Santiago Peña rompió el silencio y cargó contra la oposición y los medios tras la revelación de supuestos chats entre Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, y Aldo Cantero, uno de los fiscales que imputó a Mario Abdo Benítez y otros miembros de su gabinete.

El presidente negó que se trate de una crisis institucional y puso en duda la veracidad de las conversaciones sobre la causa contra su antecesor. "Hoy sabemos que esto es muy fácil de manipular. Acá no estamos hablando de ninguna prueba documental. El abogado es un amplio conocedor del derecho, el fiscal general también", dijo.

Hoy sabemos que esto es muy fácil de manipular. Acá no estamos hablando de ninguna prueba documental

Sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, Peña apeló a la falta de "competencia" para esquivar la cuestión. "Esta es una discusión que se dirime en un ámbito diferente y yo entiendo que muchas veces, lo que se busca es que el Poder Ejecutivo esté en el medio de todas las discusiones", agregó.

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Peña intentó, además, omitir el hecho de que algunas cuestiones mencionadas en los chats tienen correspondencia con la realidad, como el caso del encuentro entre Ovelar y uno de los imputados, Renée Fernández, en las oficinas de Cantero.

El expresidente Mario Abdo Benítez.

Agencia IP

"No me van a ver por más que traten de arrastrarme a esas discusiones", apuntó Santi. Sin embargo, dijo que sintió que era necesario pronunciarse "cuando se puso en duda el respeto a los derechos constitucionales a la libertad de prensa y la libertad de expresión". "Me pareció oportuno que el presidente pueda emitir una opinión y garantizarle a todos los paraguayos y a todos los trabajadores de la prensa que desde el Estado vamos a garantizarles que puedan hacer su trabajo", se ratificó, tras un mensaje de apoyo a los periodistas esta semana.

Consultado sobre su posición sobre una posible regulación de los medios, Peña negó estar a favor, aunque aseguró que espera que los medios tengan una participación "más activa y creíble".

Estas declaraciones se dieron luego de que se conociera un nuevo pronunciamiento de líderes de la región acerca de la situación política en el país. Tal como lo hiciera esta misma semana el Grupo Libertad y Democracia, que nuclea a expresidentes de derecha de la región, entre ellos Mauricio Macri, ayer por la tarde hizo lo propio la iniciativa Democracia de España y las Américas (IDEA), en una declaración pública en la que hablaron directamente de una persecución a Abdo.

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"Observamos con preocupación la imputación penal que el Ministerio Público paraguayo formula al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus colaboradores por supuestas filtraciones de informes de inteligencia financiera surgidas supuestamente de la Secretaría de Prevención de lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)", dice parte de la declaración.

Horacio Cartes, líder de la ANR.

AP

Los expresidentes resaltan que estos informes "estarían relacionados con graves hechos de corrupción que investigara su gobierno y que se conectan con sanciones que el Departamento del Tesoro de los Estades Unidos, designando a personas físicas y empresas del Paraguay que deterioraban, con sus acciones, a la institucionalidad democrática", en referencia a la declaración de "significativamente corrupto" que hiciera la administración Biden contra Cartes.

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El comunicado lleva la firma de 21 expresidentes, entre ellos los paraguayos Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy, el uruguayo Luis Lacalle Herrera; los bolivianos Jorge Quiroga y Carlos Mesa; los colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe; los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, los ecuatorianos Guillermo Lasso, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad; el chileno Eduardo Frei; el español Mariano Rajoy, entre otros,varios de los cuales firmaron el pronunciamiento anterior.  

Los exmandatarios exigieron que, como cualquier ciudadano, Abdo cuente con todas las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva, "derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables".

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregaron que "las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional cuando se trata de perseguir al crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de afectación del Estado constitucional de Derecho".