Detrás del caso de los precios de los alimentos que pagó Daniel Arroyo y del alcohol en gel que compró el PAMI o que estaba licitando Larreta se esconde un problema común: la inviabilidad de sostener un precio de referencia como los que puso Matías Kulfas a fuerza de decretos en un contexto inflacionario.

"Di la orden para que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija", dijo Alberto Fernández y lo plasmó en un decreto.

Los precios máximos que puso el Ministerio de Producción, que eran un promedio de los precios al 6 de marzo, se encuentran hoy en los supermercados, pero ningún proveedor está dispuesto a garantizarlos de acá a 6 meses. Ya pasó con la primera edición de los Precios Cuidados en el 2014: si no se actualizaban, la inflación se traducía en desabastecimiento y esos bienes no se encontraban en ninguna góndola.

Esta es la primera mitad de la ecuación en la mente de un proveedor. En 6 meses, cuando cobre, si es que tiene la agilidad y el conocimiento de los vericuetos del Estado para cobrar en seis meses -y no se topa con una decisión política de pisar los pagos- con una inflación arriba del 50% anual, ya habrá perdido un cuarto del valor actual.

La segunda mitad de la ecuación tiene otros componentes: como la forma de pago, las forma de acceso a la licitación, la cartelización de los proveedores, y cuándo no alguna ventaja no lícita por la posición oligopólica que terminan adquiriendo los pocos competidores. Las ofertas de alcohol en gel a $1750 el litro recibidas en la página de la Ciudad son a todas luces exageradas frente a los $360 que sale un litro de alcohol etílico al consumidor final.

Solo la forma de pago es ya un problema. Si en 6 meses el pago se concreta con un bono a 36 meses (como los que acaban de sacar la ciudad y la provincia de Córdoba), no cualquier proveedor puede esperar 3 años más para cobrar. Si va al mercado secundario (con las condiciones actuales) para convertirlo en efectivo, puede obtener  80% de lo que diga su valor nominal, es decir, perder el 20%. Si las cosas se complican más, va a valer todavía menos. En cambio, si es un bono de la Ciudad, va a valer 92% de su valor nominal. Y todas esas diferencias se cargan en los precios de las licitaciones.

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Para el economista Félix Piacentini, "puede estar fallando el diseño de los pliegos, por un lado, en cuanto a las especificaciones técnicas que pueden no dejar entrar a todos los productos. Por el otro, la desconfianza al gobierno a la hora de cobrar. Si no se genera confianza en los proveedores de que van a cobrar en tiempo y forma, o si piensan que después vas a tener que hacer gestiones adicionales para cobrar, las empresas no van a querer meterse en los procesos licitatorios. Hay que garantizar más transparencia y más rapidez en el pago, procurando que participen la mayor cantidad de oferentes posibles. Y si están cobrando los pliegos, deberían estar a disposición de manera gratuita, como siempre han pregonado los organismos multilaterales de crédito como el BID por ejemplo".

"La inflación, además, le suma incertidumbre al oferente si es que hay un tiempo entre la entrega y el pago. Pero eso se puede resolver si el Estado reconoce la inflación al momento del pago, o paga en alguna medida en valor adquisitivo, por ejemplo en UVAs. Creo que acá el mayor problema pasa por empresas que no le creen al gobierno, y sospechan que cobrar va a ser un parto y requerirá de gestiones adicionales", agregó.

Desde el PAMI, por ejemplo, explicaban que solo se presentó un proveedor a la licitación de alcohol en gel, que había urgencia por comprar y que no eran "pouch" sino "sachets" con boquilla para los expendedores ya instalados en clínicas y hospitales y que quedaron rehenes de esa especificación. "Sí o sí tienen que ser los sachets, si ponemos botellitas se las roban", dijeron. La titular del organismo, Luana Volnovich, también explicó en declaraciones a la televisión, que muchas de las licitaciones a las que llama el PAMI "directamente quedan desiertas".

En este sentido, la advertencia de los economistas es que, sin mecanismos de pago que garanticen el cobro, la decisión del presidente de fijar precios máximos para las licitaciones con pagos que licuen ese valor a 6 o más meses, va a hacer que cada vez más las licitaciones queden desiertas.

La advertencia de los economistas es que, sin mecanismos de pago que garanticen el cobro y con la decisión del presidente, más van a ser las licitaciones desiertas.

"Si pagaran cash, ese problema desaparece. Y tienen la máquina de imprimir billetes", resumió el economista Gabriel Zelpo de la consultora Seidó. Al fin y al cabo, si los precios máximos al consumidor final pueden respetarse en los supermercados, deberían ser atractivos para una venta al por mayor.

El economista Martín Kalos, por su parte explicó a LPO que: "La ley de Compras y Contrataciones de Argentina está desactualizada. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires avanzaron mucho en este tema, por ejemplo con las licitaciones electrónicas y la Nación, no. Además, Argentina no puede seguir haciendo licitaciones ignorando el contexto, haciendo de cuenta que no existe la incertidumbre económica, en particular, respecto de la inflación. Las empresas que se presenten no pueden incluir un interés al Estado, lo que hay es un plazo de pago y como saben que probablemente el Estado incumpla ese plazo de pago por distintas razones o que en el medio haya habido un pico inflacionario, entonces las empresas lo que hacen es cubrirse: de la inflación esperada, de una devaluación esperada -si hay insumos dolarizados en el proceso productivo-, de una demora administrativa en el pago respecto del plazo pautado, del costo de trámites e instancias legales para cobrar".

"Todas esas coberturas hacen que el Estado termine pagando más que lo que pagan el resto de los compradores del mercado con reputación de buen pagador, incluso incluyendo un plazo de crédito comercial. Esto se puede solucionar con UVAs, con CER, haciendo eficientes los mecanismos de pago para pagar en tiempo y forma. Porque además, todo esto ahuyenta a las pymes de las licitaciones, que podrían competir en precio y en calidad de producto, pero no tienen las espaldas financieras para bancar la demora en el cobro. Porque lo que termina pasando es que solo se presentan las más grandes, con espalda financiera y conocimiento para que salgan los pagos. Esto sin contar los casos de corrupción, clientelismo, cartelización, nepotismo. Todo eso son delitos, son materia judiciable y no es una cuestión de procedimientos técnicos a mejorar, sino de que la Justicia actúe", aclaró Kalos.