El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, viajó a Buenos Aires acompañado por el ministro de Seguridad Jorge Lagna para reunirse con las autoridades de la Cámara de Casación Penal Federal, el máximo tribunal penal de la Argentina para, entre otras cosas, avanzar en medidas para acelerar la administración de justicia en Santa Fe.

El encuentro se concretó luego de las críticas que recibieron los integrantes del tribunal que preside Mariano Borinsky que había dejado en libertad un peligroso narcotraficante cuando las instancias menores en Rosario le habían otorgado la prisión preventiva. 

 [Tensión entre Comodoro Py y la justicia federal de Rosario por la masacre del casamiento narco]

Meses después, ese mismo narco, Esteban "Pinky" Rocha, se casó con Brisa Leguizamón en la localidad de Ibarlucea, vecina a Rosario y cuando finalizaban los festejos sicarios acribillaron a una pareja y a su hijita de un año y después prendieron fuego el Audi con el cuerpo de la mujer adentro. A su vez, Leguizamón cumplía prisión domiciliaria en otra causa federal que violó para ir a su casamiento. En definitiva, una boda que no debía haber ocurrido nunca.

 Pineda, Casal, Rosatti y Baclini, el fiscal General de Santa Fe, durante una visita del presidente de la Corte Suprema a Rosario.. 

El caso que tuvo trascendencia nacional generó duros cruces entre los funcionarios de la justicia federal rosarina y la porteña que acusaron de revisar los fallos sin contemplar el contexto de extrema violencia que vive Rosario y sin tener en cuenta los turbios vínculos y las frágiles fidelidades que existe en los organigramas de las bandas que operan en la región.

En concreto, tanto funcionarios judiciales como ejecutivos apuntaron a Mariano Borinsky por haber determinado la libertad de Rocha y en Buenos Aires recordaron los años de inacción de los tribunales federales rosarinos que recién en 2018 condenaron a Los Monos cuando varios años antes la justicia provincial ya había encarcelado a la mayoría de sus líderes en causas de homicidios y extorsiones.

Es por ello que este jueves, el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, y el ministro de Seguridad Jorge Lagna, se reunieron con Borinsky y Alejandro Slokar con el argumento de fortalecer la estructura de recursos humanos y operativos de la sede local de los Tribunales Federales y cubrir rápidamente los cargos que hace años que están vacantes.

Además, se habló de la creación de una delegación federal de la oficina encargada de supervisar a las personas con prisión domiciliaria y libertad condicional sometidas a la justicia federal, que hoy en Santa Fe son más de 700 para evitar otros casos como el de Brisa Leguizamón y el compromiso de mantener el diálogo sobre las causas narco; esto es, recurrir a información de terreno a la hora de analizar la peligrosidad de los presos antes de decidir las excarcelaciones.

Luego de ese encuentro, los funcionarios santafesinos se reunieron con Juan Olima, secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal Federal, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, con quienes coordinaron acciones de la nueva unidad especial para delitos complejos y narcocriminalidad creada días atrás junto a fiscales provinciales, y Procunar para la lucha contra las bandas mafiosas.

A su vez, trataron el rol de los nuevos fiscales auxiliares que se designarán para Rosario y la necesidad de concretar la el sistema acusatorio federal en Santa Fe, y proveer a otros estamentos estatales, de instrumental necesario para investigar.