El juez federal Alejandro Sánchez dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de Córdoba, que le permitiría, en caso de no ser volteada por un tribunal superior, acceder en las próximas horas a dólares a precio oficial para hacer frente al pago de compromisos externos.

El juez habilitó el amparo y sentó un antecedente que podría replicar en otras jurisdicciones, dejandole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el análisis de fondo; lo que seguramente representará un nuevo capítulo de la batalla entre el kirchnerismo y los supremos.

Sánchez Freytes dijo en su resolución que otorgar el amparo a favor de Schiaretti "es la única forma de sortear los obstáculos formales para dar respuesta a la situación con anterioridad a la fecha del primer vencimiento" del pago de la deuda externa provincial a través de los bonos PDCAR 21, PDCAR 24 y PDCAR 27, cuyas respectivas cuotas vencen el viernes.

El juez valoró que dichos títulos públicos (y sus condiciones) fueron aprobados por el Gobierno nacional, por lo cual fue la Nación la que "autorizó los términos y condiciones del título, cuyo próximo vencimiento de capital e intereses operará el 10 de junio del año en curso, que en rigor se corre al día anterior, es decir el día 9 de junio por ser el día del vencimiento inhábil".

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Además, dio por sentado que el 29 de mayo la Provincia de Córdoba informó el detalle del pago a realizar al MAE (Mercado Abierto Electrónico) y a Byma (Bolsas y Mercados Argentinos) "a los fines de su comunicación a los tenedores de los títulos". Es decir que la operatoria se inició antes de que entrara en vigencia la Comunicación del Central. Estos datos son clave porque le da al pedido "verosimilitud del derecho", que es central en materia cautelar.

"Se advierte en el caso que este requisito se encuentra presente, habida cuenta que las deudas a pagar emergen de los títulos valores que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda de la Nación", dijo el juez en la resolución.

Sánchez Freytes agregó: "En función de que el procedimiento para su pago se encuentra sujeto a la autorización del Central, para adquirir en el mercado de cambio las sumas necesarias a tal fin, no resulta hoy factible, (...) todo lo cual le impide a la Provincia de Córdoba cumplir con la relación contractual contraída, vulnerándose el principio de seguridad jurídica".

"Es decir, la Provincia de Córdoba, cumplimentando toda la normativa vigente, acude libremente a celebrar contratos con acreedores financieros o emite títulos públicos en moneda extranjera, que producen efectos jurídicos firmes y consentidos. Luego, sorpresivamente se dicta una decisión normativa que la obliga a incumplir lo pactado y/o renegociar compulsivamente con los acreedores", recalcó el juez al conceder el amparo a favor del Gobierno de Schiaretti.

En ese sentido, sostuvo: "El peligro en la demora también se encuentra presente, dado que en el caso de que la Provincia de Córdoba incurra en incumplimiento de sus obligaciones, ante el impedimento de acceder al mercado de cambios para adquirir las divisas necesarias para cancelar la totalidad de la deuda a vencer en las fechas acordadas con sus acreedores, verá lesionado gravemente su crédito público".

"Sabido es que ingresar en default tiene implicancias reputacionales y legales severas para la Provincia: la primera de ella implica destruir la calidad crediticia de una provincia, con lo cual su rating crediticio quedará marcado hacia el futuro restringiendo el acceso al crédito, no solo en los mercados de capitales, sino también se dañará su calidad crediticia frente a organismos multilaterales y bilaterales de crédito", adviertió Sánchez Freytes en su resolución.

El juez agregó en su escrito: "La pérdida de acceso al crédito (..) cercena oportunidades de desarrollo y crecimiento sostenible. Desde el punto de vista legal, las implicancias de un default son muy severas ya que podría generar la aceleración de la deuda con bonistas, y por cláusulas de cross default y cross aceleración, generaría una aceleración de toda la deuda provincial".

Tras analizar esto, el juez convalidó que "esta situación proyecta un peligro real y concreto, pues, un incumplimiento puede tener consecuencias patrimoniales graves respecto a la deuda externa de la Provincia, en función de la caducidad escalonada de los restantes plazos y vencimientos de deuda que se mencionan".

Ante la acusación de que Schiaretti quiere desestabilizar el mercado cambiario, Sánchez Freytes señaló que "la medida cautelar solicitada no afecta el interés público superior ya que la medida requerida no (implica) un pedido al BCRA de venta de sus reservas, sino que se le permita al Estado Provincial concurrir al mercado de cambios como comprador".

Tras estos considerandos, el juez dispuso "suspender los efectos de la Comunicación "A" 7782 del BCRA y de sus actos de aplicación, por lo que se le deberá permitir a la actora acceder de manera inmediata al mercado de cambios para la compra de los dólares necesarios, sólo para cancelar el vencimiento de deuda del 10 de junio".