
Kole Paterson, un joven residente de San Diego de 18 años, había asistido a una reunión donde compró a un distribuidor "dos de las azules", dos pastillas de oxicodona, un potente analgésico que en ocasiones los médicos recetan para reducir dolores insoportables. Paterson murió por una sobredosis, pero no a causa de la oxicodona, sino del fentanilo con que habían contaminado las dos pastillas azules.
José Daniel Ramírez, de 21 años, la persona que le vendió las patillas, al enterarse de la muerte del joven cambió su número telefónico. Los investigadores de seguridad nacional lograron rastrearlo y semanas más tarde, con una orden de cateo, encontraron en su domicilio otras 2,600 pastillas azules. También hallaron dos armas de fuego Glock cargadas y 250 municiones. Ramírez declaró a las autoridades que él desconocía que las pastillas tenían fentanilo hasta que supo de la muerte de Paterson por sobredosis.
La fiscal de distrito en San Diego, Summer Stephan, dijo que experiencias como esa se han vuelto más comunes en los últimos años. Tan solo en el 2023 murieron en San Diego por sobredosis de fentanilo 800 personas. Más de dos residentes por día en una comunidad.
La colega federal de Stephan, Tara McGrath, declaró en conferencia que autoridades locales y federales cargan "un gran peso" sobre sus hombros. "Cargamos con el peso de la adicción, cargamos con el peso de las muertes y cargamos con el peso del miedo entre nuestras comunidades", afirmó.
Mc Grath, Stephen y otros funcionarios hablaron durante un recorrido que el fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó en la frontera sur para revisar los recursos contra el fentanilo y ajustar planes interinstitucionales contra el tráfico y distribución de ese opioide sintético.
De acuerdo con Bonta, las intercepciones de fentanilo en el área se han disparado. En el 2020 las autoridades incautaron en los puertos que de entrada que unen con México unas 4,790 libras de fentanilo. Para el 2023, las incautaciones ya habían aumentado en más de 500 por ciento a por lo menos 27,000 libras. Esa cantidad se traduce en alrededor de 11 millones y medio de pastillas contaminadas con fentanilo y unos tres kilogramos de fentanilo en polvo.
De acuerdo con Bonta, ahora hasta el 61 por ciento de todas las confiscaciones de fentanilo que entran al país son registradas en la frontera de California, en los puertos de entrada o garitas. Si se suman las del vecino estado de Arizona, las incautaciones aumentan al 87 por ciento de todos los intentos de ingresar fentanilo a Estados Unidos.
Los traficantes no buscan como destino final a ciudades en la frontera como San Diego, sino continuar el tráfico a otras regiones. Sin embargo, en el camino el opioide causa devastación. Durante esos mismos años del 2020 al 2023, las muertes por sobredosis de fentanilo tan solo en San Diego aumentaron en más de 2,375 por ciento.
Y este año no ha sido diferente. Según cifras del Departamento estatal de Justicia, en los tres primeros meses del año se incautaron casi 12 millones de pastillas contaminadas con fentanilo, cuatro libras de fentanilo en polvo, y las autoridades de diversas agencias del orden han arrestado a unos 300 sospechosos, solo en el fronterizo condado de San Diego.
Todos los funcionarios en el recorrido informaron que se enfocan en combatir a las organizaciones que trafican el fentanilo. Mencionaron principalmente a los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bonta anunció fortalecimiento a grupos interinstitucionales que se enfocan exclusivamente contra el tráfico y distribución de fentanilo. "Nuestro trabajo no se detendrá hasta que desaparezcan las muertes por fentanilo ilícito. Investigaremos a los traficantes, desmantelaremos las redes de tráfico y continuaremos previniendo muertes por sobredosis mediante la interdicción del fentanilo ilícito", advirtió. Además, aseguró que "aquellos que introduzcan este veneno en el estado pueden esperar ser procesados y se les hará responsables por la muerte y la devastación que han causado".
Desde ahora se han formado grupos de trabajo que integran a policías locales con agentes federales antinarcóticos, de investigaciones federales y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que es la primera línea en las garitas. Bonta explicó que la formación y refuerzo de esos grupos cuenta con financiamiento del gobierno federal. San Diego en la frontera con Tijuana, México, es considerado el epicentro de la crisis de fentanilo, la principal entrada de ese opioide al país.
Please do not cut or paste our notes on the web, you have the possibility to redistribute them using our tools.