Las concesión de ayudas a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI ha abierto una nueva batalla política entre el Gobierno y la oposición. Los pocos expedientes resueltos hasta ahora por el Consejo de Ministros han generado profundas dudas sobre el cumplimiento de los requisitos que estableció el propio Ejecutivo para acceder al respaldo público dotado con 10.000 millones de euros.
El rescate de la aerolínea de Air Europa con 475 millones sigue bajo la lupa de los partidos contrarios al Gobierno. Cuatro meses después de la concesión, el Ejecutivo aún no ha facilitado el expediente con las condiciones impuestas, cuando el plazo que tenía para hacerlo era de tres. Así se lo recordó este miércoles el diputado del PP por Palencia Miguel Ángel Paniagua, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una interpelación en el Congreso.
El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, cuestiona además que existen profundas dudas sobre la viabilidad financiera de la compañía. "¿Cómo se espera que la empresa devuelva las ayudas recibidas?", se pregunta en un mensaje en Twitter. Todas las compañías rescatadas con el fondo de la SEPI tienen que ser capaces de garantizar que el dinero público no caerá en saco roto y podrá ser reintegrado a las arcas públicas en los plazos fijados en función del tipo de préstamo que se conceda. Según las cuentas consolidadas de 2019, la compañía aérea tardaría 20 años en devolverlas.
Plus Ultra
Sin embargo, el rescate que ha levantado verdaderas ampollas entre los grupos de la oposición es el de la compañía aérea Plus Ultra, a la que el Gobierno ha concedido la semana pasada 53 millones de euros. Partidos como PP o Vox ponen en cuestión el apoyo público, cuando el 47 por ciento de la empresa estaría en manos de empresarios venezolanos.
Además, "parece difícil argumentar el carácter estratégico de una empresa con una cuota inferior al 0,1% de los vuelos españoles. Una empresa que ha estado siempre en números rojos desde su creación", señala, por su parte, Garicano. Asimismo, recuerda que "los fundadores de Plus Ultra son los mismos que estaban al frente de Air Madrid cuando esta empresa cerró en 2006 dejando en tierra a más de 60.000 pasajeros en vísperas de Navidad, y dejando un pasivo de 90 millones".
Por su parte, la compañía defiende que la mayoría de su capital siempre ha estado "en manos de ciudadanos europeos y, específicamente, españoles". Asimismo, asegura que para recibir los 53 millones de financiación se ha sometido a un "minucioso y detallado" análisis de su plan de viabilidad, que ha sido examinado y validado también por "reconocidas y prestigiosas firmas profesionales, legales y financieras".
Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se esforzó en justificar que es una empresa "estratégica" por el nicho de mercado que ocupa y advirtió que cumple "los criterios" para recibir ayudas vinculadas al fondo de solvencia. También negó la discrecionalidad en la autorización de las ayudas de la que la acusó el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal.
Por su parte, la ministra de Economía Nadia Calviño ha dicho este jueves que el fondo de la SEPI cuenta con criterios "objetivos" que son "los que marcan la norma". En este sentido, ha dicho que la información de la que dispone el Gobierno sobre Plus Ultra es que "es española, tiene un carácter estratégico para los vuelos en Latinoamérica y reúne los requisitos de situación financiera antes y después de la pandemia".
Respecto al rescate de Duro Felguera, Garicano critica que la compañía asturiana "arrastraba problemas económicos desde antes del Covid" y que "mantiene una deuda con Hacienda de 120 millones de euros". "Ninguno de estos elementos son compatibles con las condiciones para acceder al Fondo", enfatiza.
Paniagua, por su parte, recordó en su interpelación a Montero las relaciones del PSOE con Duro Felguera, donde dos de sus tres vocales están vinculados a los socialistas, por la presencia de los exministros Valeriano Gómez y Jordi Sevilla. "No pensamos que eso tenga que ver, esperamos que no, pero cuando veamos todo veremos si hay sesgo en la concesión de ayudas", sostuvo.
Al margen de estas tres empresas, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes al rescate público de Ávoris Corporación Empresarial, sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia, por un importe de 320 millones de euros, a través de dos préstamos financieros. Y desde SEPI aseguran que con el cierre del ejercicio contable de las compañías, lo razonable es que a partir de este mes se produzca un nuevo aluvión de solicitudes de rescate.
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