El oficialismo obtuvo esta noche, en votación ajustada, la media sanción de Diputados del proyecto de ley que regula la Responsabilidad del Estado, pese a los fuertes cuestionamientos de los sectores opositores, en una sesión especial que se extendió por casi diez horas.

La propuesta, que en la votación en general recibió 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, recién será tratada en el Senado en el período ordinario de 2014, según lo anticipó la semana pasada el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En tanto, la cámara baja se preparaba para continuar con el debate del proyecto de reforma de la ley de Impuestos Internos, que prevé fuertes alzas en tasas impositivas para los autos de alta gama, embarcaciones y aviones, entre otros bienes de lujo.

En la sesión de hoy y previo al tratamiento de la Responsabilidad del Estado, el cuerpo convirtió en ley el proyecto que otorga una pensión graciable para las personas que fueron víctimas de detención ilegal por razones de carácter política o sindical hasta el 10 de diciembre de 1983, con lo cual se otorga un resarcimiento económico para presos políticos.

El proyecto de Responsabilidad del Estado, que fue enviado por el Gobierno con las firmas del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el 14 de noviembre pasado, destaca entre sus fundamentos que la medida "busca brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones de las autoridades públicas con los particulares".

La propuesta generó fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición, porque el kirchnerismo decidió sacar la Responsabilidad del Estado del proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial para transformarlo en una ley especial, bajo el argumento de que la normativa tiene que estar regulada por la legislación administrativa.

Entre los puntos más críticos del proyecto establece que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios", y agrega que estos últimos serán responsables sólo cuando incurran en dolo y culpa -según indicó hoy la kirchnerista Diana Conti- y que el plazo para demandarlos prescribirá a los tres años.

En el dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se aclaró que el Estado no puede ser considerado empleador y fija en su artículo 6° que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada".

En el debate de la propuesta, Diana Conti hizo una fuerte defensa del proyecto al asegurar que se está "protegiendo al Estado" por "el interés general y el bien de todos", contra "la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina".

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseveró que es una ley de "autoamnistía de los funcionarios del gobierno kirchnerista en retirada, y básicamente para un ministerio, el de Planificación Federal, que tuvo a cargo todas las concesiones" de los servicios públicos.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que la iniciativa oficial "no es un proyecto propio de defensores de derechos humanos", ya que "consagra una desigualdad de derecho irritante" al limitar "exageradamente la responsabilidad del Estado, y compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino".

Asimismo, el legislador advirtió que esta ley "va a provocar un verdadero caos normativo" por la diferencia de legislación con las provincias y estimó que "esto va a terminar con un fallo que va a declarar la inconstitucionalidad" de la norma.

A su turno, el titular del bloque del PRO, Federico Pinedo, alertó sobre el "impacto" que la norma tendrá en los derechos humanos, cuestionó que "los que ejercen el poder van a usar ese poder para no resarcir el daño" que pueden causar por un incumplimiento en la función pública y se mostró a favor de sancionar una ley común para todo el país.

El diputado del Frente Amplio Progresista Omar Duclós insistió con el reclamo de la oposición para que la Responsabilidad del Estado sea incluida en el Código Civil.

Graciela Camaño, del Frente Renovador, marcó su oposición a la propuesta, al calificarla de "latrocinio jurídico", y consideró que el proyecto del oficialismo "intenta consagrar la impunidad de los funcionarios".

En el cierre del debate, el salteño Pablo Kosiner (FpV) aseguró que la norma "democratiza el acceso a la justicia".

Además de la modificación de la Ley de Impuestos Internos, en la sesión de esta noche se tratarán también el proyecto de autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de efectivos argentinos fuera del territorio nacional para participar de ejercicios militares combinados, que ya tiene la media sanción del Senado como la reforma a la ley de atención y prevención de la Diabetes.

También se incluye los proyectos de Ley de Digesto jurídico, de modificación del Código Penal sobre cumplimiento de la pena, penalización de la exploración y explotación de hidrocarburos sin el permiso de la autoridad competente y el convenio sobre el trabajo para trabajadores domésticos, entre otras propuestas.