Más de 260 mil firmas. Toda la población de Granada. O la mitad de Málaga. Esa es la cantidad de ciudadanos (españoles y europeos) que firmaron los manifiestos de rechazo a la proposición de ley firmada por el PP y Vox para legalizar regadíos clandestinos, medida que va a generar un "atentado ecológico" según científicos y ecologistas.

Este miércoles, la Plataforma Salvemos Doñana y representantes de cuatro organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WeMove Europe y WWF) viajarán a Bruselas para entregarle estas extensas hojas de firmas al comisario de medio ambiente de la UE, Virginijus Sinkeviius. 

Las cientos de miles de rúbricas son la "muestra más contundente" de que la "ciudadanía se opone a la propuesta de ley que pretende amnistiar hasta 1900 hectáreas de fincas ilegales alrededor Doñana", explican estos colectivos, que la trasladarán al funcionario europeo la necesidad de que la UE "siga presionando a los gobiernos español y andaluz" para evitar que se apruebe una ley que va a poner "en peligro uno de los refugios más importante para la biodiversidad y humedal más importantes de toda Europa".

"Si Doñana cae, pronto caerán otros espacios naturales. Frenar esta ley sentará un precedente fundamental para el resto de humedales y paisajes en Europa", advierten estas cinco organizaciones. 

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Vale recordar que Sinkeviius, en nombre de la UE, ya advirtió que la normativa andaluza, tal como fue presentada, podría "infringir" la legislación europea en materia de protección medioambiental, por lo que en caso de ser aprobada el Ejecutivo europeo tiene la facultad de emplear "todos los medios posibles" para preservar dicho ecosistema, como "fuertes multas económicas". 

"Doñana es el humedal más importante de Europa. Cientos de miles de aves, muchas de ellas provenientes de países del norte de Europa, dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o descansar durante su migración a África. Por eso, España y la Junta de Andalucía tienen una enorme responsabilidad internacional", explican desde la Plataforma para justificar el encuentro con el Comisario comunitario.

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Pese a ser un "entorno natural clave" para el continente, Doñana "se muere de sed por el cambio climático, agravado por la agricultura intensiva y los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos que han ocupado sin control miles de hectáreas, aislado su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos".

Europa Press

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya condenó a España por destruir la naturaleza de Doñana al permitir la extracción abusiva de agua con destino a la agricultura intensiva. 

Pese a la condena judicial y al rechazo de toda la comunidad científica, el Grupo Popular del Parlamento andaluz sigue impulsando una proposición de ley "para amnistiar a los agricultores ilegales, que ocupan una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos de fresas bajo plástico en el entorno de Doñana", denuncian los ecologistas. 

Entregar estas firmas a la UE es la mejor manera de ejercer la influencia que tiene la ciudadanía. Son ciento de miles la voces que piden parar este ley

El riesgo, agregan, es que el humedal "colapse" por la "presión insoportable" que ejercerán las explotaciones agrícolas que Juanma Moreno -con el apoyo de Vox- pretende legalizar.   

"Sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido el Estado español", concluyen.

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Para Rosa Fernández Díaz, portavoz de la Plataforma Salvemos Doñana, elevar "estas firmas a la UE es la mejor manera de ejercer la influencia que tiene la ciudadanía". "La organizaciones somos las voces de la ciudadanía. Son ciento de miles la voces que piden parar este ley", explica en diálogo con LPO.

La propuesta de ley sigue su trámite

Por lo pronto, tal como confirmó Moreno en las últimas horas en un encuentro informativo con la prensa local, el proyecto sigue su marcha en el Parlamento, donde "está abierto a todas las enmiendas, modificaciones o ampliaciones que quieran". 

"Estamos dispuestos a dialogar y a que alguien que tenga un ángulo de visión distinto al nuestro pueda aportar luz para hacer frente mejor a los problemas", intentó conciliar el presidente andaluz, pero dejando bien en claro que su intención es aprobar el proyecto de ley.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes. 

Europa Press

La aprobación de la ley por trámite de urgencia está prevista para finales de julio o septiembre, después de las elecciones generales.

Asimismo, cuestionó al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el "aparato del Estado" para "manipular y denostar una decisión legítima del Parlamento de Andalucía, la imagen de los agricultores de Huelva y la imagen de nuestra tierra".

Moreno recalcó que se está hablando de ordenar "700 hectáreas de un parque que tiene 122.000". Por ello, "quién me puede decir que 700 hectáreas ponen en riesgo el Parque Nacional de 122.000 hectáreas".

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No obstante, el discurso científico contradice su razonamiento. Semanas atrás, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, reiteró que el proyecto está sustentado en un "error de cálculo", por lo que "con toda seguridad, será recurrido en el Tribunal Constitucional y provocará sanciones multimillonarias de la Unión Europea.

"La esencia de la proposición es declarar zonas regables sin agua. Es como ofrecer a los conductores sevillanos y onubenses viajar entre Huelva y Sevilla en AVE. A los conductores les gustaría, pero es una tomadura de pelo", explicó en su comparecencia ante eñ Parlamento de Andalucía.