Julie Su divide aguas. Mientras grupos empresariales advierten que la funcionaria de California que el presidente Joe Biden nomina para secretaria del Trabajo tiene antecedentes de incompetencia, la mayor organización sindical en el país dice que se trata de la mejor elección para defender los derechos laborales.

Esos dos sectores se enfrentan ante la nominación de Su fuera del senado, donde el senador democrata Joe Manchin dejó trascender sus reservas sobre la candidata del presidente. Alineado muchas veces con los republicanos, el senador de Virginia Occidental suele definir las batallas en la cámara alta.

Pese al triunfo de noviembre pasado, la mayoría demócrata del Senado sigue siendo fragil porque la senadora democrata de California Dianne Feinstein está ausente y Kyrsten Sinema hace cotizar su influencia ahora desde una bancada independiente. Por eso, Su tiene que convencer a todos los demócratas en la lista para que la voten.

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Lo que más salta a la vista de los grupos y legisladores es que Julie Su dirigió durante la pandemia el Departamento de Trabajo de California, que permitió fraudes a cheques de desempleo calculados en $11,000 millones de dólares, y ahora es la nominada del presidente para dirigir el Departamento de Trabajo a nivel nacional.

El Departamento del Trabajo de California, del que depende a su vez el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD), tuvo a su cargo pagar cheques por seguro de desempleo a millones de californianos que se quedaron sin trabajo por la contingencia sanitaria.

Julie Su, la ex funcionaria de Newsom que Biden quiere en Trabajo. 

AP

El EDD envió, por ejemplo, $400 millones de dólares en cheques de desempleo a presos de 58 cárceles en el estado, personas que por estar detenidos hace años que no trabajan y por lo tanto tampoco acaban de quedar desempleados. En la lista de beneficiados, aparecía inclusive más de cien condenados a muerte en California.

Todavía ahora el EDD averigua dónde quedó parte del capital que cobraron presos o personas que los conocían y tenían su información financiera y plagiaron su identidad fiscal. Se calcula que otros $7,000 millones se perdieron en fraudes fuera de las prisiones del estado.

El Departamento del Trabajo de California tuvo a su cargo pagar cheques por seguro de desempleo a millones de californianos que se quedaron sin trabajo por la contingencia sanitaria.

Hace dos semanas, una corte federal en Los Ángeles sentenció a 24 años de prisión a Edward Kim, quien había cometido fraudes a la ayuda por la pandemia por $5,5 millones de dólares, incluidos $360,000 en cheques de desempleo que consiguió al usar identidades de presos. También distribuía drogas.

Pero los fraudes al desempleo son solo parte de los argumentos de quienes se oponen a que la ex funcionaria del gobernador Gavin Newsom ahora esté postulada para el cargo federal de secretaria del Trabajo.

Bajo su administración, se retrasaron pagos legítimos de desempleo a al menos cinco millones de trabajadores californianos que sí perdieron sus puestos por la pandemia y necesitaban ayuda, y nunca pagaron a cuando menos un millón de desempleados que merecían y necesitaban de esa ayuda.

El gobierno de California ha tratado de desviar la culpa al describir los fraudes en los beneficios de desempleo como parte de un problema nacional. Pero críticos como el legislador estatal republicano de California Kevin Kiley han apuntado a la candidata de Biden y han responsabilizado a la funcionaria por el desempeño. Kiley la describió como "un fracaso estatal que asciende a un puesto federal".

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En línea con los republicanos, aparece el punto de vista de los empresarios. "Su tiene un historial desastroso como funcionaria pública, no tiene experiencia práctica con el sector privado y con frecuencia ha adoptado puntos de vista y posiciones radicales; cualquier factor la convertiría en una opción cuestionable para ocupar un puesto en el gabinete", dijo Sean Higgins, investigador del Instituto para la Empresa Competitiva.

Ese instituto instó al senado de mayoría demócrata a rechazar a la funcionaria nominada por el presidente Biden bajo la advertencia de que generará problemas para el Departamento del Trabajo.

Como secretaria en California, Su también apoyó la ley estatal AB5 que buscaba impedir que las empresas de transporte por plataformas de aplicaciones tuvieran grandes ingresos, pero que -según sus detractores- llevó a la ruina a muchos otros sectores. 

La ley quería que los prestadores independientes de servicios, como los conductores de Uber, solo pudieran realizar cinco trabajos o viajes por mes y la opción era que las empresas contrataran y otorgaran todos los beneficios de ley.

La AB5 dejó sin empleo a periodistas, investigadores, fotógrafos, camarógrafos y a muchas otras personas que trabajaban por su cuenta. Los mismos autores de la ley tuvieron que aprobar casi un año después cambios que dejaron la legislación sin efecto.

Julie Su apoyó en California la ley estatal AB5 que buscaba impedir que las empresas de transporte por plataformas de aplicaciones tuvieran grandes ingresos, pero que -según sus detractores- llevó a la ruina a muchos otros sectores. 

En contraste, la dirigente nacional sindical Liz Shuler hizo una defensa encendida de la candidata de Biden. "No hay nadie más dedicado y calificado para defender los derechos fundamentales de los trabajadores que Julie Su", afirmó.

Shuler preside la Asociación de Federaciones Laborales-Congreso Internacional de Organizaciones (AFL-CIO), que es la más extensa organización laboral en el país.

"Su se ha distinguido como una luchadora de principios por los derechos básicos de todo trabajador, sin importar de dónde seamos o qué tipo de trabajo hagamos. En este momento crucial de la historia, ese es precisamente el liderazgo que el pueblo trabajador de Estados Unidos necesita en su próximo secretario de trabajo", dijo Shuler.