La trama se escenifica en Miami. La historia involucra a un ex congresista cubano-americano de Miami que se reveló como agente venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, a la petrolera estatal PDVSA, a un sospechoso abogado y a la justicia de Florida. 

El protagonista es David Rivera, un excongresista del Partido Republicano que nació en Nueva York pero vivió por décadas en Florida. Rivera fue arrestado en diciembre pasado, acusado de lavar de dinero y de representar a un gobierno extranjero -el de la Venezuela de Nicolás Maduro- sin registrarse. 

De acuerdo con la acusación de la fiscalía estadounidense, Rivera participó en una conspiración para hacer lobby a favor del gobierno de Maduro, no solamente para mejorar las relaciones bilaterales, sino también para solucionar una disputa entre Caracas y una petrolera estadounidense; así como para poner fin a las sanciones económicas de Washington.

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Pero la ley de EE.UU. establece que quienes realizan labores de lobby a favor de gobiernos extranjeros deben registrarse ante las autoridades como "agentes extranjeros" y, según la fiscalía, Rivera no lo hizo. El período en el que este personaje actuó fue desde el inicio de la administración de Donald Trump hasta 2019. 

Las relaciones entre Rivera y el gobierno de Maduro salieron a la luz después de que Trump reconociera como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Esa decisión le otorgó a este el control sobre los activos venezolanos en Estados Unidos, incluyendo los de la petrolera estatal PDVSA.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Rivera hizo lobby a favor del gobierno de Maduro para mejorar las relaciones bilaterales y solucionar una disputa entre Caracas y una petrolera estadounidense. 

La investigación menciona reuniones que Rivera habría tenido en Washington, Dallas y Nueva York con senadores, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca, y aliados del venezolano Maduro, ninguno de los cuales fue identificado.

David Rivera, en su tiempo de congresista republicano. 

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Para enmascarar su trabajo, la fiscalía afirma que Rivera se refería a Maduro en mensajes de chat como el "conductor de autobús", a un congresista como "Sombrero" y a los millones de dólares como "melones".

Ahora, según reveló el Miami Herald, Rivera pidió viajar a Venezuela. El planteo lo hizo ante la corte federal del Distrito Sur de la Florida, con sede en Miami. ¿Con qué objetivo? Reunirse con el abogado y empresario chavista Raúl Gorrín.

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Pero resulta que Gorrín enfrenta cargos de conspiración, corrupción y lavado de dinero en Miami. El abogado Gorrín es además un magnate de los medios de televisión con conexiones políticas en Venezuela. Tiene importantes inversiones inmobiliarias en el área de Miami, todas las cuales han sido congeladas por los federales. Gorrín es considerado un fugitivo por los fiscales en Miami. 

El pedido de Rivera enfrenta otra dificultad. El ex congresista necesitaría que le devolvieran su pasaporte estadounidense confiscado. En una nueva presentación judicial, Rivera argumenta que quiere consultar a Gorrín para que lo ayude en su caso. Las autoridades estadounidenses alegan que Gorrín era en realidad un subcontratista en el acuerdo de consultoría de Rivera con la petrolera estatal PDVSA.

La trama se da en un momento de tensión particular entre Venezuela y el Estado de Florida. Desde el 1 de julio rige una legislación, impulsada por DeSantis, que impide que ciertos ciudadanos extranjeros compren lo que el Estado considera tierras estadounidenses sensibles 

Rivera fue representante en el Congreso hace una década, pero fue elegido como miembro del Comité Republicano en el condado de Miami-Dade en 2020. Pese a los problemas judiciales que enfrenta, este lobista de alto vuelo asegura que está considerando postularse para la Cámara de Representantes en Florida. La corte federal de Miami todavía no dio una respuesta a la petición de Rivera.

La trama de espionaje se da en un momento de tensión particular entre Venezuela y el Estado de Florida. Desde el 1 de julio rige una legislación, impulsada por Ron DeSantis, que impide que ciertos ciudadanos extranjeros compren lo que el Estado considera tierras estadounidenses sensibles. ¿A qué países apunta DeSantis? Centralmente, a China. Pero la ley también prohibe a los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria comprar tierras de cultivo o cualquier propiedad dentro de las 10 millas de una instalación militar, un puerto marítimo o un aeropuerto.