La polémica por la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles aportó tensión al reinicio de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, que definió un protocolo para votar por internet durante la pandemia.

Este lunes, antes que los jefes de bloque vuelvan a reunirse para definir cuando retoman los debates, Sergio Massa apadrinará la presentación de un pedido de juicio político a tres jueces de la Provincia de Buenos Aires que concedieron libertades a delincuentes acusados de delitos graves y sin respetar los protocolos mínimos.

Intentará contener una avalancha de planteos similares de la oposición, que ya reaccionó en el Congreso con proyectos de ley para restringir las libertades condicionales, aun cuando no podrían ser retroactivos y no correrían para los casos vigentes.

El tema terminó de alterar a la Casa Rosada el viernes, cuando se hizo sentir un cacerolazo en Capital y las grandes ciudades en repudio a los magistrados. El miércoles, Alberto Fernández había denunciado "una campaña mediática acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", aun cuando era "conocida" su posición contra los indultos.

Y un día antes, entre medio de las negociaciones para definir si había sesiones remotas en el Congreso, Massa había reunido al Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por Sandra Rossi y dependiente de la Cámara de Diputados, que se comprometió con acciones para monitorear las "libertades masivas" durante la pandemia.

Lo resolvió mediante una resolución de ocho artículos, que plantea convocar a los colectivos de víctimas y solicitar informes al procurador general de la Nación Eduardo Casal, a los de cada provincia y al Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, quien no tardó en contactarse con legisladores nacionales para dar explicaciones. 

Losardo asegura que sólo se concedieron el 15,8% de las liberaciones en la justicia federal. Un 80% de los detenidos en la provincia sería por delitos graves y por lo tanto no sería sencillo conceder prisiones domiciliarias. 

Les acercó un informe, al que accedió LPO, en el que se detalla que la Defensoría General de la Nación elevó 1208 pedidos de liberación a presos con riesgo de contagio de Covid 19 y sólo se le concedieron en fallos de primera instancia a 191, o sea, al 15,8%. 505 fueron rechazados, 36% no informaron, pero 476 quedan pendientes de resolución, el 39.4%. La ministra aseguró que en ningún caso el Poder Ejecutivo participó de la decisión de los jueces.

La polémica más grande está en la provincia de Buenos Aires por el fallo del juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Victor Violini, que ordenó liberar presos con riesgos sanitario ante un habrás Corpus patrocinado por el defensor general, Mario Coriolano. 

Aunque el beneficio se restringe a condenados por "delitos leves", según su propia aclaración, muchos jueces no tardaron en excederse y este lunes una abogada que representa a los derechos a la víctima y los diputados provinciales Pablo Garate y Jorge D'onofrio, cercanos a Massa, presentarán tres casos ante la secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de iniciar procesos contra los jueces de la provincia. Solicitarán la suspensión preventiva y el apartamiento de los magistrados, hasta tanto se conforme un juzgado y se dicte sentencia.

El caso testigo será el del juez de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, Claudio Brun, quien en los últimos días liberó a 13 delincuentes, entre ellos 6 violadores y un asesino, no contemplados en el fallo de Violini, que para esos reos solicitó un aislamiento preventivo en el penal si es que llegaran a tener riesgos de contagios de Covid 19. 

Según la presentación, a la que accedió LPO, Brun benefició a detenidos en cárceles sin contagios y nunca esperó los informes interdisciplinarios del servicio penitenciario para saber si estaban en condiciones de ser liberados. Un dato: esos documentos pueden demorar hasta 40 días, casi el mismo tiempo que lleva la cuarentena. 

Tampoco se registran los informes sociales del domicilio al que luego irían las víctimas y en algunos casos el juez lo corroboró en forma telefónica, sin conocer detalles de sus futuros convivientes o vecinos.  

Además, las liberaciones no respetaron la ley nacional de víctimas, promovida por Massa y sancionada en 2017 con respaldo de todos los bloques, que en su artículo 5 obliga a oír a los damnificados antes de proceder a una libertad condicional. 

Fuerte cacerolazo en contra de la liberación de los presos

"Hay una nueva silla en la mesa de la justicia que es la de la víctima y los jueces no pueden olvidarla", señaló ante LPO el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez, que acompañará la presentación junto a familiares de víctimas como Matías Bagnatto y Vivian Perrone. Consiguió un respaldo del abogado Roberto Carlés, cercano al papa Francisco, que puso foco en las liberaciones de las cárceles federales. 

"Se liberó el partero de la Esma a un ex oficial del ejército de la Esma. Este jubileo que abrió parte de la justicia federal, lamentablemente, no despierta la misma atención que las mentiras que dicen algunos medios de comunicación", señaló en el ex candidato a juez de la Corte Suprema. 

La información oficial que llega al Observatorio registra 52 mil personas detenidas en la Provincia, sólo el 5% con domicilia, y una población carcelaria sin mucho margen para ampliar ese beneficio porque el 80% registra antecedentes de robos contra la propiedad, asesinatos o violaciones. Aún así, con las alcaldías y comisarías repletas, el coronavirus será siempre un motivo de los abogados defensores para exigir salidas anticipadas. 

La presentación en La Plata se hará sentir en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que deberá resolver las apelaciones en la brevedad y en el oficialismo no tienen claro cómo actuará. Pero sólo una sanción ejemplar puede condicionar futuros fallos de primera instancia. 

En el Congreso, la oposición sumará presión para que el Gobierno pague el costo político de las liberaciones y el tema podría colarse en las primeras sesiones virtuales o hasta en reuniones de comisión como la de Legislación Penal, presidida por la oficialista Carolina Gaillard. Hay varios pedidos para citar a asociaciones de víctimas y a Losardo a dar explicaciones.

La primera en llamar la atención fue Graciela Camaño, diputada del interbloque federal, que presentó un proyecto de ley para impedir las prisiones preventivas a condenados por delitos graves, aun en caso de enfermedad. Camaño, que fue clave para que se habilitara el sistema de votación remota en Diputados, tiene los votos para desempatar en en ese recinto y también en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que debe iniciar los juicios políticos a los jueces federales. Viene reuniéndose semanalmente por sistema remoto. 

Este sábado presentaron un proyecto de ley para restringir excarcelaciones los diputados diputados de Cambiemos Luis Petri, Alfredo Cornejo (UCR); Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Fernando Iglesias (PRO), referentes de la línea más intransigente del bloque. (Se adjunta al final de esta nota) 

"El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos" pidió Petri, quien en 2017 colaboró con Massa en un agenda de leyes penales en la que no siempre tenían el aval del kirchnerismo, por entonces el Frente para la Victoria. Eran otros tiempos.