1. ¿Tiene derechos la Mayoría?

Un debate nunca del todo saldado ha sido como equilibrar el gobierno de la mayoría al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las minorías. O sea el derecho a la diferencia. Y, a pesar de que, como decimos, el debate nunca se saldo, mucho se ha avanzado desde los sangrientos días del Terror en la Francia revolucionaria hasta el matrimonio gay de nuestros días.

Las minorías lentamente, y muchas veces dolorosamente, han logrado instrumentos normativos que las protegen… a veces mas, a veces menos. Pero se ha avanzado y en general estas minorías desarrollan sus vidas de maneras diferentes a la manera de la mayoría que norma socialmente y gobierna institucionalmente. O gobernaba.

Hoy no es tan seguro que la mayoría, que mediante las autoridades elegidas en cada turno electoral para que se haga cargo del aparato del estado, gobierne en el sentido estricto.

Definamos gobernar. En el sentido más elemental consiste en poner en acto al Estado, ese estado-construcción jurídica al que el sujeto individual le cede el monopolio del uso de la fuerza para imponer en el territorio nacional las leyes que son, en definitiva, el ser mismo del estado. Son el Estado en tanto Estado. Es decir si la ley escrita no tiene vigencia fáctica el estado se vuelve una abstracción. No hay estado.
Así, el sujeto singular, el hombre de a pie, le sede al Estado el uso de la fuerza para que éste la use garantizándole la vigencia compulsiva del sistema de leyes que la mayoría ha consensuado y que todos los miembros de la sociedad han aceptado cumplir como condición de pertenencia a esa sociedad. Este es el contrato social más elemental de todos. El más necesario, aquel sin el cual no hay ni sociedad, ni nación ni estado; solo hay caos.

Cuando el Estadose niega a utilizar la fuerza que tiene derecho absoluto a utilizar para imponer la vigencia de la ley, la mayoría queda rehén de cualquier minoría que quiera realizar una acción ilegal que perjudique a esa mayoría. Es decir, la ley deja de estar vigente. Y, al menos en ese punto, el Estado deja de existir.

Y, si no hay Estado hay estado de naturaleza. Es decir la sociedad se rige por la ley del más fuerte.

Usurpar un espacio público, es decir un espacio que es de todos, y convertirlo en propiedad particular es un acto delictivo. Si además este acto lo realiza un grupo organizado de gente se trata también de asociación ilícita. Es decir de una asociación entre personas que deciden asociarse para delinquir. Y el Estado, en virtud del contrato social por el cual existe, está obligado, contractualmente, a utilizar la fuerza pública legitima que ese contrato le otorga para obligar a que cese el estado de delito. Cuando no lo hace, además, los derechos de la mayoría, y la mayoría misma, queda prisionera, al menos en ese punto, de la minoría delictiva.

En este punto la sociedad siempre, antes o después, se defiende sola retomando ese uso de la fuerza que había cedido, mediante el contrato social, al Estado, un Estado que como decimos ha cesado de existir en la coyuntura haciendo que ese contrato caduque.

Y por eso, además, el uso de la fuerza vuelve a su dueño original, el pueblo. Por esta razón el uso de la fuerza en manos de la gente cuando el Estado ha fallado en la obligación de protegerla y de proteger sus derechos, no es solo legítimo sino también, y por sobre todo, obligatorio.

No es “justicia por mano propia”, término peyorativo que engloba tanto lo que denota sino que también engloba cualquier acto de auto defensa. Y en esto el término condena al que ha sido desprotegido por el Estado y solo le queda defenderse el mismo. Se trata simplemente de un acto de auto preservación.

2. El Estado al revés.

Pero si frente a la comisión de un delito por parte de un grupo de individuos ilegalmente asociados, el Estado no solo no usa la fuerza para hacer cesar el delito sino que usa esa fuerza para proteger a los delincuentes entonces el Estado ha invertido su función.

Esto convierte los derechos de las mayorías en ilegales, es decir que el derecho de la mayoría a defenderse de una minoría delictiva deja de ser un derecho para convertirse en un delito. Es el Estado al revés. Y entonces todo se invierte: se utiliza la fuerza para proteger a aquellos que atentan contra la sociedad y para impedir a ésta la puesta en acto de los derechos de la mayoría.

3. La dictadura de las minorías.

Si el Estado cede frente a una minoría delictiva que secuestra los derechos de la mayoría y exige que se le pague con viviendas como rescate; el método habrá demostrado su eficacia y el acto delictivo se repetirá tantas veces como minorías dispuestas a delinquir para obtener sus objetivos haya.

El Estado en tanto acto no será ya no la expresión del consenso de las mayorías sino de los deseos de las minorías. Cuando una minoría puede imponer su voluntad a la mayoría se está entonces frente a una dictadura. En este caso la dictadura de las minorías.

4. Reprimir o ceder, that is the question.

Se dice que no se debe criminalizar la pobreza, y es correcto. Ser pobre no es sinónimo de delincuente. Pero también, y con igual fuerza, la pobreza no debe legitimar el crimen.

Frente a un secuestro extorsivo las autoridades tienen dos opciones, y solo dos: ceder a las demandas del secuestrador o reprimir con la fuerza del estado. Cada una tiene su precio, o sus precios, porque ambas afectan en varias dimensiones al mismo tiempo.

Hay un parque secuestrado junto con los derechos de los habitantes de ese barrio a usar ese parque. Hay un grupo que lo ha secuestrado. Hay un rescate pedido: viviendas para cuatro mil personas. Y los secuestradores lo han dicho: no devolverán el parque y los derechos de los vecinos hasta que no se les pague el rescate.

¿Ceder o reprimir?

Reprimir, usar la fuerza del estado para desalojar el parque, le produciría al gobernante que tome esa decisión un costo político al interior del electorado progresista, sería criticado por algunos medios, aplaudido por otros. Y también le otorgaría un mejor posicionamiento en el sector más duro de la población. La decisión entonces, desde el cálculo político, pasaría por definir cuál de los dos sectores tiene mayor peso electoral.
Desde la mirada ideológica si esta prioriza las necesidades de las minorías y esto funda el estilo de una gestión, reprimir seria una contradicción. Y el riesgo de víctimas fatales haría imposible tomar esa decisión.

En síntesis, reprimir siempre tendrá un costo u otro para el gobernante que lo decida. También un beneficio. Pero por sobre todo implica decirle a la sociedad que el estado está presente y la ley en vigencia. O sea defender a la mayoría frente a una minoría delictiva.

Ceder, pagar el rescate, recuperar el parque y los derechos de los vecinos, implica de una manera rotunda legitimar el secuestro, legitimar la metodología, decirle a la sociedad que el estado puede ser chantajeado, que el delito prospera y es impune a condición de ser pobre.

Implica también la posibilidad cierta de que los secuestros se reproduzcan indefinidamente. Pero por sobre todo implica romper el contrato social sobre el que se construye la sociedad.

Así, ceder o reprimir consiste en una elección de hierro entre garantizar la vigencia del estado de derecho pagando un particular costo político o suspender temporalmente esa vigencia pagando otro costo político.
Claro, se podría decir que el “dialogo” constituye una tercera opción. Pero esto es un eufemismo, casi un insulto a la inteligencia, para pactar las condiciones de entrega del rescate sin llamarlo rescate.

¿En que podría consistir ese dialogo? ¿De qué hablarían las partes sino de lo que los secuestradores piden para devolver lo secuestrado … o sea las condiciones de rendición del Estado.

5. Los cuatro actores y quizás sean algunos mas.

“Ocupas” y “Vecinos”; son los actores en el nivel biológico del enfrentamiento. Allí están los cuerpos y la violencia física.
Gobierno Nacional y Gobierno de La Ciudad; son los actores a nivel político. Allí están en juego porciones de poder y prestigio.

Estos son los cuatro actores visibles, pero también hay otros intereses en juego. Las madres tienen allí en construcción un monoblock de departamentos. La CCC repentinamente vuelve a ser mencionada en la primera plana de los diarios. Sus dirigentes recobran un poco de prestigio. Y también hay intereses más siniestros: ¿Cómo verán la llegada de estos nuevos moradores los traficantes del barrio que, como todo barrio porteño, los tiene? Los verán como potenciales clientes de paco o como potenciales competidores?

6. El parque de las paradojas que se bifurcan.

Sería cómico si no fuese trágico. El Gobierno Nacional que se niega a desalojar por la fuerza y retiró a la policía, habilitando con ese mismo acto a los “Vecinos” a que intenten ellos un desalojo por la fuerza.
El Gobierno de la Ciudad, que quiere el desalojo por la fuerza, les pide a los vecinos que no usen la fuerza propia para desalojar el parque.
Los “Ocupas”, desde el acto delictivo mismo que implica la negación del estado de derecho, reclaman sus derechos.

Los “Vecinos”, que piden la intervención del Estado, atacan a la policía y a las ambulancias de la Ciudad.

¿Cómo conciliar el desalojo que garantice las viviendas sin usar la fuerza, y los derechos de los “vecinos”, al mismo tiempo que no se cede salvaguardando la potestad del Estado?

Por último, mientras todo esto sucede el conjunto de la sociedad, esos millones de ojos que miran y que todo lo ven, se preguntan perplejos, con una mezcla de terror e indignación, si puede haber ley sin muertos o si finalmente las minorías tienen más poder que el Estado; si el camino a una vivienda propia pasa por el esfuerzo, el ahorro y un imposible crédito hipotecario o si es más conveniente secuestrar un parque.