La Cámara de Diputados celebró este jueves el último plenario de comisiones para escuchar a los expositores a favor y en contra de la ley del aborto, pero el dictamen deberá esperar al menos hasta el miércoles 9, pese a que la intención original era firmarlo este viernes. 

La demora se debe a que todavía no está resuelto el nuevo protocolo de sesiones remotas, que venció el lunes, porque en Cambiemos exigieron la vuelta de la presencialidad sin excepciones. Es imposible de aceptar para el Frente de Todos, donde todavía cuentan a varios de los propios con imposibilidad de viajar por ser grupos de riesgo ante la pandemia de Coronavirus y los necesitan para aprobar leyes. 

El principal frente opositor mantendrá deliberaciones entre los diputados de cada bloque para consensuar una contrapropuesta, pero de no existir la Cámara de Diputados podría entrar en un conflicto que condicione su funcionamiento el resto del año. 

La coalición cívica la debatió por la mañana del jueves y a la tarde fue el turno del PRO, donde más se hace sentir la línea dura que pide presencialidad sin excusas, liderada por Fernando Iglesias y Waldo Wolff, sin disposición a aceptar otra situación que volver a sesionar cara a cara. 

La UCR se verá los rostros por zoom el viernes por la mañana y los jefes de cada bancada hablarán luego para definir si existe una vía alternativa que negociar con Sergio Massa y Máximo Kirchner o si prevalece la idea de ir a todo o nada. Una posibilidad que repiten es la de sesionar en un microestadio cerrado, como el Arena de Malvinas Argentinas, pero trasladar la logística y los empleados no convence ni a los bloques de izquierda.  

Si bien hay mayoría ente oficialistas y aliados para imponer reglas, Cambiemos hizo valer durante el año su hipótesis de que por tratarse las votaciones remotas de una modificación reglamentaria, requiere apoyo de dos tercios, imposible de alcanzar sin sus votos. 

No hubo acuerdo con Massa: Cambiemos exige sesiones presenciales sin excepciones

La resistencia de los duros se justifica además en que el protocolo que rigió entre el 8 de septiembre y el 30 de noviembre obligaba a la presencialidad si un bloque lo pedía, con la chance de ausentarse para quien certifique ser un grupo de riesgo, pero en cada sesión que se aplicó el Frente de Todos dejó muchas bancas vacías sin explicaciones oficiales y no hizo más que echar leña al fuego.

"Se relajaron y nos complicaron todo", se lamentaban los opositores más dialoguistas, que están dispuestos a repetir el sistema que rigió estos meses con mayor fiscalización de las ausencias pero necesitan garantías para convencer a sus pares más radicalizados. No alcanzó con que el martes Massa desmontara las pantallas del recinto, en señal de un futuro con sesiones presenciales como regla y no como excepción. 

Sin aislamiento en la Capital Federal y el área metropolitana, el nuevo protocolo debería contemplar otras reglas, pero en el oficialismo insisten en que hay diputados que por edad no podrán viajar y sin sus votos las sesiones son imposibles. 

En la reunión del martes, José Luis Ramón, del interbloque aliado Unidad para el Desarrollo, propuso crear una comisión de tres diputados para evaluar los casos de colegas que no puedan asistir. No habrá más opción que habilitar el VPN para que voten desde sus casas pero les costará pedir la palabra. 

Con este problema por saldar, el dictamen de la ley del aborto deberá esperar aunque su aprobación no correría riesgo si se trata sólo de juntar voluntades. El plenario de comisiones volverá a reunirse sólo con diputados este viernes y el miércoles, cuando se firmaría el dictamen con todos o la mayoría en el palacio. Mantener distanciamiento con los miembros de las cuatro comisiones sólo sería posible en el recinto.

Las diputadas que militan la ley aseguran que sobran los votos para dictaminar y aprobarla el jueves en el recinto que sea, pero la discusión reglamentaria puede ser un obstáculo complicado, porque los celestes de la oposición pueden pujar para demorar la actividad legislativa como último recurso. 

En el Senado podría haber un debate similar: Cristina firmó un protocolo para votar por internet hasta marzo, pero Cambiemos lo desconocerá después del 7 de diciembre, cuando vence la prórroga del anterior.  La pelea es voto a voto y el jefe del oficialismo, José Mayans, es celeste y quiere que al menos el debate se demore hasta febrero o marzo. 

Las verdes creen que la batalla está muy cerca de ganarse. "Estamos con más de los 129 para la mayoría y en el Senado los votos están y sólo resta la decisión política para tratarlo antes de fin de año y que sea ley", sostuvo ante LPO una de las diputadas emblemas de ese grupo. Ni siquiera sumaba a sus cuatro colegas de Córdoba Federal, cercanos a Juan Schiaretti, que anticiparon un dictamen propio muy similar al proyecto del Gobierno. 

Mónica Macha y Carla Carrizo. 

Fotografía HCDN

Este jueves se inició el debate de los legisladores en la Cámara baja y el tono difiere y mucho de la tensión de hace dos años. Tanto es así que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal Carolina Gaillard, del Frente de Todos, cruzó un saludo con la celeste Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, quien repudió  los escraches que recibió este sábado en su casa de Entre Ríos. 

El único contrapunto fuerte fue, justamente, la demora en lograr un protocolo que garantice el normal funcionamiento de los plenarios. "¿Qué pasa si alguien pide una moción? Estamos funcionando sin reglamento", se indignó Graciela Camaño, del interbloque federal, y en contra de la ley. Pocos legisladores conocen los recovecos del reglamento como ella.   

Gaillard dijo que en tal caso se trata de una reunión informativa previa al dictamen. Silvia Lospennato, del PRO, y reconocida militante verde, recordó que en abril hubo una discusión similar, cuando los funcionarios exponían sin un sistema para votar leyes, y se saldó sin problemas. "Cuando esté resuelto el mecanismo, se convocará a votar". 

No hubo acuerdo con Massa: Cambiemos exige sesiones presenciales sin excepciones

Campagnoli defendió el rechazo con un texto leído y sin menciones al inicio de la vida, como esgrimen los grupos más religiosos. "Esta ley no despenaliza porque mantiene la pena, aunque la baja. Si el aborto es legal y guruito no mejoramos a la mujeres. Pobres y ricas van a tener el derechos a abortar libremente, es verdad, pero es mentira que aborten en las mismas condiciones. No nos quieran hacer creer que esta es la única manera de eliminar la mortalidad materna: el 55% es por causas obstétricas directas", señaló.

Desde Córdoba, respondió Gabriela Estévez, del Frente de Todos. "Está claro que hasta las que queremos esta ley queremos que el aborto sea la última opción. Antes hay derechos como la educación sexual. Pero los embarazos existen y las personas acuden a interrumpirlos en condiciones inseguras y en la clandestinidad. Y eso es un riesgo a la salud". 

Gaillard celebró que el gobierno "haya tomado la iniciativa de resolver un problema de salud pública de hace muchos años que ha cobrado la vida de miles de mujeres. El Estado debe estar presente para acompañar, para proteger y cuidar, no para castigar y criminalizar a la mujer que atraviesa una situación tan traumática como es un embarazo no deseado".

La última ronda de expositores

La tanda final de especialistas volvió sobre los temas más recurrentes: el inicio de la vida, la objeción de conciencia y el alcance los abortos clandestinos. "Cómo vamos a discutir en tres días si Argentina decide matar gente o apuesta por la vida, si deciden matar niños. En estas comisiones están mal utilizando mis derechos como mujer, para que el precio de los errores de un estado ineficiente y corrupto los paguen los más débiles", sostuvo Guadalupe Batallán, militante ProVida y autora de un libro en contra de la ley, en el que acusa a las ONGs que militan fa favor de financiarse con fondos de clínicas privadas que podrían beneficiarse con la práctica.  

Después de su exposición, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer cuestionó que haya sido invitada, porque en las redes sociales había calificado el martes de "vieja chota" a Nelly Minyersky, la abogada pionera en la pelea por el aborto legal; y a los abogados Andrés Gil Domínguez y Ricardo Gil Lavedra que son "la misma mierda con distinto olor". 

"Les pido que borren esos tuiter porque nos comprometimos a debatir sin agresiones", le pidió a Cecilia Moreau, la diputada a cargo de coordinar el plenario, quien propuso borrar la exposición de Batallán del sistema informático como castigo.

La joven militante dobló la apuesta en las redes sociales con otro hashtag #viejachota, que no tardó en ser tendencia y se lo dedicó a la diputada Brawer. "No hay que enorgullecerse de la censura y el totalitarismo, Mara. Mucho menos cuando después salís a decir que vivas y libres 'nos queremos' porque a mí, me querés callada y sumisa", le recriminó por las redes.  

Pero el debate, por zoom, nunca tuvo ese tono. Mariana Romero, del CONICET, sostuvo que "regular la interrupción voluntaria del embarazo nos permitirá fortalecer la estandarización de servicios, promoviendo prácticas seguras y de calidad acorde a los últimos avances del conocimiento científico".

Pablo Yedlin, Mónica Macha, Carla Carrizo y Carmen Polledo. 

Fotografía HCDN

"Acá no hay un sector a favor de la vida y otro a favor del aborto. Porque desde que se perdió en el Senado la votación en 2018 no se salvó ninguna vida, se siguen perdiendo. Todas las leyes que reconocen nuevos derechos estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico", aportó Manuel Ochandio, abogado, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.

 José Miguel Vivanco (Chile), director de la División de las Américas de Human Rights Watch "La despenalización del aborto constituye un avance para los derechos humanos. Utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres en ciertas circunstancias a completar un embarazo les imponen deberes insoportables y abrumadores que no son exigibles en una sociedad democrática".  

 Alfredo Vitolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional y DDHH,  anticipó una pelea en la justicia si el aborto es ley.  "Para reconocer el derecho al aborto sería necesaria, cuanto menos, una reforma constitucional, siendo un argumento suficiente para descalificar los proyectos presentados como manifiestamente inconstitucionales".

Llegado el caso, la militancia verde podrá acudir a Gil Domínguez, uno de los constitucionalistas más respetados del país, que integró el comité de once expertos que asesoró al Gobierno para reformas en la justicia. 

El debate leguleyo refiere a la interpretación de los convenios internacionales a los que adhirió Argentina: los celestes dicen que ninguno habilita a abortar y sus rivales consideran que privar de esa opción a niños y adolescentes es una violación de los derechos humanos, presentes en todos los tratados. Pero por ahora la discusión está en el Congreso.