Por lo menos siete agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de San Diego enfrentan potenciales sentencias de cadena perpetua por cobrar sobornos para permitir el cruce cargamentos de fentanilo y otras drogas desde México hacia Estados Unidos.

Aun si los oficiales se declararan culpables para reducir sentencias, cada uno enfrentará un mínimo impositivo de 20 años de prisión, por distintos cargos de conspiración, para importar y distribuir ilegalmente sustancias controladas.

Las autoridades federales informaron del caso de manera limitada. Los documentos del caso en la corte federal en San Diego están sellados y no están disponibles al público. Las autoridades se han reservado las identidades de cuatro de los siete detenidos.

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Se sabe que el principal protagonista de la historia es Leonard Darnell George, quien está acusado de dejar pasar por la frontera vehículos con drogas, a cambio de objetos de valor.

También mencionaron a los latinos Esteban Galván y Mario Ángel Gutiérrez. Gutiérrez está acusado de tener un arma de fuego con intención de emplearla durante un delito de narcotráfico, pero la corte se ha reservado todos los demás detalles. Consultados por LPO, los abogados defensores de los acusados también han preferido guardar silencio.

El hermetismo posiblemente se deba a que la averiguación está en curso. Participan la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), asuntos internos de CBP, y la división que opera como asuntos internos del Departamento de Seguridad (DHS), el Inspector General.

Al referirse al principal acusado, el fiscal federal Randy Grossman declaró que el agente Darnell George violaba las mismas leyes de tráfico de drogas que se suponía que debía hacer cumplir.

Las garitas o puertos de entrada de California han sido en los últimos años los pasos por los que se ha realizado la mayoría del tráfico de fentanilo. Las estadísticas de CBP indicaron que el año pasado aumentaron las incautaciones de fentanilo, respecto al año anterior, y en cambio disminuyeron las de cocaína, metanfetaminas y heroína.

La garita de San Ysidro, en San Diego, una de las puertas de entradas a Estados Unidos más utilizadas.

AP

En lo que va de 2023 y hasta mayo pasado -las estadísticas de junio están pendientes--, los agentes de CBP han interceptado 821 libras de fentanilo, una cantidad suficiente para 187,000 sobredosis potencialmente mortales, con base en cálculos de la DEA.

Por ahora lo que se ha informado en forma oficial del encausamiento contra los agentes de CBP tampoco aclara si han sido detenidas las personas que les dieron los sobornos a los oficiales, pero hasta hoy no se menciona a ningún cartel de las drogas relacionado con este caso.

De acuerdo también con estadísticas de CBP, cerca del 90 por ciento de las incautaciones, por lo menos de fentanilo, se registran en las garitas o puertos de entrada, y un 85 por ciento de quienes son detenidos en esos intentos son ciudadanos estadounidenses y personas que residen legalmente en el país.

Los agentes aduanales de CBP no son los primeros que llaman la atención sobre el tráfico de fentanilo en San Diego este año. Tal como informó LPO, en abril pasado las autoridades federales informaron de una sentencia a tres latinos de una base naval en San Diego que cruzaba la frontera con paquetes con fentanilo.

Roberto Salazar, de 26 años, fue sentenciado a 12 años de prisión. El joven había encargado a un compositor que le hiciera un corrido, una canción tradicional mexicana que hablara de sus andanzas como militar narcotraficante.

Por ahora, no hay información que indique que hayan sido detenidas las personas que les dieron los sobornos a los oficiales y no se menciona a ningún cartel relacionado con el caso.

Sobre este nuevo caso de los oficiales de CBP. Al referirse al principal acusado, Leonard Darnell George, el fiscal federal en la región de la frontera de California, Randy Grossman, declaró que el agente violaba las mismas leyes de tráfico de drogas que se suponía que debía hacer cumplir.

El director regional del FBI, Stacey Moy, dijo que "es responsabilidad de todos los empleados del gobierno operar con la máxima integridad y hacer todo lo posible para fomentar y mantener la confianza del público; cualquiera que viole esa confianza será responsable de sus acciones".

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Mientras que el director de operaciones de campo de CBP en la frontera de California, Sidney Aki, destacó que los oficiales involucrados no representan a los inspectores de su institución en conjunto.

"Los oficiales de CBP son en su mayoría profesionales, altamente calificados y trabajadores dedicados a la misión de proteger al público estadounidense; no apoyamos a aquellos que empañarían nuestra insignia", dijo Aki.

Aseguró que Operaciones de Campo de CBP en San Diego "cooperará plenamente a medida que avance el caso".