Cristina Kirchner recibirá este miércoles el informe sobre las tareas realizadas por la oficina de escuchas judiciales que tiene a cargo la Corte Suprema desde 2016, para que evalúe si hay elementos que amerite denuncias o pedidos de juicio polÃticos contra sus miembros por irregularidades detectadas.
La investigación estuvo a cargo de una subcomisión que se creó por disposición de la vicepresidente y Sergio Massa bajo la órbita de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, que este lunes se reunió para oficializar el informe y emitir dictámenes.
La mayorÃa oficialista avaló la auditorÃa y la enviará a las autoridades de las cámaras por ser quienes encargaron la investigación, cuando crearon la subcomisión con una resolución conjunta. Serán, también las que definan si el resultado amerita un conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte, que según la auditorÃa se excedió ampliamente en sus atribuciones y facilitó la filtración de las escuchas pedidas por los jueces.
El más comprometido es Ricardo Lorenzetti, porque presidÃa el máximo tribunal cuando se tomaron las principales decisiones, llegó a firmar acordadas en soledad y nunca exhibió la documentación de los sorteos que definieron las autoridades de la Dirección de Escuchas de la Corte, la Dajudeco.
Exclusivo: el kirchnerismo analiza denunciar a Lorenzetti por el informe de las escuchas de la Corte
Cambiemos firmó un dictamen de rechazo, aunque sólo lo suscribieron los diputados Cristian Ritondo, Sebastián GarcÃa de Luca (PRO) y el radical José Cano, quien mantuvo un duro cruce con el senador Oscar Parrilli, vÃctima de filtraciones de conversaciones interceptadas en los últimos años.
"El informe no dice que la Dajudeco tenga responsabilidad por las filtraciones. Pueden haber sido las partes", sugirió el tucumano. "¡Pero vos crees que yo difundÃa mis escuchas!", lo increpó el ex secretario general de la presidencia, en una de las salas del edificio anexo de la Cámara de Diputados, con algunos presentes y varios por zoom.
No firmaron el dictamen de rechazo de Cambiemos los senadores de la UCR Pamela Verasay Juan Carlos Marino, cercano a Enrique "Coti" Nosiglia y vÃctima de una falsa denuncia de abuso sexual hace dos años, de la que resultó sobreseÃdo.
La auditorÃa, como adelantó LPO, hace foco en las causas en las que se filtraron escuchas en los medios y redes sociales, como la que investigó a Parrilli a partir de una denuncia de las entonces autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Otro caso fue el que instruÃa el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena sobre el "rey de la efedrina" Raúl Segovia, detenido en la cárcel de Ezeiza. A las manos del fallecido juez federal Claudio BonadÃo llegaron grabaciones sobre conversaciones del ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, detenido por la tragedia ferroviaria de Once.
En ambas situaciones se concluye en que el material se filtró cuando la Dajudeco lo trasladó, ya sea por un cambio de juez en la causa Parrilli (pasó de MarÃa Servini de CubrÃa a Ariel Lijo) o por el pedido de BonadÃo para acceder, sin que mediara una autorización del magistrado que habÃa ordenado las escuchas.
En el primer caso, además, se detectó que las grabaciones estuvieron 209 dÃas almacenadas sin resultados vinculados a la denuncia. "Se aprecia un mayor interés en escuchar al señor Parrilli que en averiguar el (supuesto) delito que habÃa dado fundamento a la intervención judicial de la lÃnea", advierten. De esas intervenciones surgió el viralizado diálogo con Cristina, en el que le dice "pelotudo".
El informe señala además que hubo filtraciones de las conversaciones privadas de familiares de Santiago Maldonado, el activista que falleció en 2017 durante una protesta de la comunidad mapuche. La causa la instruyó el juez de Rawson Hugo Sastre y según los legisladores oficialistas, la Dajudeco aportó documentación con tachaduras que impidieron determinar el motivo y alcance de las intervenciones.
El otro llamado de atención es sobre un "ofrecimiento del Ministerio de Seguridad" sobre un sistema geolocalizador de celulares denominado "Guardián", a proveer en el marco de un convenio de cooperación con el Estado de Israel. El material nunca llegó pero la bicameral acumuló detalles de las gestiones fallidas de la entonces ministra Patricia Bullrich.
La auditorÃa también señala que la Corte se excedió en las atribuciones, que se limitan a actuar bajo requerimiento judicial. Sin embargo algunas acordadas le asignaron nuevas facultades como realizar "minerÃa de datos", que durante investigación se informó que nunca se aplicó.
Y que aplicó por su cuenta un cuerpo de peritos para casos de corrupción que funcionó bajo la misma superintendencia que la Dajudeco, cuya selección de autoridades también está en tela de juicio. Una acordada de la Corte nombró al camarista MartÃn Irurzun, aludiendo a un sorteo del que no quedan rastros.
"No consta en acta alguna su realización de este. En definitiva, la singular forma de elección de los directores de la DAJuDeCO, cuyos nombres se conocieron en medios periodÃsticos antes de que ocurriera el sorteo", señala el dictamen favorable del oficialismo.
"Resulta aún más llamativa esta circunstancia cuando se analiza la actuación de Irúrzun en determinadas intervenciones, en su condición de camarista que resolvió en causas en las que el organismo que dirigió tuvo participación en la producción de prueba".
"Es decir, mientras que, por un lado, bajo la dirección de la DAJuDeCO eran los responsables de implementar las interceptaciones de las comunicaciones y brindar asistencia judicial en delitos complejos y crimen organizado, por el otro, convalidaban dichos actos procesales en su rol de jueces de apelación", destacaron los legisladores del Frente de Todos.
El trÃo de diputados de Cambiemos consideró fuera de lugar las acusaciones. "Se pasa por alto que la información de las causas judiciales penales es información que es de los poderes judiciales y los ministerios públicos fiscales y nunca de los organismos del sistema nacional de inteligencia".
Por otro lado ensayan una defensa al fallecido BonadÃo porque "el juez es el facultado a solicitar evidencias y no se puede argumentar que un protocolo interno debe prevalecer sobre una ley y menos para encubrir una posible irregularidad de un tercer juez que ordenó intervenciones telefónicas masivas".
Y defienden a la Dajudeco, al considerar que "no surge responsabilidad alguna de la Dirección en los hechos relacionados a los expedientes administrativos internos analizados. Cuenta con protocolos pormenorizados y detallados no sólo en materia de interceptación de comunicaciones sino de toda la actividad desarrollada".
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
BASTA DE LA FAMILIA JUDICIAL Y DEL IGNORANTE DE LORENZETTI.
Los parasitos están pudriendo todo....El virus K 19, es mas dañino que el de la pandemia