El conflicto entre el Gobierno nacional y las fuerzas de seguridad escaló hoy otro peldaño, lejos de la solución que los más optimistas esperaban para este martes, plazo pedido por la Casa Rosada para dar su respuesta al petitorio de gendarmes y prefectos que ahora tiene como reclamo central la jijación de un sueldo mínimo de 7mil pesos.

"Ningún área de la administración cobra un mínimo de 7 mil pesos", afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para explicar porque la Casa Rosada decidió rechazar ese reclamo.

Enterados de esto, de inmediato gendarmes y prefectos que acampan frente a los edificios centrales de su fuerza en Retiro y Puerto Madero, redoblaron la apuesta. Raúl Maza, el sancionado vocero de los gendarmes aseguró que ante el anuncio del Gobierno "la medida no se levanta". Y agregó: "Llamamos a nuestros camaradas a levantar el 50 por ciento de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50 por ciento se va a levantar".

Mientras que en el Edificio Guardacostas, los prefectos también dejaron entrever entre gritos su decisión de permanecer insubordinados. Incluso esta noche un grupo de gendarmes y prefectos, encabezados por Maza, se dirigía a protestar a Plaza de Mayo.

Las promesas

Un dato no menor fue que Abal Medina brindó la conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sin la presencia d ela ministra del área de seguridad, Nilda Garre, a quien en el gabinete apuntan como la principal responsable de la crisis.

El jefe de Gabinete fue así el encargado de dar una respuesta a los gendarmes, a quien el hombre fuerte del Ministerio de Seguridad, el viceministro Sergio Berni, había pedido el viernes pasado tiempo hasta hoy para darles una respuesta al petitorio que le entregaron.

Pero en rigor, el gobierno no varió en casi nada la posición que ya había fijado la semana pasada cuando se comprometió a revertir los brutales descuentos salariales que sufrieron en su última liquidación de sueldos gendarmes y prefectos, sin avanzar en ninguno d e los nuevos reclamos contenidos en el petitorio.

Lo que si entregó como novedad es la denuncia de una suerte de asociación ilícita entre algunos gendarmes y ciertos jueces para asegurarse mediante amparos el cobro de cifras siderales, que en algunos casos llegarona  los 100 mil pesos de sueldo.

"Garantizamos que en la próxima liquidación casi todos estos problemas estén solucionados, sin ningún tipo de disminución salarial", afirmó Abal Medina, al tiempo que advirtió que "los únicos que se verán perjudicados son los que usufructuaron esta situación con estas medidas (por los amparos) para cobrar cifras exorbitantes, pero son la absoluta minoría de los componentes de ambas fuerzas".

El jefe de Gabinete estimó incluso que la mayoría percibirá un aumento de sueldo porque se decidió eliminar descuentos a fundaciones y otros organismos -serían más de 400- que se aplicaban a los salarios.

Lorenzino explicó que estos descuentos son aportes a mutuales vinculadas con las fuerzas de seguridad, “que en muchos casos prestan a tasas usurarias”, enfatizó. Se trata de los temibles códigos de descuento que en su momento se aplicaban a las jubilaciones, hasta que la Anses los desarticuló.

"Hay efectivos que quedaron debiéndole al Estado, debiéndole. No sólo no cobraron sino que deben", graficó el ministro

El gobierno prometió además blanquear prácticamente la totalidad del salario de los gendarmes y prefectos que hoy está plagado de ítems no remunerativos. Lorenzino reconoció que el 80% de los sueldos de esas fuerzas estaban formados por suplementos que se iniciaron en la década de los 90 bajo el gobierno de Carlos Menem y se fueron agravando hasta llegar a la situación actual.

Las denuncias

"Lamentablemente tenemos que anunciar que la situación no solamente confirma las sospechas sino que es mucho peor, y agrava la situación, porque los problemas no tienen que ver con cómo se realizó la última liquidación sino que hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias", denunció Abal Medina, quien advirtió sobre la existencia de una “industria del juicio” surgida a partir de las medidas cautelares otorgadas por jueces que permitían a los efectivos cobrar sumas superiores a los que no las habían iniciado.

"Esta situación fue resultado de una connivencia entre estudios de abogados y algunos juzgados puntuales que a través de medidas cautelares de dudosa naturaleza beneficiaron a ciertos efectivos otorgándoles salarios muy altos", agregó.

Y puntualizó que "las cautelares eran tomadas por jueces de familia, claramente incompetentes, que dictaban la medida, la notificaban y luego se declaraban incompetentes. Al revisar estos datos, creemos que hay cautelares que iban por autopista y el levantamiento de las mismas iban por caminos de tierra", subrayó el jefe de Gabinete que inclusó apuntó con nombre y apelllido a la jueza Federal de Río gallegos, Ana Cecilia Alvarez.

Así, para el gobierno este “desquicio administrativo” generaba una enorme disparidad dependiendo de si el personal gozaba de una medida cautelar que lo respaldara, y que en algunos casos llegó a que “el que cumplía órdenes cobraba mas que el que las daba”. En ese sentido, Abal Medina señaló que el 100% de los salarios de las cúpulas están "judicializados" y que "el 70% del personal de Gendarmería y el 60% de Prefectura tenían sus haberes judicializados".

Consultado acerca de si ya se habían tomado cartas en el asunto, Lorenzino confirmó que la cartera de Seguridad presentó una "denuncia penal". En concreto, la demanda fue iniciada por la Secretaría de Cooperación con el poder Judicial de esa cartera y recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La demanda que apunta a un grupo d egendarmes, prefectos y jueces, incluye una lista de 6 mil casos detectados en una reciente auditoría.