Este miércoles Alberto Fernández debería haber enviado el proyecto del aborto según el plazo que anunció durante la apertura de sesiones ordinarias, pero aún no llegó. Sus voceros aseguran que está puliendo la letra chica junto a su secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y a la ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta y no llegaría a la versión final hasta el viernes o la semana próxima.

Tiene motivos para revisarla porque su contenido definirá el destino de la ley en el Congreso y sobre todo en el Senado, donde aún no están los votos para garantizar su sanción. El panorama es alentador en Diputados, que este jueves confirmará cuatro presidencias verdes en las comisiones que controlarán el debate.

Cecilia Moreau preside Legislación General desde diciembre y asumirán sus compañeros Pablo Yedlin en Salud, Mónica Macha en Mujeres y Diversidad y la entrerriana Carolina Gaillard en Legislación Penal, una de las últimas en definirse.

La militancia verde dice estar cerca de llegar a la mayoría propia con votos ocultos, aunque sus rivales se contentan en que en estos días no aparecieron nuevos aliados y quizá no lleguen a la mayoría propia de 129 votos que se jactan de tener escondida. 

Pero las promotoras de la ley sí admiten que aún no hay certezas de triunfo en el Senado, que en 2018 la bloqueó y en diciembre sólo se renovó en una tercera parte. Su mejor punteo les dio una posible empate en 36, mientras que los celestes creen llegar a los 37 que hacen falta para dominar el recinto (con menos, no se puede abrir una sesión), pero cuentan a 3 indecisos y varios propios que se pueden convertir si el debate no se radicaliza.

Alberto anunció un proyecto de despenalización en París, pero en el Congreso avanzó con una legalización plena, que aún no tiene los votos en el Senado, donde varios oficialistas esperan la letra final para definir si apoyan. 

Son algunos de los que votaron en contra aquella madrugada del 9 de agosto y otros recién llegados, que estarían dispuestos a garantizar la sanción si el proyecto se restringe a quitar o eliminar penas y no suma obligaciones a los centros de salud provinciales y las obras sociales imposibles de costear.

Una idea similar anunció Alberto en París, cuando anticipó un proyecto que "termine con la penalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público". Molestó a la campaña por la legalización, que exige contemplar condiciones precisas para su práctica e incluirla en el Programa Médico Obligatorio (PMO), para que hospitales y obras sociales la realicen sin excusas.

En la apertura de sesiones, el presidente se los garantizó con las palabras que reclamaban: prometió una ley que "legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar".

Sergio Leavy, senador por Salta. 

LPO / Juan Carlos Casas

Entre los que estarían dispuestos a acompañar un proyecto más cercano al anuncio de París se anotan los oficialistas recién asumidos Roberto Mirabella (Santa Fe), Edgardo Kueider (Santa Fe) y Sergio Leavy (Salta), incluidos en la lista de indecisos en los poroteos que circulan por el Congreso. Leavy prefiere que lo sumen entre los que vota en contra mientras el pleito siga parejo. 

No es el caso de Mirablella, que reemplazó al gobernador de Santa Fe Omar Perotti y en febrero presentó un proyecto para adaptar Código Penal al fallo de la Corte conocido como F.A.L, que garantiza el aborto en los términos de su artículo 86.  

Esto es, "cuando haya peligro de vida o salud física o mental de la mujer o persona gestantes", si el embarazo "proviene de un abuso sexual" o si se diagnostica "la inviabilidad de la vida extrauterina del feto". Alcanzaría con el requerimiento y declaración jurada de la mujer, pero el proyecto no contempla una despenalización plena, porque el resto de los abortos sostendrían penas mínimas de 1 año de prisión, considerada excarcelable, y el doble de inhabilitación para ejercer la medicina a quien lo haya practicado. Pero el santafesino  estaría dispuesto a negociar si el proyecto oficial tiene un sentido similar al suyo. 

Maurice Closs.

LPO /Juan Carlos Casas.

"La legalización es lo mejor, pero si se legislan las condiciones del caso F.A.L. sería casi lo mismo, porque las declaración jurada de peligro mental sería imposible de objetar", explicó a LPO un diputado verde del oficialismo que empezó a escuchar a los senadores para no volver a dar un paso en falso. 

A los Provida tampoco les gusta la despenalización porque consideran que al quedar habilitado el aborto será un hecho tarde o temprano mediante simples resoluciones de los gobiernos. Pero cuando Diputados aprobó una ley más dura intercambiaron textos que iban en ese sentido con referentes del Episcopado, que parecían cerca de ceder. "Sancionamos una ley con 4 años de prisión para los organizadores de carreras de galgos; no podemosdejar sin penas a los que interrumpen una vida", cerró una de las charlas la diputada Graciela Camaño, según reconstruyó a LPO uno de los testigos.

Pero muchos senadores que pulsaron el botón rojo aquella vez no piensan así y están en la mira de sus colegas celestes dogmáticos que, entienden, si Alberto enviara un texto para seducirlos podría aprobar la despenalización y regular la práctica con resoluciones del Ministerio de Salud, como la que Ginés González García firmó para cumplir el fallo F.A.L ni bien abrió su despacho. La presión de los verdes para ir por todo o nada, termina siendo su mejor aliada.

Alberto presiona a los gobernadores para aprobar la ley del aborto

Preocupados, distribuyeron  una lista de  "celestes débiles", como la llaman, en la que aparecen la neuquina Lucila Crexell, quien se abstuvo hace dos años tras esperar modificaciones que no llegaron; la catamarqueña Inés Blas, que definió su rechazo una semana antes de la sesión, al igual que el misionero Maurice Closs, quien ya hizo saber que revisará su postura si además de no avanzar mucho más que en la despenalización se contempla una asistencia a los centros de salud de las provincias. 

El radical Juan Carlos Marino también está entre los posibles celestes conversos si aparece un proyecto diferente y el santiagueño José Neder, recién asumido, estaría entre los provida dialoguistas.  Otra expectativa es si para amansar a la iglesia el presidente incorporará la objeción de conciencia institucional, como le prometió González García a sus colegas del interior, o repite la individual de hace dos años.

"Esto es simple: si manda lo que el Senado ya rechazó es muy probable que llegue al mismo final. Tiene que mandar algo nuevo", sostuvo ante LPO un senador opositor, dispuesto a revisar su posición si encuentra algún incentivo. 

Un vuelco a favor le permitiría a Alberto ablandar a los gobernadores peronsitas, la clave  del Senado por ser los dueños de la mayoría de los votos celestes. La pandemia del Coronavirus complicó las cosas, porque varias legisladores oficialistas no creen oportuno convocar a la gente a las calles a pelear por el aborto mientras se decretan cuarentenas. 

Este miércoles los diputados celestes pusieron primera y armaron su grupo de wasap, denominado "Salvemos las Dos Vidas", con un corazón celeste, cerrado a unos poquitos referentes para que no haya topos. En 2018 integró este grupo desde el primer día Melina Delú, la pampeana que junto a su coterráneo Ariel Rauschenberger garantizó la ley en la mañana del 14 de junio. No quieren experiencias similares. Ahora la tienen más difícil.