Entre los ambiciosos planes que se fijó a sí mismo en un eventual regreso al poder, Donald Trump pretende remodelar en forma radical el gobierno federal, eliminar importantes agencias gubernamentales y despedir a decenas de miles de trabajadores. Obsesionado con el "deep state" que -según denuncia- manejan los demócratas, Trump tiene diseñado desde hace tiempo un proyecto para expulsar a los funcionarios de gobierno que no comparten sus ideas y reemplazarlos en tiempo récord por tropa propia y leal.

La administración Biden lo sabe y por eso prepara una contraofensiva para frustrar los planes de Trump. La Oficina de Gestión de Personal, principal agencia de recursos humanos del gobierno federal, finalizará en abril una norma que prohíbe la reclasificación de decenas de miles de trabajadores para que puedan ser despedidos con facilidad. De ser aprobada, el próximo presidente tardaría así meses o años para desarmar el cepo que le atará las manos. La información fue confirmada a la agencia AP por el portavoz de la OPM, Viet Tran.

Al final de su mandato, Trump buscó reclasificar a miles de los más de 2 millones de empleados federales, despojándolos de protecciones laborales y convirtiéndolos en empleados a voluntad bajo una nueva clasificación conocida como "Anexo F". Alrededor de 4.000 empleados federales ahora se consideran designados políticos y normalmente cambian con cada administración. La creación del Anexo F podría haber aumentado esa cifra más de diez veces. Biden revocó esa orden, pero Trump dice que la revivirá si gana.

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La purga de funcionarios de Trump tiene incluso un nombre, "Proyecto 2025", y fue elaborado por la Fundación Heritage. Su presidente, Kevin Roberts, declaró ante The New York Times Magazine que quiere ver "destrucción" en el gobierno.

Para la campaña de Biden, el tema es tan incómodo como urgente. Prefieren no reconocer el trabajo sigiloso que pusieron en marcha para frustrar los planes de Trump porque eso significaría admitir lo peor, la posibilidad cierta y concreta de que Biden pierda las elecciones. Sin embargo, la disputa por la gran purga que prepara Trump está sobre la mesa.

 La creación del Anexo F que Trump creó al final de su mandato lo autorizaba a aumentar en más de diez veces la cantidad de 4000 empleados federales que cambian con cada administración. Biden derogó la norma, pero promete volver a aplicarla.   

"Él ya está telegrafiando jugadas sacadas directamente del manual autoritario: desmantelando el servicio civil de personas que considera desleales y planeando venganza contra sus enemigos políticos", declaró Kevin Muñoz, el portavoz de la campaña de Biden. Pero enseguida se esforzó por llevar tranquilidad, aunque sin lograrlo. "Hay una manera de detener los planes peligrosos y antiestadounidenses de Trump: reelegir al presidente Biden", afirmó.

AP

La ofensiva de un Trump que se sueña todopoderoso en un eventual regreso al poder pone de manifiesto una vez más las diferencias entre Biden y Barack Obama por la respuesta que deben dar los demócratas. Ex asesor principal de ética de Obama, Norm Eisen sostiene que Biden debe emitir órdenes ejecutivas para limitar el uso del ejército a nivel nacional, una forma de frustrar otro de los grandes objetivos de Trump, el envío de tropas a la frontera sur.

Ya en septiembre, la OPM propuso la regla que dificultaba la reclasificación de los empleados y permitía que cualquiera que pasara a un posible "Lista F" mantuviera sus protecciones contra el despido. "permiten que el personal de carrera típicamente muy liberal obstaculice las políticas conservadoras".

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Los republicanos sostienen que la fuerza laboral federal está polarizada ideológicamente y advierten que la reglamentación de Biden ataría de manos a un presidente como Trump, que tiene proyectos distintos a los que la burocracia está dispuesta a implementar.

Además de llevar tiempo deshacerlas, las normas federales también pueden ser la base de demandas, cientos de las cuales se presentaron para frenar las prioridades de Trump en temas como la inmigración y el medio ambiente.

Los republicanos sostienen que la fuerza laboral federal está polarizada ideológicamente y advierten que la reglamentación de Biden ataría de manos a un presidente como Trump, que tiene proyectos distintos a los que la burocracia está dispuesta a implementar.

Los defensores dicen que Biden tiene más opciones para frustrar una administración Trump, desde promover acuerdos de negociación colectiva ampliados con el personal federal hasta comenzar la complicada tarea burocrática de designar más puestos gubernamentales como dedicados a políticas, lo que haría más difícil despedir a los trabajadores.