La jueza penal de garantÃas Cynthia Lovera admitió este mediodÃa la imputación contra el expresidente Mario Abdo BenÃtez y ocho de sus exfuncionarios por revelación de secretos privados y otros delitos. Los dirigentes abdistas ya tienen fecha para la audiencia de imposición de medidas, pero Abdo y el diputado Mauricio EspÃnola deberán ser desaforados antes de esa fecha.
Abdo, EspÃnola, Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Daniel FarÃas, Guillermo Preda y Francisco Pereira están procesados por varios hechos punibles, entre ellos la revelación de secretos privados, revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
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Giuzzio y Arregui deberá ir a la audiencia el 26 y el 25 de marzo, respectivamente, mientras que los demás procesados tendrán que presentarse al juzgado luego de Semana Santa. El exmandatario y su equipo son acusados de haber revelado información sensible de la SecretarÃa de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para perjudicar a Horacio Cartes.
En el caso de Abdo y EspÃnola, ambos deben ser desaforados por el Congreso para quedar a disposición de la justicia. Como expresidente, y tras haber cumplido su mandato de cinco años, Marito es senador vitalicio y, por lo tanto, conserva de momento su inmunidad parlamentaria. En el caso de EspÃnola, fue electo por voto popular y cuenta con fueros.
Los pedidos de desafuero ya tuvieron mesa de entrada esta tarde en Diputados, para el caso de EspÃnola, y en el Senado, para el caso de Marito.
La posibilidad de que ambas cámaras sesiones hoy en una extraordinaria son altas, aunque todavÃa existe mucho tiempo para que ambos puedan ser citados ante el Poder Judicial en la vÃspera de la Semana Santa, momento en el que las actividades quedan suspendidas.
Según la resolución de Lovera, los agentes fiscales encargados de la causa deberán presentar los requerimientos conclusivos el 11 de setiembre de este año. En esa fecha se realizará la acusación en el caso de que existan pruebas para elevar a juicio oral las causas contra el equipo del gobierno anterior.
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