El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, llegó a Paraguay y mantuvo reuniones con varios funcionarios, incluido el presidente Santiago Peña. En sus declaraciones defendió el Reglamento 1.115 que prevé un sistema de trazabilidad para los productos exportables, pero negó que Bruselas busque interferir en las decisiones internas de Paraguay.

En su cuenta de X, el comisario dijo que trataría con el gobierno "el impacto del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación y sus beneficios para todos los involucrados". Más tarde, en conferencia de prensa, Sinkevicius, dijo que a pesar de que Paraguay no contribuya con cantidades significativas de gases de efecto invernadero, el principio contra la deforestación debe aplicarse de igual manera en todas partes del mundo. 

Además, el funcionario europeo señaló que Paraguay cuenta con una ventaja comparativa dentro del mercado, una forma de contrarrestar algunos discursos que sostienen que adecuarse a las normativas ambientales de la UE implicaría una pérdida de competitividad para los productos paraguayos.

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La UE ofreció una inversión inicial de 10 millones de euros para preparar el sistema de trazabilidad, que servirá a los productores para entrar en la cadena de valor mundial, en especial a los más pequeños. "La Unión Europea no tiene la intencion de decirle a Paraguay cómo tiene que regular las leyes y aplicarlas. Ni en Paraguay ni en ninguna otra parte del mundo. El reglamento se aplica para todos, no es específica", apuntó Sinkevicius.

Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente de la UE, con los ministros Giménez y de Barros. 

Presidencia de la República

Dentro del Gobierno existe una puja entre el ala más afín al sector agropecuario y aquellos que buscan desarrollar políticas de protección del medioambiente, más posicionados cerca de la cooperación con la UE, en el marco del denominado "capitalismo verde".

El actual ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, es una de las voces de dentro del gobierno que más insiste en no seguir los parámetros europeos. No solo crítica el accionar de los emisarios europeos que negocian el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, sino que considera que el Reglamento 1.115 afecta al comercio exterior paraguayo.

La Unión Europea no tiene la intencion de decirle a Paraguay cómo tiene que regular las leyes y aplicarlas. Ni en Paraguay ni en ninguna otra parte del mundo. El reglamento se aplica para todos, no es específica

Pero no solo en este gobierno el Ministerio de Agricultura y Ganadería sentó posturas contrarias a la famosa adenda enviada por la Unión Europea para el cierre de las negociaciones del acuerdo con el Mercosur.

Durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando Santiago Bertoni fue ministro, desde la cartera se criticaba las políticas de protección ambiental y la imposición de parámetros más rigurosos para la venta de productos como la soja y la carne a los países del bloque. 

Javier Giménez, ministro de Comercio e Industria. 

LPOLucas Núñez

Sinkevicius también tiene pendiente ir a Bolivia el lunes, para activar una línea de cooperación económica con el gobierno para luchar contra la deforestación, desarrollar política de motivación de los efectos del cambio climático. Posteriormente irá a los demás países de la región para llevar tranquilidad sobre las reglas ambientales que Bruselas comenzará a aplicar en 2025. 

Santi Peña no sale a confrontar la línea dura anti ambientalista y anti verde, per desde que llegó al poder en agosto pasado valoró las características de Paraguay en cuanto a la producción de electricidad limpia, agua potable y tierra para la producción de alimentos.

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Al margen, recalcó en varias oportunidades que Paraguay no contribuye significativamente en la emisión de gases de efecto invernadero y que se plantase contra las intenciones de dictar normas de producción que no estén delineadas por actores de la política y empresarios locales, luego del ida y vuelta entre los diferentes gremios de la producción.

El Reglamento 1.115 establece normas y mecanismos de control para determinar que los productos que se venden a la UE no provengan de zonas deforestadas o de aquellas donde comunidades indígenas hayan sido expulsadas. La trazabilidad busca condicionar el proceso integral de fabricación del bien exportable, desde la materias primas involucradas hasta su distribución al consumidor final.