El gobierno busca obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 400 millones y para eso debe seguir una hoja de ruta marcada por el organismo desde el periodo de Mario Abdo BanÃtez. Una de las condiciones es la aprobación de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones y el plazo es hasta antes de fin de año. Los tiempos lo enfrentan con parte de la bancada de Honor Colorado.
Santiago Peña es presionado por su un sector de su bancada en el Senado y otros referentes como el ministro del Interior, Enrique Riera, que quieren postergar el estudio de la ley para lograr mayor consenso, y al mismo tiempo por el FMI, ya que Carlos Fernández Valdovinos solicitó el préstamo y aspira a un rápido desembolso.
Los compromisos con el FMI se firmaron en el gobierno anterior, pero Peña ya adoptó varias de las condiciones trazadas por el organismo. Esto fue confirmado por Silvio "Beto" Ovelar, titular del Congreso, quien sostuvo que existan o no estos requisitos, las cajas fiscales necesitan una reforma antes de que explote una crisis por la situación deficitaria.
La situación dividió a la bancada de senadores de Honor Colorado, lo que fue notorio cuando el pasado miércoles se intentó aprobar la ley, pero por ausencia de varios de sus miembros, se tuvo que levantar la sesión. Incluso algunos de los aliados habituales del oficialismo siguieron a la oposición y abandonaron el recinto para dejar a HC sin quorum.
Este martes se podrá saber, en la sesión extra convocada en Senado, si se logró conciliar una lÃnea para la aprobación, como buscan Peña y el FMI, o si se dará más tiempo para introducir modificaciones, ante la resistencia de sectores gremiales y jubilados y un grupo de Honor Colorado.
Como adelantó LPO, el sector ultra de la bancada oficialista en la cámara alta, representada por Bachi Núñez, puja para pasar la ley ante la falta de una estrategia de comunicación y ya le dio su apoyo al presidente.
Mientras tanto, otro grupo liderado por Ovelar, si bien apoya la reforma, cree que el desgaste polÃtico es innecesario y prefiere esperar hasta después del receso parlamentario de verano para retomar la iniciativa, no solo para garantizar los votos (aseguran que están), sino para rebajar el malestar de los sectores afectados por la ley.
La ley de Abastecimiento Público, que regula las compras públicas, y la de Servicio Civil, que pone un lÃmite al empleo público ligado a la afiliación partidaria, fueron otras reformas pactadas con el organismo.
La solicitud del crédito con el FMI que hizo el ministro de EconomÃa tiene otras condiciones, como parámetros de cuidado del ambiente, las protección de los bosques y la ampliación de la matriz de energÃa eléctrica. El gobierno de Peña está poniendo énfasis en el cambio climático y las polÃticas de desarrollo sin afectar el medioambiente, como destacó en su mensaje en la COP28 en Dubái.
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