Las modificaciones a la ley de bienes personales aprobada en el Senado les permitirían a 445 mil personas dejar de pagar el impuesto, con un costo fiscal de 31.564 millones de pesos que encendió las alarmas de Martín Guzmán, pero en el Congreso minimizan.

Las cifras surgieron de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC, sobre el proyecto de ley que presentó el cordobés oficialista Carlos Caserio y consiste en subir el mínimo de renta gravable al impuesto que grava el patrimonio personal. 

Como los números están congelados desde 2018, la inflación y la devaluación provocó que alcanzara a una gran cantidad de contribuyentes, la mayoría sin siquiera saberlo. Por eso la ley además planea un sistema de actualización permanente del mínimo no imponible para que no vuelva a quedar desactualizado el impuesto. 

El Senado desafió a Guzmán y aprobó una ley para reducir bienes personales 

Con la legislación vigente, deberían pagar bienes personales quienes reúnan un patrimonio de 2 millones de pesos o de 18 en caso de vivienda única. El proyecto de Caserio lo elevaba a 8 y 50, pero luego de gestiones de Hacienda en el recinto se bajó a 6 y 30 respectivamente. 

Con esos retoques, la OPC determinó que 445 mil contribuyentes dejarán de pagar si esta ley se sanciona en Diputados. Claro que casi todos desconocen su situación de morosos, porque no hicieron los cálculos con sus contadores para corroborarlo. Si lo hicieran, el costo político por la no actualización recaería en la Casa Rosada. 

El cálculo de la OPC es que el Gobierno dejaría de recaudar 31.564 millones de pesos por la suba del mínimo no imponible de bienes personales. Pero los senadores creen que nunca podría recaudarlos y si lo intentara ocasionaría un costo político demasiado alto. 

El costo fiscal estimado por la OPC es de 31.564 y hubiera sido de 12 mil millones más si se mantenían los valores del proyecto original de Caserio. Surge de 24462 millones de pesos resignados en 2022, 8680 por anticipos serían por anticipos, que al año siguiente deberían desembolsarse por otros 7102.

Guzmán trató de frenar la ley con gestiones que resultaron infructuosas. El ida y vuelta tuvo momentos tensos y fue necesaria una foto del jefe de bloque oficialista Mayans y Caserio con Cristina Kirchner para dejar claro que no habría vuelta atrás.

LPOJuan Casas

"No hay peor impuesto que el que no se cobra", había minimizado el impacto fiscal Mayans durante el debate en comisión. Explicó que, con los montos actuales, el dueño de una pyme terminaría pagando bienes personales por sus camionetas. 

Según supo LPO, el formoseño intercambió reproches varios con Hacienda, donde no esperaban un nuevo rojo en la proyección presupuestaria, que para los legisladores surge de una cuenta falsa porque nunca recaudarán lo que esperaban de bienes personales.

 Necesitaría de una moratoria para llamar a deudores que no se consideraban tales, políticamente inviable. Claro que para presentar prospectos ante organismos internacional, la ley, como está, sirve más. 

La tensión de Guzmán con el Congreso por las leyes impositivas atravesó todo el año y lo enfrentó por igual con todas las vertientes del oficialismo, tanto el kirchnerismo, como el peronismo ligado a los gobernadores y el propio Sergio Massa.

El ministro demoró la reglamentación de la ley que redujo el pago del impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia, presentada por Massa, como también la que amplió los usuarios con descuentos de tarifas de gas por vivir en zonas frías. 

Fotografía HCDN

Pero, además, tuvo que aceptar una pronunciada suba de los mínimos aplicables en Ganancias para empresas, después de haber enviado dos proyectos a Diputados que fueron cajoneados tras una reacción de las asociaciones de pymes.  

Le ley de bienes personales no tiene fecha de tratamiento y en Hacienda no descartan pedir que sea archivada y reemplazada por otro similar con un artilugio reglamentario: los proyectos impositivos se inician en la Cámara baja. De todos modos, no será fácil ganarse una acusación de querer intentar un impuestazo a sectores golpeados por la crisis. En el oficialismo no lo toleran.