Un pedido de Aclaratoria por el pago de las costas por el pedido de avocamiento del concurso a la Corte de Santa Fe dejó flotando una sospecha sobre el accionar del demandante Commodities S.A., cuyo titular es Mariano Grassi, uno de los interesados en la apertura del cramdown para hacerse de la agroexportadora.
Es que cuando la Corte provincial rechazó el "per saltum", no detalló en su resolución sobre quién debÃa hacerse cargo de los honorarios del procedimiento; "creemos que deberÃan recaer sobre Commodities que fue la que perdió con su planteo", consideraron los representantes de VicentÃn.
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Sin embargo, los abogados hicieron un planteo mucho más de fondo, y se preguntaron si Commodities S.A. tenÃa legitimación para hacer la presentación en el Máximo Tribunal santafesino ya que según detectaron en sus balances, la firma habrÃa trasladado la acreencia que tenÃa con VicentÃn a los accionistas de la corredora agropecuaria entre agosto y noviembre de 2020.
Si bien, la cesión de los créditos a los accionistas es común en casos de quebrantos muy grandes y cuando hay riesgos de cobrar para diluir la carga y no que afecte impositivamente a la totalidad de la empresa, lo que debÃa haber hecho Commodities es haber informado en el trámite concursal.
Sin embargo, esa maniobra legal recién fue advertida ahora; "surge de sus balances que Commodities S.A. cedió su crédito a sus accionistas en algún momento entre el 24-8-2020 y 30-11-2020, concretando a partir de allà innumerables presentaciones, arrogándose la condición de acreedor que ya no tenÃa cómo efecto de esa cesión", explicó el constitucionalista Maximiliano Toricelli en la presentación a la Corte.
En consecuencia, el letrado considera que "quien efectuó la solicitud tiene una notable carencia de legitimación activa, y ocultó esa condición tanto a este Tribunal, como a otros tribunales, actuantes".
Es decir, que Grassi habrÃa ocultado el traspaso de la acreencia a los accionistas para presentar a Commodities como una de las principales perjudicadas con el default de VicentÃn cuando en realidad, esos derechos ya habÃan sido cedidos.
Por lo tanto, el principal argumento que Grassi esgrimÃa para impulsar el cramdown junto a importantes empresarios locales y nacionales para quedarse con la agroexportadora podrÃa derrumbarse definitivamente a la vez que podrÃan haber incurrido en el delito de "estafa o fraude procesal".
La figura corresponde a un engaño en un proceso judicial, en este caso el concurso, con la finalidad de producir un error en el magistrado y conseguir asà una resolución favorable a sus intereses perjudicando a un tercero.
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