Sergio Massa quiere impulsar después de las PASO una serie de proyectos que favorecen a las provincias, para intentar sumar votos hacia la primera vuelta en territorios críticos para el peronismo.
Esa agenda se cruza con la intención del kirchnerismo de aprovechar los últimos meses del año para tratar de darle un cierre a su cruzada contra la Corte Suprema.
La idea del kirchnerismo es sacar dictamen de la Comisión de Juicio Político, contra los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La oposición le arruinó al kirchnerismo su ultima sesión del juicio político antes de las PASO
Después de la última reunión de esa comisión, presidida por la diputada Carolina Gaillard, quedó claro que el oficialismo está en dificultades. Aunque las principales espadas legislativas de la coalición gubernamental concitan la atención en la tarea de juntar pruebas y lograrían dictamen de mayoría sin inconvenientes, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se las ingenian para martirizar a sus adversarios con técnicas elementales o astucia política: el martes pasado, tal como anticipó LPO, vaciaron la comisión, enviaron una nota a la Presidenta de la casa, Cecilia Moreau, y reivindicaron su papel como contralor institucional de una iniciativa que consideran amañada.
En la misiva, se quejaron de que Gaillard citara con un día de anticipación nada más al Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y a Miguel Federico De Lorenzo, funcionario de la Secretaria de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La semana anterior, para colmo, habían convocado al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y a un tal "Juan Ignacio Mahiques", que asumió el 3 de mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad.
Miembro de una dinastía con despachos judiciales, su nombre confundió a quienes sospechan de su conducta.
Ignacio era a quien querían sentar frente a los flashes fotográficos pero Juan Mahiques, cuyo segundo nombre es Bautista, se desempeña como jefe de los fiscales porteños y es hermano mayor del testigo que pretendía interrogar la comisión. La pifia fue motivo de burla en los pasillos del Congreso y se blandió como justificación complementaria de su faltazo y el de D'Alessandro, por razones políticas más sustanciosas -como la de no regalarle al kirchnerismo un escenario de diatribas contra el macrismo a escasos días de las elecciones-.
Ante ese escenario, la oposición también jugará su juego, a partir del lunes. El jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, conjeturó que "si bien se puede sostener la discusión en la comisión, el 10 de diciembre cambia la composición de la Cámara y van a querer tener un dictamen". "No saben si van a seguir siendo oficialismo", lanzó.
El diputado macrista Pablo Tonelli, en diálogo con LPO, consideró que el pedido de juicio político "es un circo, una puesta en escena que no conduce nada". "No hay motivos serios, verdaderos", completó.
Gaillard, no obstante, indicó que "se trabaja con seriedad". "A partir del cierre de cada causal, se hace un informe preliminar para ver si sacamos dictamen", graficó.
Fuentes consultadas por este medio, estimaron que el peronismo procura obtener dictamen de comisión antes de fin de año pero que las posibilidades de tratamiento en recinto serían irreversiblemente improbables. Bajo esa perspectiva, Tonelli auguró una encrucijada frustrante para el oficialismo: "es una vía muerta lo del dictamen, un intento condenado al fracaso".
En el Senado, la relación de fuerzas tampoco es más promisoria. Aun así, los legisladores que responden a los gobernadores del Norte y la Mesopotamia agitan sus intereses.
Antes que se cayera la chance de reunir quórum para aprobar el pliego de la jueza Ana María Figueroa, por la reticencia del rionegrino Alberto Weretilneck y las complicaciones familiares de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, el entrerriano Edgardo Kueider, miembro junto a Guillermo Snopek y otros peronistas disidentes del bloque Unidad Federal, consiguió dictamen para que su proyecto de alivio tarifario para el servicio eléctrico llegue al recinto. Especula con que ese beneficio económico redunde en una mejor performance electoral, en un distrito esquivo para la fórmula de Massa y Agustín Rossi.
Con la misma tesitura, los representantes del "Norte Grande" en la Cámara Alta, encabezados por el formoseño José Mayans, resolvieron la semana pasada que agilizarían el tratamiento del proyecto de ley para crear un régimen diferenciado de tarifas para el consumo de energía eléctrica en zonas cálidas del país. El objetivo sería que los habitantes de las regiones con altas temperaturas "puedan afrontar las inclemencias térmicas sin que les signifique una erogación por el pago del servicio eléctrico imposible de solventar", según argumentaron ante este portal desde su despacho.
La iniciativa, impulsada originalmente por los senadores Lucía Corpacci, Guillermo Andrada y Sergio Leavy, apunta a corregir "las asimetrías existentes entre el interior del país y el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)". "Si es necesario que los porteños paguen algo más para que las zonas cálidas tengan una tarifa acorde, que así sea", señaló Leavy.
Bajo esa perspectiva, Unión por la Patria precisará que los líderes de sus bancadas puedan reunir quórum y urdir mayorías circunstanciales contrarreloj. Y como si fuera poco, el próximo 15 de septiembre deberá ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, ensombrecido de antemano por presuntos ajustes comprometidos o vaticinios de debates con los dientes apretados. Prueba de fuego para el ministro de Economía, la aprobación o el rechazo de esa norma es un desafío escabroso también para la oposición.
En todo caso, la novedad sería que el trámite electoral no diluya este año la intensidad parlamentaria.
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