María Jesús Montero, ministra de Hacienda, aprobó la semana pasada la creación de una comisión especial que trabaje en una propuesta de reforma fiscal integral del Estado. La reforma tendrá como objetivo un aumento de la recaudación central que permita afrontar los gastos generados por la pandemia. El Gobierno prevé una recuperación que demandará un tiempo más prologando del que se estimaba inicialmente.

Los ingresos públicos de España están muy por debajo de la media de la zona euro, nada menos que un 7%. Con este dato como eje frente a cualquier debate, los socialistas se proponen corregir esa diferencia aumentando la presión fiscal tanto a las personas físicas como a las sociedades.

El grupo de expertos que se hará cargo de la elaboración de la propuesta sabe que más allá de cualquier principio de equidad o de un planteo progresivo, la necesidad principal está en un aumento de la recaudación que reduzca el déficit y haga más solventes las cuentas públicas. Cabe recordar que España se encuentra superando el límite de déficit fijado por Europa, una situación que Bruselas permite por la situación de excepcionalidad vivida con la pandemia.

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En cuanto a los cambios propiamente dichos todos los focos apuntan al menos a dos grandes cambios: IVA y el impuesto a las sociedades.

Sobre el IVA, los analistas apuntan que el Gobierno no puede proponer un aumento significativo sobre el 21% que ya se cobra y que va en línea con lo del resto de la zona euro.

No obstante, hay que destacar que España tiene un régimen de tipos reducidos (10%) y súper reducidos (4%), para bienes de primera necesidad como alimentos y productos de higiene que son una excepción en la región y que seguramente sean la vía para ajustar el consumo y aumentar el gravamen.

EFE

Las modificaciones del impuesto de sociedades, tal como se ha adelantado en LPO, son una tendencia mundial. Impulsada principalmente por la administración Biden, ha comenzado una campaña a nivel global para que se fije un impuesto mínimo a las sociedades. En el caso español, implicaría anular la bajada de este impuesto que realizó Rajoy en 2015, cuando lo pasó de 30% a 25%.

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Si a estos ítems se les suma la pronta aplicación de impuestos verdes, que se tratarán en un plazo no mayor a seis meses, se pueden obtener ya indicios claros de por dónde pasará la reforma que ha encargado el gobierno.

Aunque los analistas señalan que esta reforma es es solo el principio, y que se propondrán decenas de modificaciones extra, la gran incógnita que aparece nuevamente es cómo la política y las elecciones condicionarán la aplicación de cualquier reforma. Las elecciones generales parecen lejanas, pero el Gobierno y la oposición ya trabajan pensando en un posible adelanto.

En todo caso, no será una tarea sencilla para el Gobierno la aprobación del paquete de medidas que sugieran los expertos. En primer lugar por la resistencia más que segura con la que se encontrará en el Parlamento, donde la oposición le negará el apoyo con distintos argumentos: seguramente unos defendiendo a las empresas y otros al consumo.

En segundo lugar, será el propio Gobierno el que tenga sus reparos en aplicar una reforma fiscal que reduzca el ingreso disponible y lo enfrente con distintos sectores en las vísperas de un año electoral determinante para su futuro. Estamos frente a uno de los tantos casos en donde las necesidades de los propios gobernantes chocan de lleno con sus especulaciones electorales.