Quiindy, una pequeña ciudad de poco más de 21.000 habitantes, ubicada en Paraguarà y cuya principal actividad económica es la fabricación y comercialización de pelotas de cuero, se convirtió en una potencia a nivel paÃs de la criptominerÃa, aunque de manera ilegal.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino, con colaboración de la FiscalÃa, una granja instalada en el tinglado de una emisora de radio de esa ciudad, donde funcionaba a la vista de todos, pero que pasó inadvertida para las autoridades durante un buen tiempo.
Félix Sosa, titular de la estatal, contó este jueves que la criptominerÃa se convirtió en los últimos meses en el principal problema para la distribución de la energÃa eléctrica, debido a que la mayorÃa de estas instalaciones son irregulares, conectadas directamente al cableado de la ANDE.
Quiindy no fue la excepción y en las últimas semanas registraron cortes prácticamente a diario, lo que terminó por colmar la paciencia de los vecinos, que se decidieron a denunciar. No fue para menos: según el propio titular de la ANDE estas instalaciones consumieron más energÃa eléctrica que todo el resto de la ciudad.
En el lugar se encontraron alrededor de mil doscientas máquinas que operaban las 24 horas. Mediante un transformador que funcionaba de "pantalla" lograba justificar un consumo mucho menor al real, que contaba con una conexión subterránea. Según los primeros cálculos y la potencia del transformador, la granja se habrÃa robado el equivalente a entre 600 y 800 millones de guaranÃes por dÃa.
Sosa dijo que acordó con el fiscal general Emiliano Rolón y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis MarÃa BenÃtez Riera, dar un parate definitivo a esta situación que perjudica a los usuarios de la ANDE.
"Este año ya intervenimos 11 locales parecidos, que totalizan 33 megavatios (MW) de potencia. La ciudad de Pilar consume 27 MW, con todas sus fábricas", resaltó. Sosa reconoció que mantener una infraestructura tan grande requiere mucha inversión y, por ende, hay riesgo en caso de ser descubiertos. "No sé si estaban tan seguros de que nadie les iba a molestar", respondió en relación con la posible complicidad interna de la ANDE.
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Sosa precisó que el negocio de la criptominerÃa no es ilegal y que lo que sà es irregular es el robo de energÃa. El negocio de estos establecimientos irregulares está en que, como el 90% de su costo operativo se basa en el consumo energético, al obtenerse prácticamente gratis, se disparan sus rentas. La ANDE precisó que hay sesenta procesos penales en curso contra responsables de granjas ilegales.
"Existe una tarifa (para este tipo de actividades) que está en dólares y que pagan aproximadamente un 40% más que a tarifa regular. Hay 25 clientes que se encuentran trabajando en forma legal", destacó Sosa.
El titular de la ANDE explicó que por tratarse de instalaciones regulares y estar dentro de los caculos de previsión de la estatal, estas empresas no afectan al sistema de distribución, si bien entre estos clientes hay granjas que ya tienen contratos firmados y en proceso de instalación en Guairá, Hernandarias y Villeta.
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