El presidente Santiago Peña acaba de firmar un decreto para limitar el negociado que se da en el proceso de contratación de fletes y que impacta en el pago de tributos aduaneros de importación y exportación de mercaderías, especialmente en las zonas de frontera. La falta de controles por parte de la Aduana le permitía a los despachantes obtener ganancias millonarias, ya que no declaraban los costos asociados a los productos transportados. 

Con el decreto 859/2023, todo importador estará obligado a brindar informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre los costos de los fletes, que pondrá un freno a la discrecionalidad en la liquidación de impuestos aduaneros. El esquema salió a la luz durante la crisis diplomática con Argentina en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. 

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A finales de septiembre, cuando los camiones empezaron a ser detenidos en los puntos fronterizos, en el marco de una investigación sobre facturas falsas y costos de fletes llevada a cabo por la Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina -una medida en represalia por el corte en la entrega de la energía excedente de Paraguay, producida en Yacyretá, al país vecino-, las autoridades paraguayas encontraron que muchas mercaderías no eran declaradas o no se correspondían con su valor real, todo para saltarse los impuestos aduaneros. El punto débil estaba en los despachos.

Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios.

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"Le pusieron ojo al costo del flete. Ocurre que ponen un valor de factura de 10 mil dólares y le ponen 2 mil dólares más de flete, se pone el 1% del seguro, y había sido que el flete era de 15 mil dólares. No dan los números. En esa suma existe una evasión. Se están aplicando más controles para que la gente que no quiere hacer, y nunca hizo lo que debe hacer, lo haga. Debería haber una sola factura en la importación y no una original y otra copia donde se tocan los valores", indicó Cecilia Salustro, presidenta del Centro de Importadores (CIP).  

LPO consultó Juan Olmedo, gerente de Aduanas, dependiente de la DNIT, quien admitió que los funcionarios de Aduanas establecían a su antojo la metodología de liquidación de los despachos aduaneros. El jefe del organismo aseguró que el gobierno resolvió atacar el negocio que existe en la contratación de fletes, que en su mayoría afecta a los sectores del combustible que circulan por la hidrovía y los pasos fronterizos terrestres, ya que tienen mayor margen de maniobra para adulterar la declaración de los volúmenes transportados. 

La documentación de origen, que establece básicamente el pago de fletes, es el documento válido por el cual se va a formalizar el despacho de importación y la liquidación de los impuestos. Antes esa liquidación estaba al arbitrio del funcionario aduanero

"Con esta medida establecemos reglas claras. La documentación de origen, que establece básicamente el pago de fletes, es el documento válido por el cual se va a formalizar el despacho de importación y la liquidación de los impuestos. Antes esa liquidación estaba al arbitrio del funcionario aduanero", explicó Olmedo. A partir de ahora, prometió, habrá una mayor fiscalización en la documentación.

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.

LPOLucas Núñez

Además, el jefe de Aduanas adelantó que se exigirán los comprobantes de pagos relacionados con los fondos transferidos de bancos nacionales al exterior, o viceversa en el caso de las exportaciones, para dar trazabilidad a las operaciones financieras. "Muchas de las documentaciones que se presentan por parte de los importadores y despachantes adolecen de credibilidad, lo que da apertura de un proceso para constatar si existe una evasión", apuntó.