El Gobierno tiene decidido jugar a fondo en el conflicto por los acuíferos de Doñana y aprovechar el "inesperado regalo" del PP en este inicio de la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos y municipales de mayo. 

Moncloa redobló la confrontación tras el firme y contundente rechazo de la UE a la propuesta del Ejecutivo andaluz. Este lunes, el comisario responsable de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, recibió en Bruselas al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco para ratificar la "máxima preocupación" por una medida que va "en dirección opuesta" a la que debería y el "inadmisible riesgo" de degradar Doñana.

Acorralado por las críticas, el presidente regional, Juanma Moreno, le pidió al Gobierno establecer una negociación entre administraciones que ponga fin al "choque institucional". La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera recogió el guante y aclaró que no habrá diálogo hasta que Andalucía salga de su "ilegalidad". 

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"Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo podremos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades", aseguró en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

Ribera cuestionó a Fernández-Pachecho por deslizar que la UE se dejó "presionar" por Pedro Sánchez en este tema. "Parece mentira que tras los avisos reiterados de las instituciones europeas puedan decir algo así", afirmó.

 La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. 

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Y agregó: "O el Consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas o bien es un comentario tan frívolo que no está legitimado para ejercer las funciones de su cargo". La ministra lamentó el Gobierno andaluz "sigue tonteando" con una propuesta que "no tiene ningún sentido" pese a todas las advertencias, científicas y políticas. "¿A qué viene esta provocación?", se preguntó.

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Además de cuestionar a Moreno y al PP por su negacionismo en materia medioambiental, Ribera detalló los planes del Gobierno para afrontar la crisis hídrica que sufre uno de los humedales más grandes de Europa. 

Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo podremos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades

Se destinarán 356 millones de euros para el cierre de todos los pozos ilegales en Doñana antes de 2025. Y sustituirán las extracciones del acuífero por aguas superficiales para aquellos regadíos que ya cuenten con derechos de agua. Esa es la hoja de ruta que figura en el Marco de Actuaciones Prioritario para Doñana

La respuesta a Ribera llegó directamente desde Génova. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticó que el Gobierno "se niegue" a hablar de la ley de regadíos y la situación del parque natural de Doñana. Le reclamó a Sánchez que "abandone la soberbia" y que deje de hacer "electoralismo" con este tema.

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"Pero ¿Qué podemos esperar de una vicepresidenta que insultó a quien es el presidente de todos los andaluces como primera reacción y como primera valoración a una proposición de ley?", se quejó Gamarra.