El debate por el traspaso de subtes y micros a la Capital Federal provocó un cruce entre el Gobierno y el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el miembro del máximo tribunal de mejor llegada a la Casa Rosada.

“El conflicto entre el gobierno nacional y una entidad federada es cuestión que hace a la competencia de la Corte", señaló ni bien Cristina Kirchner remitió el proyecto al Congreso.

La presidenta pareció sentir el golpe de sus declaraciones y los legisladores de mejor llegada a su círculo íntimo tuvieron la misión de cruzar al juez.

El primero que lo hizo fue Miguel Pichetto, jefe del bloque kirchnerista de senadores. Durante el debate en comisión se refirió a “un juez que a veces se apura” en sus declaraciones para luego defender el proyecto.

Pero no se quedó ahí: “Algunas leyes aprobadas por amplias mayorías no se pueden aplicar por intervención de la justicia”, recordó, en clara referencia a la ley de medios, trabada por acciones de distintos jueces federales.

En la sesión de hoy, Diana Conti, miembro informante del texto para pasar micros y subtes a la Ciudad, usó su tiempo en replicar a Zaffaroni.

Habló de “un ministro de la Corte Suprema" que dijo que este tema “iba a terminar en la Corte” y refutó esa tesis. “La Ciudad de Buenos Aires no tiene la situación histórica de nuestras provincias, que fueron preconstituyentes de la Nación. Va a tener su autonomía porque la Nación se la va a otorgar”, aclaró.

“El artículo 75 de la Constitución que habla de la coparticipación no se trata de una cuestión de competencias sino de devolverle a la Ciudad lo que le pertenece”, continuó.

“No es una transferencia de competencias o servicios con recursos como fue la transferencia de escuelas, es devolverle a la Ciudad servicios que históricamente siempre tuvo. El proyecto es puramente constitucional porque la competencia sobre el transporte interno dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde a la Ciudad”, diferenció.

Atendiendo el reclamo que hizo suyo Pichetto, Conti anunció esta semana que presentará un proyecto de ley para restringir el dictado de medidas cautelares contra el Estado. Con modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación, propone que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el magistrado debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados.

Sería una forma de frenar los planteos judiciales de opositores ante tribunales afines. Y de seguir marcándole el terreno a Zaffarfoni, quien ya no es la figura de la Corte en las presentaciones oficiales: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue el encargado de anunciar las promocionadas modificaciones al Código Civil.