Mientras el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y su antecesor Hermes Binner, responsabilizan al Gobierno nacional por la detención del jefe policial de la provincia, acusado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria de ser cómplice del narcotráfico, el peronismo local no logra acordar una estrategia para acorralar al socialismo gobernante.

El obstáculo, una vez más, es la sintonía que Agustín Rossi tiene con el Ejecutivo santafesino, que choca con la posición más combativa del resto de los sectores del peronismo, que gobierna las dos cámaras tras la elección del año pasado.

Otra vez, el vehículo para proteger a Bonfatti fue Luis Rubeo, presidente de la Cámara de Diputados santafesina. Enterado de que existía un pedido de interpelación contra Raúl Lamberto, ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubeo acordó con los bloques de ambas cámaras una visita del funcionario mañana a las 9.30, pero a puertas cerradas.

“La reunión estaba pautada desde ayer. Será como una interpelación, pero a puertas cerradas, porque el ministro no puede hacer pública mucha información”, explicaron a LPO desde el entorno de Rubeo. Lo cierto es que la temprana visita de Lamberto opacó la sesión convocada para la tarde, donde las denuncias por narcotráfico iban a ser el eje de todos los debates.

Lejos de esas urgencias, se acordó una sesión especial para la noche para reconocer como “músico destacado” de la provincia a Litto Nebbia, con recital en el palacio legislativo.

El pedido de interpelación fue presentado por Pablo Di Bert, quien responde al ex diputado nacional Gustavo Marconato e integra el bloque de María Eugenia Bielsa, la triunfadora en las legislativas del año pasado, artífice de que el peronismo tenga 28 de los 50 diputados.
“Lamberto viene a tomar el té. No le vamos a poder preguntar nada y encima nos traban la interpelación”, respondieron a LPO desde el bloque bielsista.

Enterado de esta embestida, Rubeo trató de mostrarse activo todo el día. Temprano, anunció que elegirán las autoridades de la Comisión de Seguridad. Y poco después le puso el gancho al comunicado del PJ que no sólo responsabilizó a Binner y Bonafatti por la detención del ex jefe de la policía Hugo Tognoli, sino que definición esta crisis como la peor de la historia policial.

“Quien se encuentra sospechado de connivencia con el narcotráfico, fue designado durante la gestión del ex gobernador Binner al frente de Drogas Peligrosas y promovido por el gobernador Bonfatti como jefe de policía de la provincia, siendo el mismo, un funcionario de confianza del FPCS (Frente provincial Cívico y Social)”, reza el 7 de los 9 puntos del documento, que firmaron sólo los “diputados de todos los bloques que integran el FPLV-PJ”.

No se incorporaron los senadores, que en su mayoría responden a los intendentes, por estas horas más que preocupados por la crisis policial. Es que la principal denuncia es sobre la existencia de kioscos de venta de droga en la mayoría de los municipios.

No es la primera vez que Rubeo maneja los tiempos de Bonfatti. Durante la discusión por la reforma tributaria convocó por las suyas a las comisiones para que emitieran dictámenes y aceleraran el tratamiento. Después los diputados rossistas votaron a favor y la ley fue sancionada en el Senado, con el desempate del vicegobernador, el radical Jorge Henn. 

El comunicado 

Este es el comunicado de los diputados del peronismo santafesino:
Diputados de todos los bloques que integran el FPLV-PJ reclaman respuestas ante la "gravísima situación institucional por la que atraviesa la provincia".

"Ante la gravísima situación institucional por la que atraviesa por estas horas nuestra provincia, debido al caso del ex Jefe de Policía, Hugo Tognioli, luego de ser denunciado por participación en el narcotráfico y trata de personas, los diputados de todos los bloques que integran el Frente para la Victoria-PJ, manifestamos:

1º- Que como legisladores de la oposición y siendo mayoría en ambas cámaras de la Legislatura, creemos que es nuestro deber colaborar en la búsqueda de una rápida salida de la crisis que se presenta y poner a disposición del gobierno provincial nuestras propuestas en materia de seguridad.

2º- Para esto esperamos contar con urgencia, con la presencia del ministro de Seguridad para recabar información, interiorizarnos de la investigación a fin de aportar eventualmente herramientas que sirvan al diseño de una nueva política de seguridad.

3º- Que es nuestra vocación, como lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, a través de nuestras palabras y nuestra conducta parlamentaria garantizar el funcionamiento del Estado y mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

4º- Que la responsabilidad de conducir a las fuerzas de seguridad de la provincia, desde la designación de sus cúpulas, hasta el contralor de su desempeño, corresponde exclusivamente al gobernador, quien realiza esta función a través de su ministro de Seguridad.

5º- Que la posible vinculación de la máxima autoridad policial con el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y cualquier otro delito, pone al descubierto la impericia del Poder Ejecutivo provincial en la conducción de las fuerzas de Seguridad.

6º- Que estamos sin dudas frente al hecho más grave en la historia de la policía santafesina, por lo cual requerimos al señor gobernador de la provincia a que se ponga a la altura de las circunstancias, deje de buscar excusas, asuma la responsabilidad que le compete y reconozca que el crecimiento exponencial del delito de tráfico de drogas en la provincia es consecuencia directa de la falta de una política de seguridad y de control de la policía durante los últimos cinco años de gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCS).

7º- Que quien se encuentra sospechado de connivencia con el narcotráfico, fue designado durante la gestión del ex gobernador Binner al frente de Drogas Peligrosas y promovido por el gobernador Bonfatti como jefe de policía de la provincia, siendo el mismo, un funcionario de confianza del FPCS.

8º- Que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y desde distintos lugares, la falta de políticas de seguridad y la necesidad de adoptar políticas públicas, construyendo un concepto de seguridad y una policía en democracia con el aporte de todos los actores políticos y sociales.

9º- Nos comprometemos, como siempre lo hemos hecho, a ser parte de la solución y no del problema, esperando por parte del Poder Ejecutivo acciones rápidas, precisas y coherentes, teniendo en cuenta que está en juego la seguridad y la vida de los santafesinos.