El kirchnerismo aprobó en el Senado el nuevo Código Civil y metió una nueva contramarcha: ahora, Diputados podría rever los cambios que implementó a último momento la Iglesia y complican las prácticas de implantación de embriones.

"El artículo 19 quedó mal redactado, no tiene concurrencia ni coherencia con la ley de fertilización asistida que aprobamos en este Congreso", cerró el debate Miguel Pichetto, jefe del bloque oficialista.

"Espero que en Diputados este debate pueda ser superado y pueda retomarse la senda de un camino que es el correcto. Espero que lo corrija la Cámara Baja", adelantó el rionegrino.

Como adelantó LPO, esos cambios enfurecieron a un sector del bloque oficialista de Diputados, encabezado por Juliana Di Tullio, la jefa de la bancada, quien gestionó volver a la redacción original. Es lo que adelantó Pichetto.

Su anuncio provocó que se retiraran del recinto las senadoras del Peronismo Federal Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero, quienes habían adelantado que acompañarían en general por los acuerdos alcanzados en materia de concepción.

Pichetto sorprendió un cierre crítico de los cambios finales del proyecto. "No comparto este código pero voy a votarlo porque tengo obligaciones políticas. No estoy descalificando pero creo que, como toda obra humana, es perfectible".

Enseguida criticó los retoques que hizo el oficialismo a pedido de la Iglesia, en torno al inicio de la vida. "El artículo 19 tampoco me satisface. Tengo un pensamiento laico. Las cosas que son del Estado son del Estado. Y las que son de Dios, son de Dios. Me hubiera gustado más el texto completo", que hacía referencia a que la vida comienza desde la concepción en el seno materno y que diferenciaba los casos de embarazos a través de fertilización asistida. "Quedó mal redactado, no tiene concurrencia ni coherencia con la ley de fertilización asistida que aprobamos en este Congreso", insistió.

Aclaró que "como toda obra humana es perfectible", en el ámbito de la Cámara de Diputados "este debate pueda ser superado", aunque también reiteró que votaría la reforma por disciplina política, al contestar una pregunta desde la bancada de la UCR sobre las
razones de acompañar la medida.

El proyecto fue aprobado pasadas las 4 tras doce horas de debate, cuando el oficialismo consiguió 39 votos afirmativos contra 1 del representante del Partido Renovador de Salta, Juan Pérez Alsina, y ante la retirada en bloque de los radicales.

Pichetto sumó el punto que colmó la ya disipada paciencia radical, cuando planteó que el oficialismo solo iba a incorporar dos modificaciones a la reforma vinculada a "los derechos de las provincias a plantear plazos de prescripción en materia impositiva", referidas al "derecho público provincial o municipal" impulsadas por legisladores del oficialismo.

Allí, el radical mendocino Ernesto Sanz se quejó de la actitud del peronismo y afirmó que se trataba "de un agravio a la oposición", ya que "las únicas propuestas que aceptan son las que hacen miembros del oficialismo".

"Esto hace que a este Código lo voten ustedes solos", advirtió y le enrostró a Pichetto que "ni siquiera están conformes en el propio oficialismo con el Código".

De acuerdo con el jefe del bloque K, el proyecto oficial incluye más de 150 modificaciones, entre ellas algunas pedidas por la Iglesia como el reconocimiento de la vida "desde la concepción" (en contrario al texto original de la comisión redactora que establecía que "comienza con la concepción en el seno materno"), que va contra la posibilidad de legislar el aborto.

También se estableció la eliminación de todo lo referido a la fecundación asistida post mortem y la gestación por sustitución (alquiler de vientres), reclamos efectuados por la Iglesia y que provocaron malestar en filas K y restaron apoyo de la oposición.

Se quitó asimismo el párrafo referido a la concepción en "el caso de técnicas de reproducción humana asistida", que decía que "comienza con la implantación del embrión en la mujer", pero se mantuvo la simplificación del trámite de divorcio por "petición de ambos o de uno sólo de los cónyuges", a posibilidad de firmar acuerdos prematrimoniales y mejoras a los procesos de adopción.

El artículo 765, en tanto, deja abierta la puerta para una eventual "pesificación" de los acuerdos económicos, ya que habilita la posibilidad de saldar deudas tomadas en moneda extranjera con "el equivalente en moneda de curso legal".

La oposición, en tanto, cuestionó la prisa por sancionar la reforma (aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había admitido por la tarde a los jefes de bloque del Cuerpo la posibilidad de aceptar cambios en Diputados), la restricción del derecho de las personas nacidas por métodos de fertilización asistida a conocer su origen, es decir la identidad de los donantes; y la supresión de la cláusula de función social de la propiedad.

El socialista Rubén Giustiniani, por su parte, había advertido que al considerar al embrión como persona se anula "la práctica efectiva de las técnicas de la fertilización in vitro en nuestro país" y consideró que, además, el Senado pierde "la oportunidad histórica de reconocer al agua potable como Derecho Humano Fundamental", al lamentar que se eludiera su inclusión.

También, se cuestionó la quita la responsabilidad del Estado del Código; pero, en ese sentido, el titular de la comisión bicameral de seguimiento de la reforma, el kirchnerista Marcelo Fuentes, defendió el cambio y argumentó: "El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede a través de una legislación general, como el Código Civil de la Nación, imponer normas a los estados provinciales".

Además, atajó las críticas opositoras al señalar: "Cuando colocamos la función social de la propiedad, nos acusan de querer instaurar un Estado socialista; si lo retiramos, se nos acusa de dar un beneficio a los intereses conservadores".