El altísimo costo de la vivienda en California no repara en excepciones. Aunque el objetivo del estado demócrata es preservar a los sectores de menos ingresos, el aumento de los alquileres que se registró en California en el último año parece haber arrasado con cualquier garantía. Los alquileres para inquilinos de viviendas de propiedad privada y personas de bajos ingresos se dispararon y algunos experimentaron una suba de hasta el 25 por ciento en sólo 13 meses. Se trata de una población de riesgo donde los latinos son absoluta mayoría.

El origen del problema se remonta a 2019, cuando la vivienda privada asequible fue excluida de un proyecto de ley ordenó fijar un techo de 10% anual a los aumentos de alquiler en California. Los legisladores estatales decidieron que las personas de bajos ingresos, que tienen sus propias reglas, quedaran al margen del beneficio. Sin embargo, la inflación provocó en los últimos tiempos aumentos desproporcionados en sus alquileres y ni siquiera la reciente baja que informó la Oficina de Estadisticas Laborales -3,1% en los últimos 12 meses- logró atenuar el impacto en el estado que gobierna el demócrata Gavin Newsom.

Cuando los legisladores de California aprobaron el tope general de alquileres con el objetivo de proteger a los inquilinos de aumentos grandes y frecuentes, quedaron al margen 350 mil unidades reservadas para los inquilinos más pobres del estado.

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Había razones: las viviendas para personas de bajos ingresos generalmente se construyen con subsidios públicos y créditos fiscales federales que ya imponen límites máximos de alquiler a los propietarios. Algunas de esas viviendas, además, están administradas o supervisadas por agencias locales de vivienda pública.

Pero las cosas no salieron como se planeaba. La inflación en los alquileres no sólo no cede sino que sigue creciendo y ahora los residentes de algunas de esas unidades han visto dispararse sus costos a pesar de ser exactamente el grupo demográfico que la ley buscaba proteger.

Cuando los legisladores aprobaron el tope general de alquileres para proteger a los inquilinos de los aumentos, quedaron al margen 350 mil unidades reservadas para los más pobres del estado.

La ley de 2019, conocida como Ley de Protección de Inquilinos, prohíbe a los propietarios aumentar los alquileres más de una determinada cantidad (10% este año, aunque normalmente es menos) y más de una vez al año.

Según publicó Cal Matters, los inquilinos de bajos ingresos como Miguel Contreras están viviendo una situación inédita. Mecánico de 53 años, Contreras se sorprendió cuando abrió una carta de su arrendador esta primavera que decía que el alquiler aumentaría un 17%, de $1,828 a $2,138 mensuales. El departamento de dos habitaciones en San José donde vive fue financiado en 2006 con créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y reservado para inquilinos que ganan menos que el promedio. Hay un límite máximo de alquiler, pero el apartamento no está sujeto a límites estatales o locales sobre la rapidez con la que puede crecer el alquiler.

AP

El relato de Contreras es contundente. Después de vivir en su apartamento durante más de dos décadas y sobrellevar sin dificultadee modestos aumentos de alquiler de alrededor de $50 al año, la pandemia lo puso en una situación inédita. En los últimos dos años, en California, los aumentos se descontrolaron como nunca.

Cuando entró en vigor el último aumento en julio pasado, Contreras pagaba un 25% más que apenas 13 meses antes, según documentos que publicó Cal Matters. Como en otros casos, el alquiler le consume más de la mitad de lo que gana cada mes y ni siquiera el trabajo extra que hace los domingos le resulta suficiente para hacer frente a los incrementos.

Los latinos se encuentran con una situación delicada porque no pueden pagar los alquileres pero tampoco están en condiciones de salir a buscar un departamento nuevo. Los propietarios siempre son más exigentes con los nuevos inquilinos y exigen más garantías y mayores pagos cuando inician un contrato con un desconocido.

Con la ayuda de la Red Regional de Organización de Inquilinos, los residentes de varios edificios de viviendas para personas de bajos ingresos se dirigieron a la oficina del propietario en Newport Beach para protestar.

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La empresa KDF Communities, dueña de siete edificios de apartamentos en el área de San José y 40 en todo California, cerró sus oficinas y se negó a reunirse con los inquilinos y a responder ante las consultas periodísticas.

Para aliviar las preocupaciones de que las regulaciones serían una carga para los propietarios pequeños o familiares, los legisladores crearon exenciones para viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos con solo dos unidades si el propietario vive en la otra. También para las situaciones en las que alguien alquila una habitación en la casa del propietario, las viviendas asequibles con escritura restringida o las viviendas que reciben cualquier tipo de financiación gubernamental para albergar a inquilinos de bajos ingresos.

Los latinos se encuentran con una situación delicada porque no pueden pagar los alquileres debido a las subas pero tampoco están en condiciones de encontrar fácilmente un departamento nuevo que les resulte más asesquible. 

En los últimos dos años, la inflación, el aumento de los costos de los seguros y el hecho de que muchos inquilinos no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia llevaron los aumentos a niveles inconcebibles para personas de bajos ingresos.

En muchos casos, las viviendas asequibles ya están sujetas a restricciones federales sobre el alquiler, al impedir que a los inquilinos se les cobre más del 30% de sus ingresos. Pero en las unidades financiadas con créditos fiscales, las restricciones no están vinculadas al ingreso individual del inquilino sino al ingreso medio local, una cifra calculada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos cada año.

Otros nueve estados, incluidos Nueva Jersey, Wisconsin, Montana y Oregón, limitan los alquileres de las propiedades financiadas con créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos. Mientras algunos limitan los aumentos a una vez al año, otros restringen las subas anuales al 5%.