El Senado trata esta tarde los proyectos para modificar la composición del Consejo de la Magistratura y el texto final que el oficialismo impondría con sus aliados permite que los legisladores que lo integren no sean abogados de profesión, como ocurre desde 2017 a partir de un fallo del juez Enrique Lavie Pico que impidió continuar como consejero al entonces senador kirchnerista Ruperto Godoy por no haber estudiado derecho. 

Godoy apeló y en 2021 la Corte Suprema no se pronunció, sino que consideró "inoficioso" el planteo porque ya no era senador. En el plenario de comisiones de la semana pasada, Edgardo Kueider, cercano a Alberto Fernández, pidió dejar claro que los legisladores consejeros no tienen que ser abogados y así fue. Recordó que el fallo de Lavié Pico no señala la inconstitucionalidad manifiesta. 

El dictamen de mayoría, que es el proyecto del Gobierno con algunas modificaciones, establece como requisitos para integrar el consejo no registrar "condenas penales firmes por delitos dolosos dictadas en los últimos 20 años".

Hubo acuerdo con Weretilneck y la ley de la Magistratura se aprueba en el Senado 

Tampoco podrán integrarlo quienes hayan desempeñado "un cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas contrarias al respeto por los derechos humanos". Y sólo los representantes de los colegios de abogados tendrán que mostrar matrícula activa de algún colegio profesional. 

Oscar Parrilli fue el encargado de defender el texto. "El dictamen de Juntos por el Cambio tampoco exige que los senadores sean abogados. Sino serían de primera o de segunda. Esto viene de una maniobra de (el ex ministro de Justicia Germán) Garavano para hacerle un juicio político al (ex camarista Eduardo) Freiler. Ni siquiera la Corte declaró la inconstitucionalidad y dejó que la cuestión sea abstracta".

Freiler fue destituido tras una reunión de del Consejo en la que Godoy no pudo participar por el fallo de Lavié Pico. Por entonces, el sanjuanino era uno de los dirigidos por Miguel Pichetto que reportaban a Cristina Kirchner, quien en diciembre de ese año asumió como senadora y armó su bloque.

Los jefes del Frente de Todos José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, con el secretario parlamentario Marcelo Fuentes. 

Fotografía HCSN

El frente de todos aprobaría su dictamen con las modificaciones anunciadas la semana pasada pedidos por los aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana. Consisten en que los 4 jueces y los 4 abogados que integren la Magistratura representen a regiones diferentes del país, definidas en el proyecto como amba, norte, centro y sur. 

Lo completarían 6 legisladores, 1 representante del poder ejecutivo y 2 académicos.  Así el Consejo pasaría de 13 a 17 miembros y cumpliría con el "equilibrio" entre los representantes de los políticos y de los estamentos, exigido en el fallo de la Corte de diciembre.

Juntos por el Cambio presentó un proyecto que la lleva a 20 miembros y coloca al presidente de la Corte como máxima autoridad, que le permitiría administrar el presupuesto de la justicia. No podrá imponerlo pero en Diputados el Frente de Todos por ahora no tiene mayoría para sancionar su proyecto. Si antes del 16 de abril no hay ley, se aplica la que rigió hasta 2006, con la Corte a cargo del organismo. Como quiere la oposición.