Hacía tiempo que un ministro no se expresaba tan sincera y crudamente acerca de la administración que lo representa. El informe financiero que YPF presentó anteayer en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), firmado por el actual interventor en la empresa y jefe de la cartera de Planificación, Julio De Vido, es una radiografía petrolera tan exhaustiva que, por momentos, parece caer en la autocrítica, según publicó el diario La Nación.

El texto, obligación que tiene toda compañía cotizante en Wall Street para con los inversores si no quiere exponerse a juicios de accionistas o a ser deslistada de la Bolsa, describe la situación energética y adelanta, por ejemplo, que será difícil pensar en futuros aumentos de precios o trasladar al consumidor los costos de producción o internacionales. Y reconoce, además, aspectos negados otras veces por la Casa Rosada: la existencia de "interrupciones" del suministro de gas para privilegiar el consumo doméstico a bajas tarifas; que algunas medidas del Gobierno, como la rescisión de algunas concesiones, "han afectado adversamente nuestras operaciones", y, lo más llamativo, que las "crecientes tasas de inflación en la Argentina" podrían incrementar los costos de operación.

LA NACION intentó ayer consultar a quien firma el informe. Luego de llamadas y mensajes, en el Ministerio de Planificación pidieron que se les adelantaran los temas por mensaje de texto. Se les consignó entonces la imposibilidad de plasmar por esa vía asuntos expuestos en casi 300 páginas y se insistió en la necesidad de hablar por teléfono. No hubo respuesta.

Sin embargo, trascendió que los principales contenidos del informe habían sido redactados por la anterior administración privada de la empresa, aunque la actual conducción estatal, luego de "revisar" el documento, le agregó todo lo referente a la regulación bursátil que se estaría incumpliendo ahora.

Uno de los apartados más llamativo del documento es el titulado "Factores de riesgo". La empresa dice allí: "Nuestras operaciones están sujetas a una amplia regulación", y agrega que "la industria del petróleo y del gas está sujeta a la regulación y el control del Gobierno. Como resultado, nuestro negocio depende en extremo de las condiciones regulatorias y políticas de la Argentina, y los resultados de las operaciones pueden resultar adversamente afectados por cambios políticos y regulatorios en la Argentina".

Enumera entonces seis puntos como factores de riesgo. El primero: "Limitaciones en nuestra habilidad para trasladar impuestos domésticos más altos, incrementos en los costos de producción o incrementos en los precios internacionales del petróleo y otros hidrocarburos y fluctuaciones del tipo de cambio a los precios domésticos, o incrementar los precios locales del gas natural".

Después se adentra en los días de faltante de gas. "Como resultado de los cambios antes mencionados, por ejemplo, en los días durante los cuales se produce escasez de gas, las exportaciones de gas natural [...] y la provisión de los suministros de gas a las industrias, plantas de generación de electricidad y estaciones de servicio que venden gas natural comprimido se interrumpen por la prioridad que debe darse a los consumidores residenciales a precios más bajos."

Párrafos más abajo, el informe parece referirse específicamente a quien lo firma, el propio De Vido: "Durante 2012, las autoridades de la Argentina han adoptado una serie de medidas que han afectado adversamente nuestras operaciones, incluyendo la revocación de algunas de nuestras concesiones".

Había advertido antes sobre un tema controvertido: "Crecientes tasas de inflación en la Argentina podrían incrementar nuestros costos de operación, en particular costos laborales, y pueden impactar negativamente en nuestros resultados de operaciones y condiciones financieras".