El ministro de Consumo sigue estando en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre las megagranjas, que le valieron pedidos de dimisión y una rectificación por parte del sector ganadero. Sin embargo, ahora el gobierno le suelta la mano y aclara que sus dichos al diario The Guardian fueron "a título personal".
Garzón acusa a los ganaderos de maltrato animal y ahora piden su dimisión
"La posición del gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del gobierno, que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", aseguró la ministra de Educación, Pilar Alegría. También remarcó que "no es la primera vez" que Garzón habla por cuenta propia.
Otro dirigente socialista, el presidente de Aragón, Javier Lambán, apuntó contra el ministro de Consumo, aunque en términos mucho más duros. "Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más", escribió en Twitter.
Las críticas de Lambán se explican por el hecho de que el sector ganadero aporta la mitad de la producción agraria Aragón. De hecho, el presidente regional recibió el apoyo del coordinador de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, y de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), por la fuerte presencia de la ganadería en esa comunidad autónoma.
En tanto, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pidió la dimisión "con carácter inmediato" del ministro. "Desde el sector agrario solo tenemos de este Ministro de Consumo noticias negativas y contraproducentes para con los intereses de los agricultores y ganaderos", aseguran a través de un comunicado.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere evitar a toda costa una mayor confrontación con el campo, que desde comienzos de 2020 está en pie de guerra por los costos de producción y los problemas de competitividad. El gobierno ha respondido con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), que estipula unos 47.724 millones de euros para el sector hasta 2027.
Pero el programa europeo de ayudas para agricultores y ganaderos que ha elaborado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no es suficiente para el sector, pues entraría en vigor recién en 2023 y tampoco están claros si los montos que perciban las regiones serán beneficiosos en el reparto.
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) pidió la rectificación de Garzón, tal como lo hicieron ayer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). El PP fue el primero de los partidos en aprovechar los cuestionamientos al ministro. Primero fue Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, otra de las comunidades donde el sector agrario pisa fuerte, y luego Pablo Casado.
El botín de la España despoblada: la pelea por el voto rural
El líder de los populares, atento a la importancia cada vez mayor del voto rural, aseguró que "es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que ‘España exporta carne de mala calidad de animales maltratados'". Garzón insistió en que fue malinterpretado con cierta intencionalidad y que "el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis", intentando zanjar la polémica.
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