería con un "no rotundo". Moncloa le ordenó aparcar cualquier intento de "pragmatismo" ante un proyecto "negacionista" con el cambio climático y con la documentada sobreexplotación que sufren los acuíferos de Doñana.
En el debate parlamentario de este miércoles, Espada perdió protagonismo. El PSOE nacionalizó las críticas con las comparecencias de Sánchez, Ribera y Bolaños.
No obstante, el líder andaluz, con un tono muy distinto al del año pasado, aclaró que Moreno tendrá que "asumir las responsabilidades si hay sanciones, si hay respuesta legal y contundencia" por parte de otras administraciones como el Gobierno de España o la Unión Europea. Y lamentó que el PP "vuelva a abrir la guerra por el agua" enfrentando a unos productores contra otros.
En vísperas de otras elecciones, el PSOE hoy ha cerrado fila en torno a este conflicto social, ecológico y político. El archivo, sin embargo, perturba e incomoda.
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