
Con filiaciones distintas pero posturas en común, dos pesos pesados de la polÃtica exterior estadounidense coincidieron en los últimos dÃas en un tema sensible para la Casa Blanca. El senador demócrata Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y el halcón republicano Elliott Abrams incrementaron la presión bipartidista sobre Joe Biden y le reclamaron que aumente las sanciones contra el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela.
Menendez volvió a marcar sus diferencias con Joe Biden y presentó la semana pasada un proyecto legislativo en apoyo a "la Restauración de la Democracia en Venezuela". Se trata de un proyecto de ley que constituye un refuerzo a la Ley Verdad, promulgada en 2019 y que reúne distintas iniciativas que coinciden en reclamar de manera amplia el regreso a la democracia en Venezuela.
"Esta propuesta de ley para expandir el efecto de la ley VERDAD les dará esperanza a los venezolanos y servirá como una advertencia a los regÃmenes tiránicos de todo el mundo de que los Estados Unidos no permitirá que sus acciones opresivas continúen sin consecuencias", indicó el legislador en un comunicado.
El senador demócrata Nueva Jersey es desde hace décadas un reconocido anticastrista y tiene entre sus objetivos prioritarios la demanda de que Estados Unidos intervenga en Cuba y Nicaragua con la presentación de proyectos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
El proyecto legislativo promete fijar como ley el programa de recompensa del Departamento de Estado contra Maduro y su cÃrculo de colaboradores más estrechos. También pide que Washington se sume al racimo de sanciones contra funcionarios de Caracas que ya han emprendido Canadá y la Unión Europea.
Además, promueve el apoyo a programas humanitarios para asistir a refugiados venezolanos con decenas de millones de dólares y sugiere suspender la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a terceros paÃses.
Pero entre sus ejes más destacados, la ley de Menendez pide reforzar las sanciones de Washington contra Caracas y fortalecer las respuestas del gobierno contra Venezuela.
Entre los fundamentos, Menéndez coincide con el republicano Abrams en citar las últimas medidas de Maduro contra sus opositores, en especial la inhabilitación de la candidatura de MarÃa Corina Machado, la candidata del antichavismo, que aparecÃa con chances de pelear en las elecciones presidenciales. Además, menciona la prohibición a que observadores electorales internacionales llegaran al paÃs y la disolución del Consejo Nacional Electoral.
En un texto publicado la semana pasada, Abrams redobló la apuesta contra Biden, el mismo presidente que acaba de proponerlo para integrar una comisión bipartidista clave que asesora a la Casa Blanca en polÃtica exterior. Abrams retomó en su columna de opinión gran parte de los argumentos que habÃa desplegado hace dos meses, en diálogo exclusivo con LPO.
El ex funcionario de Ronald Reagan, George W. Bush y Donald Trump planteó en su documento que Biden retrocede sin ganar nada a cambio y lo hace guiado sobre todo por los intereses de las grandes petroleras estadounidenses como Chevron. Para Abrams, quien fue condenado en Estados Unidos por su actuación en la operación Irán-Contras y recibió un indulto de Trump, la administración Biden tiene una polÃtica fallida polÃtica en relación a Venezuela y sigue apostando a que el régimen de Maduro abrace un compromiso democratico cuando lo unico que hace es incrementar la represión sobre sus opositores.
Abrams cita una información que dio la agencia Reuters el 23 de agosto y a su criterio confirma el error de la administración demócrata. Reuters informó que "funcionarios estadounidenses están redactando una propuesta que aliviarÃa las sanciones al sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más compañÃas y paÃses importen su petróleo crudo, si la nación sudamericana avanza hacia una elección presidencial libre y justa...".
Ya en noviembre de 2022, la administración Biden habÃa otorgado a Chevron una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de casi tres años de sanciones estadounidenses que habÃan frenado todas las actividades de perforación. Se suponÃa, dice Abrams, que eso incentivarÃa las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones.
Abrams menciona además la decisión del 21 de agosto, cuando el gobierno de Maduro lanzó una orden de arresto para el lÃder opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas que vive exiliado en España. Ledezma es un partidario y asesor clave de Corina Machado.
El 23 de agosto, la Asamblea Nacional designó a Elvis Amoroso para liderar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Amoroso, apunta Abrams, es el Contralor General que viene de descalificar las candidaturas de la mayorÃa de los lÃderes de la oposición, desde Machado hasta Leopoldo López y Juan Guaidó. El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó como parte de un grupo "asociado con socavar procesos electorales, censura de medios o corrupción en programas alimentarios administrados por el gobierno en Venezuela".
AsÃ, en una semana tenemos titulares como "Estados Unidos en conversaciones con Venezuela sobre alivio de sanciones a cambio de elecciones justas" de Bloomberg y las respuestas desdeñosas e incluso humillantes del régimen de Maduro, demostrando una y otra vez que no habrá elecciones justas .
Sin embargo, la farsa continúa, como si la administración Biden realmente creyera que Maduro permitirá elecciones libres. Pero tal vez "farsa" sea la palabra equivocada, porque no hay nada divertido en la polÃtica de la administración. EnvÃa una señal clara al régimen y a la oposición de que la administración quiere firmemente (¿desesperadamente?) un acuerdo y comprometerá los derechos polÃticos de los venezolanos para lograrlo. Al parecer, el petróleo pesa más que los derechos humanos cuando se trata de la polÃtica de la administración Biden en Venezuela.
Para los crÃticos de la polÃtica exterior de Estados Unidos, la fusión de Bob Menendez y Elliot Abrams no hace más que confirmar una postura de enemistad y agresión en la que demócratas y republicanos coinciden contra Cuba y Venezuela.
El proyecto también incluirÃa una cláusula adicional: plantea que si en los seis meses siguientes a la promulgación de la ley no se alcanza una solución negociada para "restaurar la democracia en Venezuela", se deberá advertir de consecuencias bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado sobre Nicolás Maduro y otros funcionarios. Menéndez reclama sanciones en Estados Unidos a todas las personas previamente penadas por Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido. Además, le pide al Departamento de Estado, que emita públicamente una determinación sobre si el gobierno de Maduro ha perpetrado crÃmenes de lesa humanidad.
Menéndez rechaza categóricamente cualquier propuesta de levantar sanciones a Cuba y Venezuela, el polÃtico estima, que, retirar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela solo "traicionarÃa nuestros valores democráticos y empoderarÃa aún más a dictadores criminales".
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