El Senado sancionará este jueves la ley de alquileres que se debatió durante la presidencia de Mauricio Macri, pero fue frenada una y otra vez por el lobby inmobiliario. Su éxito más recordado fue el de 2018, cuando consiguieron que no se aprobara en Diputados después de haber sido incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias.

El proyecto original era de la senadora peronista Silvina García Larraburu y se había aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero luego de una decena de debates en las comisiones de Diputados recién llegó al recinto en noviembre, con Macri ya derrotado, y una versión reescrita por Daniel Lipovetzky, del PRO, que sería la sancionada este jueves. Fue aprobada con 24 abstenciones, la mayoría de Cambiemos.

Como anticipó LPO, el proyecto tuvo dictamen este martes en la Comisión de Legislación General del Senado y unas horas más tarde fue incluida en el temario para la sesión del jueves para que sea sancionado. Si bien hubo objeciones de Cambiemos, el oficialismo confía en que aportarán los dos tercios necesarios para tratarla sin la semana reglamentaria entre dictamen y recinto. Por si acaso, no convocó al debate a las cámaras inmobiliarias.

La ley estira de dos a tres años los contratos de alquileres y pone reglas para actualizar los valores: sólo podrán ser anuales y considerando una fórmula que combine el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). El Banco Central deberá publicarlo cada mes.

Diputados aprobó la ley de alquileres después de cuatro años de debate

El senador oficialista Mario País, siempre meticuloso con la letra chica de las leyes; advirtió que esa fórmula de indexación no está bien redactada y que la ley podría colisionar con el decreto que congeló los alquileres y suspendió los desalojos, publicado después de la pandemia.

"Considerando que los inquilinos están resguardados con decreto, podríamos hacer un dictamen propio con la versión que aprobamos en 2016", propuso Ernesto Martínez del PRO, pero el oficialismo no quiere que vuelva a discutirse el proyecto en Diputados, una Cámara siempre difícil.

La ley también amplía las garantías que pueden usar los inquilinos. No se limitarán a otra propiedad, sino a aval bancario, seguro de caución fianza o certificación de ingresos/recibo de sueldo. Ningún propietario podrá exigir una por sobre otra.

El depósito de garantía no podrá ser más que un mes de alquiler, el reintegro debe ser inmediato a la devolución del inmueble y cualquier retención debe ser proporcional al daño o la deuda hallada. Las partes pueden acordar una renovación tres meses antes de finalizar el contrato, que deberá ser declarado en la AFIP, y las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario. 

"Creo que uno de los pasos fundamentales es al menos poder sancionar este proyecto, esta ley, con las correcciones que esta Comisión defina y prepararnos ya para que si pudiera haber sesión el día jueves poder darle un marco a estas más de 9 millones de personas que están viviendo situaciones muy complejas en un contexto muy complejo. Me parece importante que al momento del tratamiento se tenga a la vista los otros proyectos que se han presentado", sostuvo García Larraburu.

Almirón apuntó que hay inquilinos que consumen hasta la mitad de sus ingresos en la renta de las propiedades que ocupan y que por eso no hay tiempo que perder. Tiene que ser ley esta semana.