El kirchnerismo cedió ante la presión de la iglesia y postergó las discusiones que más molestaban al episcopado en la redacción del nuevo código civil y comercial, con el objetivo de conseguir dictamen antes del 10 de diciembre.

Esos fueron los principales puntos del despacho que el oficialismo presentó en la bicameral encargada de debatir el anteproyecto redactado el año pasado un grupo de juristas, encabezados por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En 2012 diputados y senadores de todas fuerzas realizaron audiencias públicas en todo el país y como muchos terminarán mandato el 10 de diciembre, Julián Domínguez presionó para que al menos haya dictamen antes de esa fecha y no sea necesario conformar otra comisión.

“Me parece lo más justo. Acá no nos presiona nadie y seremos responsables de lo que hacemos”, sugirió el presidente de la Cámara de Diputados antes de terminar el plenario, realizado en el salón azul del Senado.

El kirchnerismo informó que tenía cerrado su dictamen y llamó a un cuarto intermedio para el lunes a las 14, cuando se prevé la asistencia de Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemmelmajer de Carlucci, miembros de la comisión redactora, quienes ya expusieron meses atrás. El martes, a las 11, la Bicameral recibir al ministro de Justicia, Julio Alak, y miembros de la comisión revisora del nuevo código unificado.

La UCR, Graciela Camaño y el Pro también armaron sus despachos pero se comprometieron a leer el del Gobierno. "La nueva composición es producto de la voluntad soberana del pueblo" y aclaró que "si alcanzamos un dictamen no se cae porque los dictámenes de códigos no se caen", protestó la diputada del Frente Renovador.

El dictamen K refleja que dio resultado la presión de la iglesia, que comenzó el año pasado cuando todavía Jorge Bergoglio estaba en el arzobispado porteño.

De hecho, cuando el 13 de marzo el cardenal fue elegido como Papa, el debate por el Código Civil entró en una parálisis total hasta después de las elecciones.

Y la propuesta final del Gobierno le terminó concediendo todos los pedidos a la curia, aunque dejó abierto algunos debates futuros.

En concreto, el artículo 19 del proyecto sigue considerando la existencia de la persona humana desde la concepción, como defiende la iglesia, pero elimina que sea “en el seno materno”.

Esto permite que en “en caso de técnicas de reproducción humana asistida” la existencia “comienza con la implantación del embrión en la mujer”.
Pero la iglesia consiguió eliminar que ese método de reproducción, regido por una ley especial, se realice “sin prejuicio de lo que prevea una ley especial para la protección del embrión no implantado”. Para la curia estos embriones tienen vida y no pueden tirarse.

La ley que regule esas prácticas, justamente, es un compromiso expreso establecido en el propio Código. Y en ese debate la curia podrá restringir al máximo la implantación de embriones.

El episcopado sí logró la eliminación total del artículo que permitía alquiler de vientres. La maternidad subrogada no está propuesta. La eliminamos”, confirmó Diana Conti.

En su disertación ante la bicameral, el año pasado el presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, sostuvo que esta práctica no sólo “degrada a la mujer gestante” , sino que “es posible que sea fuente de más desigualdad por la explotación para estos fines de mujeres pobres.

Nada pudo hacer con las facilidades concedidas para los trámites de divorcio, que podrán hacerse con la voluntad de una de las partes.
Además, entre las correcciones, el dictamen del oficialismo incluye a “las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas” entre las personas jurídicas privadas.

También se mantiene el artículo 146 que incluye a la Iglesia Católica entre las personas jurídicas públicas.

Límites al Estado y pueblos originarios, también pendientes

Como resultado de las audiencias públicas, el kirchnerismo aceptó además postergar dos temas con leyes aparte: la responsabilidad del Estado y los derechos de los pueblos originarios a la posesión de tierras.

“La responsabilidad del Estado Nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial”, dice uno de los artículos del dictamen.

El oficialismo buscó así despejar dudas respecto a la protección que el Gobierno pretende darle al Estado de las recurrentes acciones judiciales.
El proyecto será presentado en estos días y comenzaría a tratarse el martes en comisión.

Respecto a la protección de pueblos originarios, las quejas de las comunidades en el norte del país derivaron en la decisión de postergar el tema.

“Se advierte que existe en torno a la posesión y propiedad comunitaria indígena voces encontradas en cuanto a su naturaleza y especificidad que requieren de un debate más intenso y profundo y su abordaje a través de una ley especial”, señala el dictamen.