Los intendentes de todos los partidos pedirán en conjunto que la Legislatura cordobesa derogue el artículo 7 de la ley 10406, la que impide más de una reelección, para poder competir en 2023; una jugada que beneficia a Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio. "Será una ley de Hacemos Juntos", bromea un legislador radical. De esta manera, la re reelección seguiría prohibida, sólo que se aplicará por primera vez desde 2027, 10 años después de su promulgación.

Aunque los intendentes deberán poner la cabeza para pagar el costo político, la derogación del artículo beneficia a legisladores, miembros del Tribunal de Cuentas y concejales de localidades del interior. Ese artìculo, promulgado en enero de 2017, consignó que el período 2015-2019 debía considerarse el primero para el conteo de mandatos. Es decir, se aplicó una ley con retroactividad, y ése será el argumento legal. "Nos cambiaron las reglas de juego", es la síntesis de los intendentes.

En total son 277 intendentes que si no se deroga ese artículo estarán impedidos de competir: 137 de Hacemos por Córdoba, 97 de Juntos por el Cambio (y algún vecinalista) y 43 del Frente de Todos, aunque varios de ellos en plan de regreso al schiarettismo. En esas localidades vive el 65 por ciento del padrón electoral del interior.

Además, son el tractor de Hacemos por Córdoba, porque estas localidades "pegan" sus comicios a la elección provincial, como lo hicieron en 2019. En aquella elección, los intendentes radicales y del PRO se desmarcaron mayoritariamente y descalzaron las contiendas locales de las ambiciones de Mario Negri y Ramón Mestre.

Además, hay otros 12 jefes comunales que tampoco podrán competir, pero en estos casos sus ciudades tienen carta orgánica, por lo que no hay margen de modificación de las reglas. Se especula que varios de esos intendentes buscarán una banca en la Legislatura, sumándole presión a esa disputa.

Mario Negri

APJuan Casas

Si esos intendentes deciden competir por espacios legislativos, complejizan el armado de lista tanto en Juntos por el Cambio, que aún no tiene cerrado el reglamento para realizar la selección de candidatos, como en Hacemos por Córdoba. En este colectivo están el peronista Juan Manuel LLamosas (Río Cuarto) y el "amarillo" Pedro Dellarossa (Marcos Juárez), ambos están buscando la proyección provincial.

"Toda la estrategia que con esfuerzo estamos intentando armar para tener una definición de candidatos que no rompa Juntos puede desmoronarse si los intendentes empiezan a romper", es el análisis de una de las autoridades partidarias que está sentada a la mesa de negociación de la coalición.

Respecto de los legisladores que serán beneficiados por la suspensión del artículo 7 de la ley que impide la "re re", están las principales voces del peronismo en la Unicameral y varias espadas opositoras: Oscar González y Francisco Fortuna, entre los primeros; Orlando Arduh o Aurelio García Elorrio, entre los segundos.

Los intendentes trabajan en un "esquema transversal" en cada uno de los 25 departamentos (exceptuando Capital); por lo que se cruzarán las firmas oficialistas y opositoras para pedir la derogación del artículo 7.

"La idea es no hacer un pedido por partido, sino por departamento, para que nadie saque ventaja y todos paguemos el costo de solucionar esta situación que no fue generada por los intendentes, a quienes no cambiaron las reglas de juego", dice Daniel Salibi, el intendente radical que irá por su sexta reelección en la Municipalidad de Mendiolaza.

Inquietud en el peronismo cordobés ante la avanzada de Juntos para sumar a Schiaretti

El debate genera problemas, porque subidos al tren electoral varios líderes de Juntos por el Cambio se habían expresado en contra de suspender la prohibición de la re reelección. El año pasado, el sector de Rodrigo de Loredo dijo que se trataba de una "ambición desmedida de poder". Al diputado nacional le responden 16 intendentes, por lo que sus opiniones serán clave en este debate interno.

En este marco, los intendentes encargados de armar el sondeo para impulsar la derogación del artículo 7 quieren excluir de la consulta a quienes no están afectados por la ley, como por ejemplo Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, socio de De Loredo, y uno de los que en 2021 se expresó a favor de mantener la prohibición.