La administración demócrata busca mostrar permanentemente que no está paralizada frente a la crisis migratoria. Si bien el proyecto de reforma bipartidista sigue empantanado en el Congreso, principalmente porque el trumpismo no quiere "regalarle" una aprobación consensuada a Joe Biden, el gobierno anuncia micro-medidas y analiza planes B frente a la presión en la frontera sur. La Casa Blanca incluso evalúa endurecer los controles y acciones federales sin pasar por el Congreso.

El Departamento de Estado acaba de implementar una nueva política de restricción de visas. Los apuntados esta vez son los dueños y ejecutivos de empresas de vuelos chárter, barcos y camiones que brindan servicios de transporte a quienes planean entrar sin papeles a los Estados Unidos. La medida amplía una tomada en noviembre pasado contra las empresas de vuelos chárter de Nicaragua. Compañías que a su vez suelen cobrar precios extorsivos, al ser un eslabón de la inmigración ilegal.

"Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos.Por la vía diplomática trabajamos con nuestros socios internacionales con esta agenda en común", afirmó la asesora principal del presidente en Migración y Coordinación de la Frontera Suroeste, Emily Mendrala. La funcionaria de Biden se lo dijo a LPO y otros medios. 

Desfinanciado, el Control de Aduanas amenaza con ordenar liberaciones masivas de migrantes detenidos

Los empresarios bajo la lupa son, por ejemplo, algunos que operan sistemáticamente vuelos privados desde Cuba a Managua. "Muchos de esos no son por turismo, sino un intento de facilitar la migración ilegal a los Estados Unidos", reveló Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado para América Central. Y agregó que el gobierno demócrata está escrutando a cada compañía para averiguar si son un eslabón previo de inmigración irregular. 

Para obtener tal información, el Departamento de Estado pide información a sus aliados en la región. Jacobstein además confirmó que el barrido preventivo incluye el control sobre redes sociales e influencers que participan de la red migratoria.

El Departamento de Estado acaba de implementar una nueva política de restricción de visas. Los apuntados esta vez son los dueños y ejecutivos de empresas de vuelos chárter, barcos y camiones que brindan servicios de transporte a quienes planean entrar sin papeles a los Estados Unidos

El funcionario argentino Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, negó que exista una política de fronteras abiertas. Al contrario, recordó que, desde el 12 de mayo pasado, cuando terminó la emergencia restrictiva del Título 42, el gobierno concretó más de 530.000 retornos, repatriaciones y expulsiones. Se trata de una cifra récord para ese período de tiempo.

Respecto a un plan alternativo al proyecto de reforma frenado en el Senado, Núnez Neto le respondió a LPO que "siempre miramos nuestras autoridades ejecutivas y vemos qué se puede hacer. Ya tomamos acciones fuertes y serias para lidiar con el problema que ocurre en Estados Unidos y en todo el mundo". Y reiteró su pedido a la oposición republicana para que apruebe nuevos fondos para los controles migratorios. 

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Mientras tanto, uno de los departamentos que evalúa alternativas es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ICR consideró internamente la posibilidad de liberar miles de personas capturadas y reducir drásticamente su capacidad para retener detenidos. La mayoría de los detenidos bajo custodia de ICE no son inmigrantes arrestados en ciudades de Estados Unidos por delitos, sino recién llegados sin papeles a la frontera con México. Esas personas quedan a la espera de ser deportadas, de recibir un fallo judicial (favorable o no) o de calificar para las políticas de asilo de la administración de Joe Biden.

Nosotros siempre tenemos la obligación de considerar planes de contingencia, de ver qué haríamos si no tenemos los fondos. Pero no hay un plan concreto de liberar inmigrantes por parte del ICA. Es complicado y difícil porque implica sacar plata de otras prioridades, pero son acciones que podemos hacer si el Congreso no cumple su rol y papel

Pero el subsecretario de Política Fronteriza descartó que esa hoja de ruta se vaya a aplicar en el corto plazo. "Nosotros siempre tenemos la obligación de considerar planes de contingencia, de ver qué haríamos si no tenemos los fondos. Pero no hay un plan concreto de liberar inmigrantes por parte del ICA", aseguró. 

Frente al desfinanciamiento de esa dependencia, Núñez-Neto explicó que se liberarán fondos de otros sectores del Estado federal para cubrir los gastos del ICE. "Es complicado y difícil porque implica sacar plata de otras prioridades, pero son acciones que podemos hacer si el Congreso no cumple su rol y papel", advirtió ante este medio.  

Actualmente el ICE funciona con un déficit presupuestario de 700 millones de dólares. Esta agencia nacida al calor de los atentados terroristas de 2001 viene reclamando más fondos desde hace meses.